Presidente de FECOMEX.

En México, el comerciante enfrenta hoy un entorno marcado por tres factores que definen su supervivencia: la inflación que erosiona márgenes y poder adquisitivo, el acceso limitado a financiamiento que frena la inversión productiva, y la revisión del T‑MEC que puede redefinir las reglas de origen y las condiciones de exportación. A estos retos se suma un cuarto elemento que no puede seguir ignorándose: la tramitología excesiva que encarece, ralentiza y desincentiva la actividad empresarial.

La inflación ha golpeado con fuerza a las familias y a los negocios. Los precios de alimentos y energía han encarecido la operación diaria y reducido la capacidad de consumo. En este escenario, trasladar toda la presión al consumidor no es sostenible. Se requieren estrategias de eficiencia, acompañamiento en digitalización y acceso a créditos que permitan a las MiPyMEs invertir en productividad sin perder identidad.

Al mismo tiempo, la revisión del T‑MEC abre un capítulo decisivo. Las reglas de origen, los compromisos en acero y automotriz, y la coordinación comercial con Estados Unidos y Canadá definirán el futuro de nuestras cadenas de suministro. Si las cámaras empresariales no participan con voz firme y técnica, el riesgo es que las decisiones se tomen sin considerar al comerciante que sostiene la economía local.

Pero incluso si se lograra mitigar la inflación y aprovechar las oportunidades del tratado, el comerciante mexicano seguiría enfrentando un obstáculo cotidiano: la tramitología. Abrir un negocio, registrar una marca, cumplir con requisitos fiscales o sanitarios, obtener permisos municipales o licencias de operación implica un laberinto burocrático que consume tiempo y recursos. En muchos casos, los trámites duplicados entre dependencias federales, estatales y municipales generan costos adicionales y retrasos que afectan directamente la competitividad.

La representación empresarial debe ser sobria y transparente. No se trata de revistas institucionales que funcionan como álbumes fotográficos ni de discursos que buscan protagonismo personal. Se trata de acompañar al comerciante en los problemas reales: cómo mantener márgenes en un entorno inflacionario, cómo acceder a financiamiento en condiciones justas, cómo participar en negociaciones internacionales que impactan directamente en su negocio y cómo enfrentar una burocracia que parece diseñada para complicar más que para facilitar.

La inflación, por ejemplo, no es solo un indicador macroeconómico. Es el aumento del costo de la harina para el panadero, del gas para el restaurantero, de la electricidad para el comerciante de barrio. Es la diferencia entre sostener un negocio o cerrarlo. Por eso, la agenda empresarial debe incluir propuestas concretas para mitigar sus efectos: programas de eficiencia energética, acceso a créditos blandos, acompañamiento en la adopción de tecnologías que reduzcan costos operativos.

El financiamiento es otro tema crítico. Las MiPyMEs siguen enfrentando barreras para acceder a créditos en condiciones justas. La preferencia por el autofinanciamiento refleja desconfianza hacia las instituciones y altos costos del crédito. Aquí, la representación empresarial debe ser clara: exigir políticas públicas que faciliten el acceso al financiamiento y promover esquemas de acompañamiento que permitan a los comerciantes invertir en crecimiento sin comprometer su estabilidad.

La tramitología, por su parte, es un lastre que se traduce en pérdida de competitividad. Cada hora que un comerciante dedica a cumplir requisitos redundantes es una hora menos para innovar, vender o atender a sus clientes. Cada peso invertido en trámites innecesarios es un peso que no se destina a mejorar procesos o contratar personal. La simplificación administrativa no es un lujo, es una necesidad urgente para liberar el potencial productivo del país.

Finalmente, la revisión del T‑MEC es una oportunidad y un riesgo. Oportunidad porque puede fortalecer la integración regional y abrir nuevos mercados. Riesgo porque, si no se defienden los intereses del comerciante mexicano, las reglas podrían favorecer a grandes corporaciones en detrimento de las MiPyMEs. La voz empresarial debe estar presente en estas negociaciones, con propuestas técnicas que aseguren que la producción nacional se fortalezca y que los beneficios del tratado lleguen también a los pequeños y medianos empresarios.

La diferencia es clara: mientras algunos organismos privilegian la exposición mediática, el verdadero liderazgo empresarial se mide en la capacidad de traducir los retos macroeconómicos en soluciones tangibles para el comerciante. Hoy más que nunca, emprendedores y comerciantes necesitan una representación que los respalde en los hechos, no en los discursos.

El país no se construye con protagonismos, sino con resultados. Defender al comerciante frente a la inflación, garantizar acceso real a financiamiento, simplificar la tramitología y participar activamente en la renegociación del T‑MEC son las tareas que deben guiar la agenda pública empresarial. Esa es la ruta para que México fortalezca su competitividad y asegure que el comercio siga siendo motor de empleo, innovación y desarrollo.