Mientras millones de aficionados siguen las incidencias del Mundial y el gobierno federal apuesta a que la atención pública se concentre en la fiesta futbolera, en Washington y Nueva York se siguen moviendo piezas que podrían modificar de manera profunda la relación política entre México y Estados Unidos.

La aparente calma que hoy se observa en torno al tema de los llamados narcopolíticos podría resultar tan sólo un compás de espera antes de una nueva embestida judicial de las autoridades norteamericanas.

La acusación presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abrió una puerta que difícilmente volverá a cerrarse. No se trata únicamente de un expediente judicial contra un personaje en particular.

Lo que está en marcha es una estrategia más amplia de las agencias estadounidenses para establecer responsabilidades políticas en torno a la protección institucional que durante años permitió el fortalecimiento de las organizaciones criminales.

En los círculos diplomáticos y políticos de ambos países existe la percepción de que el caso Rocha apenas constituye el primer eslabón de una cadena que podría alcanzar a exfuncionarios, operadores políticos y personajes que durante años ocuparon posiciones estratégicas dentro del aparato gubernamental mexicano.

Nadie sabe con certeza hasta dónde llegará la investigación, pero lo que es un hecho es que las pesquisas continuarán “tope donde tope”.

Por ello resulta inevitable que en los corrillos políticos comience a escucharse una frase cada vez con mayor frecuencia: “Todos los caminos conducen a Palenque”.

La expresión puede parecer exagerada, pero refleja la convicción de numerosos observadores de que las investigaciones norteamericanas buscan reconstruir la red de relaciones políticas que operó durante el sexenio anterior.

En ese contexto, cualquier avance judicial que involucre a exgobernadores, exsecretarios o exoperadores territoriales inevitablemente terminará generando preguntas sobre los niveles superiores de decisión política.

Y es precisamente ahí donde se encuentra el verdadero dilema para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por un lado, tiene la obligación de defender la institucionalidad de su gobierno y la soberanía nacional frente a cualquier intento de intervención extranjera. Ningún jefe de Estado podría actuar de otra manera. Pero, por otro, la mandataria ha decidido asumir también la defensa política y moral del proyecto que encabeza su mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Bajo esa lógica pueden entenderse tanto el discurso pronunciado por la mandataria en el Monumento a la Revolución como la carta difundida por López Obrador. Ambos mensajes parecen formar parte de una misma narrativa: cerrar filas frente a una ofensiva que consideran dirigida no sólo contra determinados personajes, sino contra el movimiento político que gobierna al país.

Sin embargo, esa estrategia entraña riesgos evidentes.

La defensa de la soberanía es una obligación constitucional. La defensa de individuos específicos señalados por autoridades extranjeras es una decisión política que puede terminar comprometiendo al propio gobierno. Más aún cuando las investigaciones no parecen haber concluido.

En Washington existe la convicción de que la lucha contra los cárteles no puede limitarse a perseguir sicarios, operadores financieros o líderes criminales. La nueva doctrina impulsada por diversas agencias estadounidenses apunta hacia la identificación de las estructuras políticas que habrían permitido la expansión de las organizaciones criminales. Dicho de otra manera: la mira ya no está solamente sobre los narcotraficantes, sino sobre quienes presuntamente les brindaron protección institucional.

Por ello, la pregunta que comienza a formularse en el ámbito político mexicano resulta tan inquietante como pertinente: ¿veremos durante los próximos meses nuevas acciones judiciales o solicitudes de captura contra personajes relevantes de la vida pública nacional?

Nadie tiene la respuesta.

Lo que sí parece claro es que la administración estadounidense difícilmente frenará una estrategia que ha convertido en prioridad de seguridad nacional. Tampoco parece probable que el tema desaparezca de la agenda bilateral mientras continúen acumulándose testimonios, evidencias y expedientes en los tribunales federales norteamericanos.

La coincidencia temporal con el Mundial añade un componente adicional de incertidumbre. México busca proyectar una imagen de estabilidad, gobernabilidad y capacidad organizativa ante los ojos del planeta. Cualquier noticia relacionada con investigaciones contra figuras políticas relevantes tendría inevitablemente repercusiones mediáticas internacionales.

Por ahora prevalece una extraña calma. Los reflectores apuntan hacia las canchas, los estadios y la fiesta futbolera. Pero detrás de ese escenario festivo continúan desarrollándose procesos políticos y judiciales que podrían alterar significativamente el tablero nacional.

La calma que hoy se observa es engañosa. Mientras México concentra su atención en el Mundial, en Nueva York continúan acumulándose expedientes, testimonios protegidos y líneas de investigación.

La pregunta ya no es si Washington seguirá avanzando sobre la presunta narcopolítica mexicana, sino hasta dónde está dispuesto a llegar y qué costo político tendrá para un gobierno que decidió convertir la defensa de sus aliados en un asunto de Estado.