En la política no hay coincidencias. Por eso mismo, las revelaciones de una presunta participación de la CIA en operativos en México y la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no deben entenderse únicamente como una provocación o un expediente judicial.

Se trata también de un mensaje político, diplomático y comercial dirigido al gobierno mexicano en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral: el arranque de las negociaciones de revisión del T-MEC el próximo 6 de junio.

Washington decidió golpear donde más duele. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con Los Chapitos y facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa.

El impacto político es enorme y se quedará en la conciencia nacional en la víspera de nuestras elecciones intermedias, pues el dardo le pega directamente a Morena, a un gobernador cercano al obradorismo.

El mensaje no termina ahí. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos vinculados al narcotráfico. Incluso reveló que un juez mexicano habría sido imputado recientemente.

Blanche explicó además que varios narcotraficantes extraditados durante el último año ya colaboran con la justicia estadounidense y podrían aportar información contra funcionarios mexicanos.

Entre quienes negocian con fiscales estadounidenses destacan Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada. La posibilidad de que esos personajes entreguen información sobre redes de protección política mantiene en alerta al gobierno mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió exigiendo pruebas y rechazando cualquier señalamiento sin una evidencia concluyente. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo la infiltración del narcotráfico en estructuras de gobierno, policías, fiscalías y campañas electorales.

Negarlo sería absurdo. El estudio académico Criminal Governance and Political Violence in Mexico, difundido en 2024, documenta cómo organizaciones criminales buscan capturar gobiernos municipales y estructuras políticas mediante financiamiento ilícito, intimidación y asesinatos.

Y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señaló que encubrir a mandatarios aparentemente ligados con el crimen es traición a la patria, no erradicar narcolaboratorios.

El contexto internacional agrava todavía más el escenario. Donald Trump regresa fortalecido tras capitalizar el golpe geopolítico contra Nicolás Maduro en Venezuela y endurecer su discurso hemisférico.

A ello se suma la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que transforma el problema del narcotráfico en un asunto de seguridad nacional para Washington.

Por eso las amenazas de intervención ya no parecen simple retórica electoral. Trump volvió a advertir que, si México “no hace el trabajo”, Estados Unidos lo hará. La declaración ocurre además en medio de revelaciones sobre cooperación entre agencias estadounidenses y autoridades de Chihuahua y un operativo sin pleno conocimiento del gobierno federal.

Ni siquiera las concesiones recientes parecen suficientes. Desde 2025, México ha extraditado a más de 90 criminales de alto perfil, entre ellos Rafael Caro Quintero y Omar Treviño Morales, El Z-40, en un intento por mostrar cooperación con Washington. Pero la presión continúa creciendo.

Las señales estaban ahí desde hacía semanas. Antes de la acusación contra Rocha Moya, el embajador estadounidense Ronald Johnson lanzó en Sinaloa un discurso contra la corrupción y advirtió que la inversión extranjera “huye donde no hay certeza”.

México tiene razón en defender su soberanía. Pero también debe reconocer que el mayor riesgo para esa soberanía no proviene únicamente de Washington, sino de décadas de corrupción y tolerancia que permitieron al narcotráfico infiltrarse profundamente en el aparato del Estado.

SOTTO VOCE

Avanza en Guerrero, entidad que gobierna Evelyn Salgado, la rehabilitación de espacios públicos con el programa “Obras que Transforman”; realiza importantes obras sociales en municipios de la región Norte, específicamente en Apaxtla, Teloloapan, Tetipac y Pilcaya. De los proyectos con un importante avance, se encuentran el boulevard de Apaxtla de Castrejón, el parque municipal de Teloloapan y el mercado municipal de Tetipac.

En Oaxaca, todo está listo para la 94 edición de la Guelaguetza. El gobernador Salomón Jara presentó la cartelera oficial de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”, en el que se realizarán más de 140 actividades culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas para compartir la riqueza de Oaxaca con México y el mundo.