El gobierno de Claudia Sheinbaum publicó el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, formalizando como política pública su estrategia para fortalecer la regulación, la infraestructura, el saneamiento, la adaptación climática y el acceso al agua potable.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el programa incorpora objetivos, estrategias, indicadores y líneas de acción obligatorias para las dependencias federales, a diferencia del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero que nunca fue formalizado en el DOF.
¿De qué va el plan nacional de agua de Sheinbaum?
El documento reconoce un escenario de creciente estrés hídrico en el país: 104 de las 757 cuencas presentan problemas de disponibilidad, 286 acuíferos ya no cuentan con agua disponible y regiones como el Valle de México registran niveles de presión hírica superiores al 128 por ciento.
El programa 2026-2030 está estructurado en torno a cinco objetivos principales: fortalecer la gobernanza del agua; garantizar el acceso progresivo al agua y al saneamiento; aumentar la eficiencia en los usos agrícola, industrial y de servicios; proteger cuencas y acuíferos; y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.
El cambio más visible está en las concesiones. Lo que en 2024 era una promesa de ordenar permisos, reformar la Ley de Aguas Nacionales, regularizar concesiones vencidas y crear una plataforma denominada “Agua para el Bienestar”, en 2026 se convierte en acciones específicas: revisar permisos, corregir irregularidades, reincorporar volúmenes no utilizados, reducir rezagos y sustituir el REPDA por el nuevo REPNA.
México enfrenta ‘muchas crisis simultáneas’ en el tema del agua
Durante el Foro del Agua México 2026, organizado tras la publicación del programa, Jorge Arriaga, director del Centro de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la Unesco, señaló que México enfrenta “muchas crisis simultáneas” relacionadas con la disponibilidad, calidad y gobernanza del agua, y subrayó que el nuevo programa reconoce explícitamente problemas de corrupción y debilidad institucional en la administración de concesiones.
Arriaga también destacó que el programa debe analizarse junto con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, ya que la resiliencia hídrica “no puede decretarse”, sino que requiere financiamiento, reglas claras, datos confiables y participación social.
Uno de los cambios más significativos del programa es el endurecimiento del enfoque regulatorio sobre las concesiones.
El documento propone fortalecer la supervisión de permisos, corregir irregularidades históricas y combatir la compraventa de derechos de agua entre particulares, práctica que el gobierno atribuye a fallas del modelo implementado desde la reforma de 1992.
Plan de Sheinbaum busca priorizar el derecho humano al agua
Valeria Bustamante, socia de Pontones & Ledesma, afirmó durante el panel que el nuevo marco representa “una ruptura histórica” con el modelo anterior, al eliminar las transferencias de derechos y quitarle al agua el carácter de mercancía.
Según la especialista, el objetivo es evitar la especulación con los volúmenes concesionados y priorizar el derecho humano al agua sobre otros usos.
Bustamante añadió que uno de los principales retos será la implementación efectiva de la regulación, incluida la recuperación de volúmenes no utilizados, una mayor transparencia y la actualización de la información sobre disponibilidad hídrica.
También advirtió que persiste incertidumbre jurídica para nuevos proyectos industriales debido a la falta de datos actualizados y reglas secundarias claras.