El adelanto de un libro próximo a publicarse del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, abrió una nueva grieta en la relación bilateral, al revelar que un empresario que tenía el oído del presidente Andrés Manuel López Obrador le confió que estaba muy preocupado al final de su sexenio por lo que pudiera revelar Ismael El Mayo Zambada, el legendario líder del Cártel de Sinaloa, sobre políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado en la corte federal de Brooklyn.
Los avances del libro fueron adelantados por José Díaz Briseño, el veterano corresponsal de Reforma en Washington, quien aclaró que la obra de Salazar llegó exprofeso de la editorial a sus manos. Este es un dato revelador porque sugiere que no solo fue una decisión autorizada por el exembajador, sino que escogió la que consideró la mejor plataforma para su difusión. Con ello, provocó una ola expansiva que puso de cabeza a la ‘4T’.
La pregunta es por qué lo hizo, y la respuesta corta es por miedo. Salazar está curándose las culpas y, eventualmente, librarse de ser visto como cómplice de López Obrador, porque cerró los ojos cuando debía haber prendido las alarmas. No lo hizo por razones que solo él conoce, como el hecho de que, según exfuncionarios del gobierno, López Obrador facilitó negocios a cercanos, estrechando de esa manera, irregular e ilegítima, su relación.
Salazar es un personaje de infame memoria. Político sazonado en Colorado, donde llegó a ser fiscal, fue secretario del Interior del presidente Barack Obama y jefe del equipo de transición de Hillary Clinton, que perdió la Presidencia ante Donald Trump. Joe Biden, con quien trabó buena amistad cuando era vicepresidente de Obama, lo nombró embajador en México. Llegó con su sombrero de vaquero con la idea que llevarla bien con el volátil López Obrador facilitaría las relaciones y la defensa de los intereses de su país. Entregarse abiertamente a sus brazos, sin embargo, le comenzó a costar pronto en su misión.
En diciembre de 2021, meses después de haber asumido el cargo, vinieron sus primeros problemas con el sector empresarial estadounidense, que pidió su destitución por la falta de resultados en la defensa de los intereses nacionales. Para junio de 2022, ya se había socializado en Washington que quizá había ido demasiado lejos en su relación consecuente con López Obrador, y que probablemente ya no estaba defendiendo los intereses de su país, sino los del inquilino de Palacio Nacional.
Salazar fue visitante frecuente en Palacio Nacional, y López Obrador se volvió su principal defensor cuando era criticado. Pero luego se la cobraba. El expresidente llegó a tomar decisiones que lo confrontaron con Biden sin que pareciera en ese entonces, como ahora, que López Obrador había roto la liga de contención con Washington, dejándose llevar por su incontenible furia y su carencia de filtros, por la certeza de que Salazar comía de su mano y tenía resuelta la relación con la Casa Blanca. No estaba equivocado, cuando menos los primeros tres años de su gestión. Salazar era el abogado de López Obrador en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, donde apelaba al apaciguamiento.
En Washington lo llamaban “el embajador de México en el Departamento de Estado”, y en la Ciudad de México se le empezó a ver como poco serio, que se había acercado tanto a López Obrador, que estaba experimentando el síndrome de Estocolmo. Bajo su mirada, López Obrador fue desmantelando la democracia liberal mexicana, atacando libertades e instituciones. Salazar no reportó nada, tolerando a López Obrador su demolición, hasta que levantó la voz en la reforma al Poder Judicial, como se lo exigió el Departamento de Estado, y chocó con el expresidente.
Durante el periodo de Salazar floreció la estrategia de abrazos, no balazos, y tomó tracción el tráfico de fentanilo ilegal de Los Chapitos. Atestiguó el relajamiento en el combate a los cárteles, la cercanía de López Obrador con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, la corrupción de sus hijos y la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación. No se conoce cuáles fueron sus valoraciones, justificaciones o explicaciones sobre lo que sucedió con el crimen organizado, y se requerirá la desclasificación de los cables diplomáticos al Departamento de Estado.
Para entonces, Salazar ya era disfuncional. La mayor señal de desconfianza de su gobierno fue haberlo mantenido en la oscuridad sobre la operación para capturar a El Mayo Zambada, por temor a una filtración a López Obrador. La detención descolocó al expresidente, quien elevó el tono de su retórica con Estados Unidos para exigirle información sobre el operativo. Solo entonces se atisbó el primer distanciamiento, al expresar la paradoja de estar pidiendo detalles de la operación, sin celebrar que se hubiera detenido al jefe del Cártel de Sinaloa. Salazar, como López Obrador, fueron hechos a un lado, colocando al embajador en una situación incómoda. ¿A quién representaba en realidad?
Desde Washington se lo recordaron pronto. En agosto de 2024, Salazar dijo que la elección de jueces y magistrados por voto popular amenazaba la integración económica y el acuerdo comercial norteamericano. Su examigo lo acusó de injerencista y marcó una pausa con él. O sea, lo envió a la congeladora. Salazar buscó conversar con el presidente y le envió notas privadas expresando sus inquietudes, pero López Obrador no le respondió y nunca más volvió a tener contacto con él.
Con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia, se ratificó su pérdida de interlocución. Ella no hablaría con él, sino el canciller. También se le cerró el acceso que previamente había tenido con el gabinete, incluso la ventanilla única que le había dejado López Obrador en la parte final de su gobierno, la del ex fiscal Alejandro Gertz Manero. Salazar estaba convertido en un cartucho quemado, meses antes siquiera de que Trump ganara la elección presidencial.
El embajador se fue al retiro, que aprovechó para escribir el libro Tierras fronterizas, que saldrá pronto a la venta. No puede verse solo como una reflexión con revelaciones explosivas con un insider, como lo era, sino también como la defensa sibilina de quien se equivocó en la forma de tratar a López Obrador y ahora, con la embestida de Trump contra los narcopolíticos, buscaría un control de daños que lo blinde de haber sido cómplice de esa política criminal del obradorismo, en la cual, por omisión, es responsable de sus consecuencias.