La posibilidad de permitir la reelección de magistrados electorales en México no es una simple reforma administrativa ni un ajuste técnico al sistema judicial-electoral. Se trata de una decisión con profundas implicaciones políticas que garantiza el control del oficialismo sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La propuesta que se aprobó en la Cámara de Diputados —y que pasó a la de Senadores— permitiría que algunos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permanezcan hasta 17 años en el cargo. Una auténtica eternización en posiciones que deberían caracterizarse por la imparcialidad, la temporalidad y la independencia.

El tema ha generado enorme inquietud en el ámbito político y entre especialistas en derecho constitucional, no solo por la duración de los cargos, sino por los nombres que resultarían directamente beneficiados: Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera.

Los tres magistrados jugaron un papel decisivo en una de las resoluciones más controvertidas del proceso electoral de 2024: la validación de la sobrerrepresentación legislativa que permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría calificada en el Congreso.

Aunque el oficialismo obtuvo alrededor del 54 por ciento de la votación para la Cámara de Diputados, terminó controlando cerca del 73 por ciento de las curules gracias a la distribución de legisladores plurinominales avalada por el Tribunal Electoral. En el Senado ocurrió algo similar, otorgándole al bloque gobernante una capacidad legislativa muy superior al porcentaje real de votos obtenido en las urnas.

Esa decisión fue clave para que Morena pudiera avanzar en reformas constitucionales estratégicas, particularmente en materia judicial y electoral.

Sin aquella interpretación favorable del Tribunal, el oficialismo habría enfrentado enormes dificultades para construir la mayoría requerida para modificar la Constitución.

Así que la eventual eternización en el cargo de magistrados representa una recompensa política.

El mensaje sería devastador para la credibilidad institucional del Tribunal Electoral: quienes tomaron decisiones favorables al poder reciben como premio la posibilidad de prolongar su permanencia durante casi dos décadas.

La democracia necesita árbitros electorales independientes, no funcionarios cuya permanencia dependa de la cercanía política con el gobierno en turno.

La Sala Superior del Tribunal Electoral es la última instancia encargada de calificar elecciones presidenciales, resolver impugnaciones y garantizar la legalidad de los procesos democráticos. Su autonomía resulta fundamental para preservar la confianza ciudadana en las elecciones.

Permitir que magistrados permanezcan hasta 17 años en el cargo rompe con el principio republicano de renovación institucional y abre la puerta a la captura política de los órganos electorales.

Ninguna democracia sólida puede funcionar adecuadamente cuando los árbitros parecen alineados con uno de los equipos en competencia.

Además, la propuesta llega en un contexto especialmente delicado.

La reforma judicial impulsada por el oficialismo ya generó fuertes críticas por debilitar la autonomía del Poder Judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados. Ahora, la posibilidad de reelegir magistrados electorales profundiza la percepción de que Morena busca consolidar un control a largo plazo sobre las instituciones encargadas de organizar, vigilar y calificar las elecciones.

En otras palabras, el oficialismo no solo busca ganar elecciones; también pretende controlar a quienes las arbitran.

El argumento de quienes defienden la reforma sostiene que la experiencia y continuidad de los magistrados permitiría fortalecer la estabilidad institucional. Pero la experiencia internacional demuestra justamente lo contrario: los periodos excesivamente largos suelen generar redes de influencia política, burocracias cerradas, pérdida de independencia y corrupción.

En democracias consolidadas, los límites temporales existen precisamente para evitar la concentración prolongada de poder.

Legisladores opositores advierten que el verdadero objetivo es blindar jurídicamente al oficialismo rumbo a las elecciones intermedias y, sobre todo, hacia la sucesión presidencial de 2030.

México atraviesa un momento crítico para sus instituciones democráticas; en los hechos, estamos hablando de los golpes de gracia dados por el oficialismo a la democracia mexicana.

Por eso la eventual reelección de magistrados electorales no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de una estrategia más amplia para consolidar el predominio político del oficialismo mediante el control total del Poder Judicial.