La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles que el Gobierno de México logró recuperar activos vinculados a la red de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como parte de los litigios civiles emprendidos en cortes de Florida, Estados Unidos.
“La resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano, derivado de su participación en operaciones vinculadas con dicho esquema de corrupción”, explicó Hacienda en un comunicado.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la recuperación se suma a las sentencias anteriores contra García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, de mayo de 2025, que fue por un monto de 2,448 millones de dólares.
“Con ello, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3,067 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación patrimonial relevante”, añadió Hacienda en el comunicado.
La dependencia federal sostuvo que los recursos recuperados fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, mientras continúan las acciones legales para reclamar montos mayores vinculados al presunto esquema de desvío de recursos públicos operado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El caso García Luna se ha convertido en uno de los expedientes de corrupción y lavado de dinero más relevantes para el Estado mexicano, debido al volumen de recursos presuntamente desviados mediante contratos públicos y empresas fachada.
¿Qué ha pasado con la condena de Genaro García Luna?
En diciembre de 2025, los abogados de Genaro García Luna apelaron la condena de 38 años de prisión que cumple en Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa, al argumentar presuntas violaciones al debido proceso durante el juicio celebrado en Nueva York.
La defensa presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito un recurso de 78 páginas en el que solicita anular la sentencia o, en su caso, ordenar un nuevo juicio. Entre sus principales argumentos sostiene que el juez federal Brian Cogan “abusó” de su discreción al negar una audiencia para revisar el caso.
Los abogados señalaron además que el proceso estuvo “irremediablemente contaminado”, pues —afirman— se permitió el testimonio de declarantes sin credibilidad y se restringió el acceso a evidencia clasificada presuntamente favorable para García Luna.
La defensa también cuestionó la valoración de las pruebas y la inclusión de elementos no relacionados con los delitos imputados, como fotografías de propiedades del exfuncionario. García Luna, declarado culpable en 2023, permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.