Los partidos políticos no viven su mejor momento, y tal vez por ello tampoco la democracia, pero hasta nuevo aviso son la mejor forma de organización ciudadana para participar en la vida pública, para expresar su sentir, exponer sus problemas y que sean plataformas para que sus representantes lleguen a instancias en las que se toman decisiones sobre lo público, los espacios que tenemos en común.

Cuando el sistema de partidos se debilita, quien pierde es la democracia, los mismos gobernantes y la sociedad toda, ya que los vehículos efectivos para que las demandas legítimas sean visibilizadas y atendidas se silencian, el poder se centraliza y el sistema político se vuelve un espejo.

Lo entendieron, tras muchos descalabros, los priistas en los años 70. Recordemos el discurso de Jesús Reyes Heroles en 1977 cuando anuncia una reforma electoral para abrir el sistema político, ya que la hegemonía priista había pasado de la inclusión a la represión como condición para gobernar el país; se había roto la credibilidad y la legitimidad.

La supresión de voces opositoras es la evidencia del fracaso de la política; cuando el sistema excluye, y por lo mismo las mayorías no están representadas, la institucionalidad se desvanece y los días están contados.

Existe una muy clara paradoja a la que se enfrentan los partidos políticos. Cuando luchan para ser reconocidos formalmente, buscan abrir el sistema y facilitar ese reconocimiento, y cuando lo logran, lo cierran. La historia mexicana es un claro ejemplo.

Antes, la posibilidad de registro de nuevas fuerzas políticas sucedía cada tres años; hoy es cada seis. Hasta hace poco, mantener el registro tenía como condición obtener el 2% de la votación en una elección; hoy la frontera es del 3%. Y así podemos continuar con las condicionantes que se han construido para subir las barreras de entrada al “mercado político”.

Por el bien de la democracia y en defensa de nosotros mismos, si lo que queremos es una salida civilizada para nuestro futuro, habrá que abrir el sistema de partidos para que sea la ciudadanía quien, con su voto, otorgue el registro.

Y que cuando se detecte intromisión del crimen organizado en la política, sea implacable el retiro del mismo a quien le haya abierto la puerta. También es momento de dejar atrás la rémora, envuelta en un discurso nacionalista, de la “injerencia extranjera”, hoy pretexto perfecto para descalificar desde el poder a los opositores. Es momento de creer en la sociedad, no de pensar por ella.

Hoy acudimos a un episodio que ocurre cada seis años, al registro de nuevos partidos, oportunidad no sólo para quienes estamos impulsando una nueva alternativa, sino para la sociedad toda, si de lo que se trata es de enriquecer nuestra democracia, defender nuestros derechos y ampliar las fronteras de la participación.

Los datos al respecto son por demás preocupantes. El abstencionismo crece y esto refleja el escepticismo de una sociedad dados los malos resultados, digámoslo con todas sus letras, de muchos gobiernos que llegaron por la vía democrática y que no estuvieron a la altura de la confianza que la ciudadanía depositó en ellos, cuestión que se agrava ahora con Morena, que está derruyendo las vías por las cuales accedió al poder público para perpetuarse, cerrando las puertas a voces disidentes que representan cada día a más amplios sectores sociales.

Lo que está en juego es el futuro de nuestra democracia, el que pasa por enriquecer el sistema de partidos para restablecer la competencia política y el equilibrio de poderes.

El 25 de este mes el Instituto Nacional Electoral debe pronunciarse sobre cuáles organizaciones que llegamos al final de este complejo proceso de registro cumplimos con las condiciones marcadas en la ley, para que a partir del 1 de julio tengamos el registro, la patente como nueva fuerza política nacional y poder participar en los procesos electorales.

No veo ninguna razón técnico-legal que se pudiera aducir para negarnos ese derecho.

Sin duda, mucho tendrá que ver en esa decisión el Tribunal Electoral (TEPJF), que resuelve en última instancia y de manera definitiva. Su intervención depende de impugnaciones que podrían interponerse y que seguramente se presentarán, particularmente, por conducto de Morena, quien a lo largo de este intrincado proceso no ha cejado en su intento de obstaculizar nuestro registro.

Llama la atención que ya en tres ocasiones la Sala Superior del TEPJF ha retirado del orden del día dos proyectos que confirmarían criterios del INE y del propio Tribunal sobre el registro de afiliados, y que validarían el derecho de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que han apoyado la iniciativa de SOMOS MÉXICO afiliándose y acudiendo a asambleas; esperemos que esto no sea un mal presagio.

Confiamos en que en esta ocasión no se impongan razones extratécnicas, extralegales, que no priven cálculos políticos para negar el justo derecho de la ciudadanía a organizarse. Se trata de un derecho, no una dádiva, derecho que haremos valer.

Esperemos que sea en las urnas y no impidiéndonos arbitrariamente el paso, en donde SOMOS MÉXICO refrende su respaldo social que hoy crece con la integración de comités municipales y estatales. Estaremos vigilantes del proceder técnico y legal del INE y del TEPJF; queremos seguir creyendo en la institucionalidad democrática y en la legalidad.