Poco antes de terminar el siglo pasado (en 1999), en el Colegio Nacional de Economistas se planteó un proyecto sobre el sistema impositivo mexicano y la viabilidad de nuevos gravámenes para el desarrollo del país; me refiero a la “Propuesta de una Reforma Tributaria”.

Esta iniciativa reunió a analistas y expertos en finanzas públicas en la que participamos, entre otros, la maestra Ifigenia Martínez, Horacio Sobarzo, Fausto Hernández Trillo y Dionisio Meade.

Vale la pena mencionar la inquietud que teníamos sobre la naturaleza de los impuestos indirectos; desde entonces quedó claro que el tema central que definiría el ritmo de la política económica para los próximos años era el fiscal o hacendario.

Estaba claro que tanto los impuestos directos como los indirectos, así como el fortalecimiento de la coordinación fiscal, eran fundamentales para la política hacendaria del país.

Ya se observaba que tanto el gasto como el ingreso en México eran de los más bajos del mundo. Era evidente que la recaudación tributaria, incluso con la suma de los ingresos no tributarios, no había podido dar suficiencia al gasto público. Además, existían muchas limitaciones en materia de infraestructura, gasto educativo y salud, entre otros temas.

Esto sigue pendiente porque, en los procesos de transición, la reforma hacendaria en su vertiente tributaria tiene una función rectora fundamental. Las finanzas públicas son el principal instrumento para que los gobiernos en todo el mundo influyan sobre la utilidad económica y definan su estilo de desarrollo. Además, apoyan a los productores nacionales para reducir los niveles de pobreza y desigualdad.

El ámbito de las finanzas públicas abarca el ingreso y el gasto: por el lado del ingreso, los impuestos son el mejor instrumento para financiar el gasto público y constituyen la principal fuente de ingresos de los gobiernos por encima de los no tributarios, así como los provenientes del endeudamiento externo.

Además de la función recaudatoria, los impuestos cumplen funciones extrafiscales, cada vez más importantes, vinculadas con la inversión, el ahorro, el consumo, el desarrollo regional, una mejor distribución del ingreso, etcétera.

En un país federal como el nuestro, los impuestos los recaudan los tres órdenes de gobierno, con una división de competencias y responsabilidades de gasto que ha evolucionado gracias al sistema nacional de coordinación fiscal.

Al igual que en la mayoría de los países federales, el gobierno central es el más eficiente en la recaudación de impuestos. Esto se debe a su control sobre las obligaciones de los contribuyentes y a su función de compensar fiscalmente a los estados mediante participaciones, así como de apoyar a aquellos con menores posibilidades de tener una recaudación más significativa.

Sin embargo, durante muchos años la recaudación tributaria fue insuficiente para financiar con oportunidad y holgura el gasto público, como lo demuestra la inevitable evolución de la deuda pública y lo que ha hecho en la agenda de temas pendientes que la reforma fiscal haya ocupado un lugar central.

Ya en ese momento, de acuerdo con The Economist, la relación gasto/PIB para México antes de terminar el siglo anterior era del 24 por ciento, que contrastaba desde entonces con el 47 por ciento promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que resultaba inferior a la de Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia y España, entre otros.

Es interesante el cuestionamiento que Jeremy Rifkin hace en su libro El fin del trabajo, donde señala: La principal desventaja del IVA es su naturaleza regresiva.

Un impuesto sobre los productos vendidos afecta de manera desproporcionada a los grupos de menos poder adquisitivo y de menores ingresos, en especial si se aplica sobre productos básicos, como pueden ser los de alimentación, ropa, vivienda y cuidados médicos, entre otros.

También aplica mayores cargas impositivas sobre los pequeños negocios que son menos capaces de amortizar sus costos.

En suma, la desigualdad fiscal es una “buena tarea” que los especialistas deben continuar analizando en el sistema impositivo mexicano.