Operar dentro de los márgenes de la formalidad económica implica pagar impuestos sobre la renta y otros gravámenes especiales, derechos, cuotas, aranceles. Frecuentemente nos vemos confrontados con la sensación de que pagar impuestos puede sentirse como que le estamos dando nuestro dinero al gobierno, que tiende a ser muy ineficaz.
Sin embargo, el dinero público financia los servicios que ofrecen oportunidades para todos y garantizan prosperidad: la educación –el mayor predictor del ingreso presente y futuro de las personas y de la calidad de vida de los hogares que encabezan (INEGI), así como de la movilidad social (CEEEY)–, la salud –cuyo rezago actual derivó de decisiones administrativas del sexenio pasado por el cambio de Seguro Popular a Insabi y luego a IMSS Bienestar, y que la administración Sheinbaum busca revertir con acciones de credencialización y unificación de los sistemas de salud–, y la seguridad pública –que a pesar de la terrible violencia que se vive en varias regiones del país sólo se puede atender desde el Estado, y no hay sustituto posible que pueda financiar el sector privado o la ciudadanía–. En respuesta, el Estado tiene la obligación de ofrecer estos servicios con eficiencia y calidad.
Dotar de recursos públicos suficientes al Estado también se traduce en la posibilidad de invertir en sistemas que habiliten una mayor recaudación sin tener que incrementar las tasas del gravamen, por ejemplo, o fortalecer la coordinación federal-estatal-municipal para hacer mejor cobro de impuestos locales, como el predial.
Entendiendo que es muy complicado poner a tantos actores económicos –empresas, industrias, gremios, personas, gobierno– de acuerdo en un tema que transita por el tamiz ideológico de cada uno, sugiero no perder de vista dos ideas centrales: la necesidad de alinearnos alrededor del interés nacional, y que lo que está en juego es el crecimiento presente y futuro del país.
Primero, alinearnos alrededor del interés nacional requiere que podamos mirar más allá de nuestro interés personalísimo e inmediato. Idealmente, en defensa de ese interés nacional debiera aparecer el gobierno, eficaz, debidamente financiado y capitalizado, para poder garantizar un Estado fuerte, soberano, justo. Para llegar a esto, sin duda, nos falta algo más que dinero –requiere gobernanza, orden, confianza, transparencia, certidumbre–, pero sin duda demanda recaudar más.
Para ello, es imperativo reconocer que la inversión pública es, en muchos rubros, habilitador de la inversión privada, tanto en infraestructura logística, tecnología, procedimientos comerciales, oferta energética, como en seguridad y capital humano. Pero además, debemos ser conscientes de que hemos llegado a dinámicas de endeudamiento que pueden poner en riesgo la calificación crediticia del país y con ello el costo del financiamiento. En ese tenor, necesitamos contar con más recursos, sin endeudarnos y sin comprometer el crecimiento económico. Por eso no se trata de elevar las tasas impositivas sino de revisar las prioridades de gasto, a la par de identificar ahorros y otras fuentes de ingreso, ampliar la base gravable y encontrar más y mejores fuentes de recaudación, empezando desde lo local.
Dado que los gobiernos estatales y municipales entienden mejor las necesidades de la gente, los estados tienen que recaudar más porque la inversión debe ser decidida a nivel local. En ese tenor, México, ¿cómo vamos? ha propuesto acciones para fortalecer la recaudación estatal y municipal: (1) impulsar la modernización tecnológica de la administración tributaria local con sistemas de información geográfica, imágenes satelitales y plataformas digitales, con financiamiento federal o estatal temporal; (2) fortalecer la recaudación del impuesto predial, que depende de la calidad de los catastros municipales quienes a su vez enfrentan limitaciones para mantenerlos actualizados; y (3) rediseñar la tenencia vehicular con criterios de armonización entre estados y mayor transparencia sobre el destino de los recursos, vinculando su uso al financiamiento de la infraestructura vial.
Una mayor recaudación local permite financiar servicios importantes para la población –recolección de basura, alumbrado, parques o drenaje–, lo que incide positivamente en la percepción de que los impuestos se traducen en beneficios visibles para la gente.
Segundo, tener una baja recaudación (sólo 1 punto del PIB la recaudación local y 16 puntos del PIB toda la recaudación contemplando incluso las cuotas de la seguridad social) en México implica poner en riesgo el crecimiento presente y futuro del país por las razones ya mencionadas: menor inversión pública, peores servicios, menor confianza y certeza, mayor corrupción por falta de supervisión y pérdida de capital humano, endeudamiento público para el pago de gasto corriente, entre otras. Sabiendo que necesitamos reactivar la economía para recuperar las inversiones, incrementar los márgenes, reactivar el consumo y la confianza que habilita una mayor inversión, que a su vez nos permite seguir siendo competitivos en un mundo donde las reglas comerciales demandan agilidad y capacidad de adaptación y respuesta, reconozco que la inversión pública complementa a la privada, no la merma ni la sustituye.
Pagar impuestos es incómodo. Pero para crecer –y hacerlo de forma sostenible–, debemos alinearnos entorno al interés nacional, lo cual implica aumentar la inversión pública –tanto estatal como federal– para lo cual debemos fortalecer la recaudación.