Cerca, pero no en Estados Unidos. Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, desmintió la versión de que se entregó a las autoridades del país vecino.
En una breve grabación, Almanza Avilés mostró que permanece en Culiacán, Sinaloa, luego de que medios nacionales y portales informativos difundieron esa versión con base en supuestas fuentes.
“El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación (...) los invito a que digan la verdad porque para eso están”, dijo brevemente en un video difundido por la periodista Michelle Rivera.
El exfuncionario declaró ante medios de comunicación, el día que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), que no tenía motivos para entregarse a las autoridades estadounidenses.
¿Quién es Marco Antonio Almanza, exfuncionario de Rocha Moya señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos?
La carrera como servidor público de Marco Antonio Almanza inició en 2011, cuando fue designado coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales por un periodo de seis años.
Posteriormente, Juan José Ríos Estavillo, entonces fiscal general de Sinaloa, lo nombró encargado de la Policía de Investigación en sustitución de Vladimiro Salazar López.
Más tarde, asumió formalmente la jefatura de la Policía de Investigación de Sinaloa, cargo que ocupó durante cuatro años. Después se jubiló tras cumplir 30 años de servicio.
Respecto a su formación profesional, Almanza Avilés cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho, especialidad relacionada con su trayectoria como agente investigador.
¿De qué acusan a Marco Antonio Almanza?
Durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, periodo en el que Marco Antonio Almanza se desempeñó como jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, el exfuncionario presuntamente mantuvo vínculos con Los Chapitos.
De acuerdo con los señalamientos, recibió hasta 60 mil dólares mensuales para permitir el libre tránsito de vehículos con precursores químicos destinados a la fabricación de fentanilo.
La supuesta protección a esa célula criminal también incluyó la liberación de colaboradores y el uso de instituciones de seguridad para obtener órdenes de aprehensión contra rivales del cártel.
La acusación contra Rocha Moya, Almanza Avilés y otros ocho exfuncionarios contempla cargos que van desde asociación delictuosa para el tráfico de narcóticos hasta asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.
Uno de los exfuncionarios señalados por Estados Unidos es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó el pasado 11 de mayo en territorio estadounidense. Su primera audiencia está programada para el 1 de junio.