La imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por la Audiencia Nacional ha abierto una grieta profunda en el sistema político ibérico.

No solo por la gravedad de los delitos que se le atribuyen —tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental—, sino porque se expone una laguna legal largamente ignorada sobre qué pueden hacer los expresidentes tras dejar el poder y, al mismo tiempo, golpea directamente al gobierno de Pedro Sánchez, colocando a su coalición ante un dilema de estabilidad y supervivencia políticas.

El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero en el centro de una presunta trama que habría influido en decisiones del Estado para el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de comisiones canalizadas a través de sociedades vinculadas a su entorno.

La causa tiene una dimensión internacional que nace de investigaciones en Francia y Suiza sobre blanqueo de capitales vinculados a Venezuela y se apoya en información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, quien lleva más de un año investigándolo y quizá se la tenía jurada a los socialistas españoles.

La intervención de EU marcó un punto de inflexión y dio sustento probatorio a la causa en España. En 2021, agentes estadounidenses clonaron el teléfono de un accionista de la aerolínea en Miami, extrayendo información que aludía a Zapatero como intermediario directo para desbloquear fondos públicos e incluso discutían pagos irregulares.

España mantiene un modelo institucional que otorga a sus expresidentes recursos públicos, visibilidad y estatus internacional, sin establecer límites claros sobre su actividad privada posterior. Esto ha permitido que la influencia acumulada en el poder se convierta en un activo en los mercados globales de consultoría, lobby e intermediación política.

Felipe González tejió durante años una relación estratégica con el empresario mexicano Carlos Slim, actuando como asesor en su expansión internacional dentro de estructuras empresariales reconocibles.

José María Aznar encarnó el modelo de lobby corporativo anglosajón, asesorando lo mismo a News Corp de Rupert Murdoch, a la energética Endesa o al gigante minero Barrick Gold. También ejerció una intensa actividad de lobby directo a favor de Philip Morris International (PMI) para frenar marcos legislativos antitabaco en Chile y Perú.

La diferencia radica en la forma y en el terreno de actuación. Mientras González y Aznar operaron dentro de marcos mercantiles regulados y de manera abierta, el modelo atribuido a Zapatero es opaco e irregular. Además —y aquí está la clave—, afectó intereses políticos al situarse en la intermediación política directa con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Su interlocución contribuyó a la liberación de presos políticos y a la apertura del régimen a través de procesos de negociación complejos que ahora resultan sospechosos. La frontera entre mediación política y negocio privado se convierte en el núcleo del problema.

El impacto se amplifica porque Zapatero no es un expresidente retirado. Ha sido un activo político para el gobierno de Pedro Sánchez y una voz influyente en debates internacionales, incluidas sus críticas a la actuación de Israel en Gaza.

Su figura, además, conserva un peso simbólico singular al ser el presidente que validó el final de ETA de manera pacífica y que impulsó las primeras leyes en España de igualdad de género y matrimonio igualitario.

El golpe resuena con especial intensidad en las izquierdas. Dentro del PSOE, la imputación ha sido descrita como un impacto “en el corazón” del proyecto político, en un contexto de desgaste acumulado por múltiples frentes judiciales.

Sánchez cerró filas en su defensa y mantiene la legislatura en pie, apoyado por sus socios, quienes fijan como línea roja la existencia —no probada hasta ahora— de financiación ilegal en el partido. La comparecencia de Zapatero ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio permitirá calibrar el peligro para la coalición gobernante.

El Partido Popular ha optado por una estrategia de desgaste prolongado. Más que precipitar una caída inmediata del gobierno, apuesta por dejar que la erosión avance hasta las elecciones de 2027, en la expectativa de una victoria amplia que reconfigure el equilibrio institucional y anticipa un ya casi inevitable cambio de ciclo político.

Zapatero no necesariamente hizo algo radicalmente distinto a otros expresidentes; operó en espacios similares de influencia, pero afectando intereses y tocando las partes más sensibles en un tablero donde confluyen Venezuela, Estados Unidos, Israel y otros actores globales. Pronto sabremos si el costo hará morder el polvo al gobierno de Sánchez.

Lecturas sugeridas: “Puertas giratorias de los altos cargos del Estado y delitos de tráfico de influencias” de Dulce Santana (Tirant lo Blanch) y “No voy a traicionar a Borges” de José Luis Rodríguez Zapatero (Huso).

Gracias, LGCH.