Pocas cosas desnudan tanto la realidad de un discurso político como un apagón inoportuno. El reciente episodio en Mexicali, donde la gobernadora de Baja California se quedó a oscuras justo en el instante en que negaba ante los medios la existencia de fallas eléctricas, es una metáfora perfecta de la desconexión gubernamental que prevalece hoy en el mundo político del México de nuestros días.
Este fenómeno de desabasto, que ya está presente en todo el territorio nacional pero que se agudiza en regiones extremas como las penínsulas de Yucatán y Baja California, ha dejado de ser una simple molestia técnica para convertirse en un polvorín social y un desafío crítico de gobernanza.
El descontento ciudadano va en aumento y ya muestra destellos de preocupante violencia contra empleados operativos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, el problema de fondo no se limita a los cables de alta tensión; corre también de manera subterránea a través de las tuberías. El agua, recurso vital e insustituible, padece exactamente el mismo mal crónico, con redes de distribución obsoletas, falta de mantenimiento estructural, fugas masivas y una preocupante incapacidad financiera para sostener la creciente demanda de una población en expansión y cada vez más exigente de sus derechos.
Existe un vínculo umbilical entre ambos servicios. Extraer, distribuir y, posteriormente, sanear el agua requiere de una enorme cantidad de energía eléctrica. Cuando los costos de la luz se disparan o el sistema eléctrico colapsa, las bombas de agua se detienen, provocando una doble crisis simultánea. Los organismos operadores de agua operan bajo números rojos debido a tarifas que no reflejan los costos reales de operación ni el posterior tratamiento de aguas residuales, un rubro indispensable para el cuidado del medio ambiente que suele dejarse en el olvido.
Invariablemente, la ciudadanía ha amortiguado las ineficiencias del proveedor único de energía y de los organismos operadores de agua con paciencia, pero la situación actual se está volviendo insostenible. La energía y el agua potable han dejado de evaluarse como simples indicadores de infraestructura; hoy son los pilares de la paz social y la estabilidad económica. Quien no garantice electricidad para encender cuando menos un ventilador cuando estamos a cuarenta grados Celsius, o agua para satisfacer las necesidades más básicas, no podrá sostener la legitimidad de su mandato.
Falta poco para los comicios intermedios de 2027 en México, y la narrativa electoral no se definirá en los templetes, sino en los servicios públicos. El votante mexicano llegará a las urnas con una muy sensible memoria térmica e hídrica. La incapacidad para resolver estas crisis de raíz, transitando hacia la descentralización energética con fuentes renovables y modernizando la gestión del agua con tecnología y sustentabilidad, pasará una factura política altísima.
Los partidos y gobernantes actuales deben entender que construir el futuro de México ya no es un asunto de promesas ideológicas, sino de asegurar los recursos más elementales. Si los servicios básicos colapsan, los fusibles de la gobernanza simplemente se van a fundir debido a un letal cortocircuito social, que tiene el poder de definir una elección.