Un tribunal federal de apelaciones permitió este martes que el gobierno del presidente Donald Trump reanudara la ejecución de deportaciones rápidas de migrantes indocumentados en todo Estados Unidos, no solo cerca de la frontera.

Un panel dividido de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia anuló el fallo de un tribunal inferior que bloqueó temporalmente el uso ampliado de la expulsión acelerada de migrantes por parte de Trump. La decisión fue una gran victoria para el gobierno republicano, que considera la ampliación de la llamada expulsión acelerada como una herramienta clave para aplicar su política de deportaciones masivas.

Un abogado de los demandantes sostuvo que el fallo “socava el principio fundamental de que las personas reciban el debido proceso cuando el gobierno busca deportarlas”.

“La presión del gobierno de Trump para realizar deportaciones por la vía rápida someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores”, afirmó en un comunicado Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Trump nombró a los dos jueces que integraron la mayoría en la decisión del martes. El tercero fue designado por el expresidente demócrata Barack Obama.

Los demandantes no “demostraron que el proceso de expulsión acelerada niegue a sus miembros notificación y una oportunidad de ser escuchados”, escribió el juez Justin R. Walker, uno de los designados por Trump.

La expulsión acelerada —una deportación rápida sin posibilidad de comparecer ante un juez— se ha aplicado con anterioridad a migrantes que llegan por mar o que son detenidos en la frontera o cerca de ella poco después de cruzar.

En enero, Trump amplió su aplicación a migrantes indocumentados en todo Estados Unidos. Agentes de inmigración comenzaron a capturar rápidamente a migrantes de los tribunales, adonde habían acudido para trámites migratorios, y luego los expulsaban del país en cuestión de días.

La jueza federal de distrito Jia Cobb dictaminó en agosto que los demandantes que impugnaban la ampliación habían presentado una “sólida demostración” de que esta atropellaba los derechos de debido proceso de las personas, y emitió una orden de suspensión que dejó la política en pausa. Cobb fue nombrada para el tribunal federal por el expresidente demócrata Joe Biden.

Muchos migrantes que viven en el interior de Estados Unidos han estado en el país por más de 2 años, lo que los hace no elegibles para la expulsión acelerada según la ley federal. La jueza indicó que el gobierno no había desarrollado procedimientos para garantizar que ellos y otros grupos de migrantes no fueran deportados erróneamente bajo el proceso acelerado.

Los demandantes habían presentado “pruebas sustanciales” de que el proceso de expulsión acelerada, por el contrario, conllevaba un alto riesgo de error cuando se aplicaba de manera más amplia, señaló Cobb. En el fallo se presentan ejemplos de personas que habían vivido en Estados Unidos por mucho más de dos años, pero aun así se ordenó su expulsión en procedimientos acelerados.

El gobierno de Trump apeló, al argumentar en un escrito judicial que su ampliación era legal y que existían protecciones para evitar expulsiones arbitrarias.

El fallo de Cobb fue un “error atroz” que privaba al gobierno de una “herramienta esencial para combatir el aumento sin precedentes de la inmigración ilegal en los últimos años” y para deportar de manera eficiente a una cantidad que podía ascender a millones de personas, sostuvieron abogados del Departamento de Justicia en el escrito de octubre.