En democracia, el político se debe al ciudadano. Esa es la columna vertebral del contrato social: quien gobierna lo hace en nombre del pueblo, no en nombre de quien intimida y mata al pueblo. Cuando esa premisa se quiebra, el Estado entra en una zona oscura donde la frontera entre el gobierno y el crimen se diluye hasta desaparecer. México, lamentablemente, hemos cruzado esa frontera, y la responsabilidad tiene nombre, todos lo sabemos.
Lo que comenzó haciéndose evidente con el expresidente López Obrador haciendo un saludo fraternal a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, continuó con la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán y se elevó a doctrina con el “abrazos, no balazos”, hoy alcanza su expresión más descarada en el blindaje político a Rubén Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa, señalado por la propia defensa de Ismael “El Mayo” Zambada como pieza relevante en los hechos que detonaron la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, ha sido protegido por Palacio Nacional con un cinismo que ya no admite eufemismos. Mientras Culiacán arde, mientras se cuentan los muertos por decenas cada semana y mientras familias enteras huyen de sus colonias, el oficialismo cierra filas alrededor del mandatario en lugar de exigirle cuentas. Esa defensa cerrada ya no es lealtad partidista: es encubrimiento.
Un partido que se debe al narco jamás lo combatirá con seriedad, porque hacerlo equivale a traicionar a sus socios y, peor aún, a exhibirse. Por eso observamos un gabinete de seguridad dedicado a maquillar cifras, una Fiscalía cómoda con la impunidad, gobernadores intocables y una narrativa oficial que culpa al pasado, al neoliberalismo o al “conservadurismo” de cada masacre, fosa y desplazamiento en Sinaloa, Michoacán, Guerrero o Chiapas.
Calderón pensaba que podía vencer al crimen organizado si los atacaba frontalmente, mostrando el músculo del Estado. Aparentemente, López Obrador pensó que la solución era aliarse con los Cárteles, pero lo que realmente logró fue que su movimiento, profundamente ideológizado, pactara con un crimen organizado altamente pragmático, que vió en ese adoctrinamiento partidista y sus dogmáticos seguidores, al escudo ideal para cometer todas sus fechorías sin que nadie siquiera los cuestione. Esta decisión nos ha traído al absurdo extremo que vemos hoy donde el gobierno federal persigue a la gobernadora Maru Campos por tratar de combatir al crimen y protege a Rocha Moya ante las acusaciones de ser narco.
Los intereses del cártel y los del ciudadano son irreconciliables. El cártel necesita territorios sin Estado; el ciudadano necesita Estado de derecho. El cártel prospera con la corrupción; el ciudadano prospera con instituciones. El cártel exige silencio; el ciudadano exige voz. No hay punto medio, no hay matiz, no hay “otros datos” que reconcilien a quien cobra piso con quien lo paga, a quien levanta a la hija con quien la entierra. Jamás habrá entendimiento entre un narco estado y la ciudadanía, solo habrá subordinación y destrucción de las libertades mínimas.
Lamentablemente, la única presión real sobre el nuestros gobernantes no proviene de nuestras instituciones, ni de la oposición, sino de un gobierno extranjero. Es increíble que sea la administración de Donald Trump con su designación de cárteles como organizaciones terroristas y sus constantes amenazas al gobierno mexicano, lo que está forzando a que nuestros políticos hagan su trabajo.
Por supuesto, la apuesta de Palenque y de Palacio Nacional es clara: aguantar, dilatar, ganar tiempo hasta las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre, confiando en que el Congreso cambie de manos y el poder de Trump quede mermado para los dos años finales de su mandato. Es una jugada temeraria, porque el presidente estadounidense corre contra exactamente el mismo reloj y, en consecuencia, tiene urgencia de mostrar resultados antes de los comicios. Cada semana que pasa sin acción de México le da a Trump munición política para escalar. La paradoja es brutal: México quedó atrapado entre un gobierno propio que protege al narco y un gobierno ajeno que lo combate.
Pero ¿y qué sigue?
La única salida es hacer pagar política y judicialmente a todo el aparato gubernamental que implementó y vive de la corrupción de esta inaceptable alianza, empezando por Rocha Moya y llegando hasta donde sea necesario. Mientras los gobernantes sigan protegiendo a los criminales, México seguirá enterrando a sus hijos y dependiendo de Washington para decidir su propia política de seguridad.
En otras latitudes digitales…
Desde esta columna nos sumamos al reconocimiento a los periodístas que se han estado jugando la vida durante los últimos años, especialmente a los sinaloenses.