El Mundial de Futbol de 2026 representa una oportunidad histórica para México. No solo porque el país volverá a ser anfitrión de la máxima fiesta del deporte, sino porque el Estadio Azteca o como se llame ahora, será el primer estadio del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas.

El próximo 11 de junio, los ojos del planeta estarán puestos en la Ciudad de México, en sus calles, su infraestructura, su seguridad y, sobre todo, en la capacidad del Estado mexicano para garantizar orden y gobernabilidad.

Sin embargo, a poco menos de un mes de la ceremonia inaugural, se cierne una amenaza que el gobierno federal no puede minimizar. Se trata de la intención de grupos de presión, organizaciones radicales y movimientos antisistémicos de utilizar esta gesta deportiva como plataforma para exhibir sus demandas y, eventualmente, boicotear el evento.

Entre ellos destaca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización disidente del magisterio que durante décadas ha recurrido al bloqueo de carreteras, plantones, toma de casetas y parálisis de servicios públicos como método de presión para conseguir prebendas económicas, políticas y plazas laborales.

Sus protestas, independientemente de la legitimidad de algunas de sus demandas, suelen traducirse en afectaciones directas para millones de ciudadanos y en particular para los estudiantes de educación básica de cinco entidades del país.

El riesgo es evidente. Lo que para los organizadores del Mundial debe ser una vitrina de modernidad, hospitalidad y una fiesta de la paz, para ciertos grupos puede convertirse en el escenario ideal para maximizar presión política y cobertura mediática internacional.

El problema no se limita a la CNTE. También existen organizaciones campesinas, transportistas, colectivos radicales, sindicatos disidentes y movimientos sociales que van a aprovechar la presencia de miles de periodistas extranjeros para colocar sus agendas en el escaparate global.

Aunado a ello, la capital del país ya enfrenta enormes desafíos logísticos. Incluso sin manifestaciones, la Ciudad de México experimentará una presión extraordinaria por la llegada de decenas de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez opera desde hace años al límite de su capacidad. Aunque se han realizado obras de mantenimiento y modernización, sus restricciones estructurales son evidentes.

A ello se suma la compleja movilidad de una ciudad que convive cotidianamente con marchas, cierres viales y concentraciones multitudinarias, fallas constantes del Metro y ahora lluvias torrenciales.

Un bloqueo en avenidas estratégicas como Insurgentes, Periférico, Tlalpan o el Circuito Interior tendría efectos devastadores en la logística del torneo y enviaría una imagen de desorden al mundo entero.

El Mundial no es un evento cualquiera. Es una vitrina que impacta la percepción internacional del país, estimula el turismo, genera inversión y fortalece la reputación de México como destino confiable.

Un boicot o una jornada de protestas masivas durante la inauguración tendría consecuencias económicas, políticas y diplomáticas.

Por ello, el gobierno federal debe actuar de inmediato. No se trata de reprimir ni de criminalizar la protesta social. Se trata de anticipar conflictos, abrir canales de diálogo eficaces y garantizar que ninguna organización utilice un evento de interés nacional como instrumento de chantaje.

La responsabilidad recae principalmente en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. La política interior exige operadores con capacidad de negociación, conocimiento del territorio y autoridad para construir acuerdos duraderos.

Hasta ahora, los resultados han sido cuestionables. Persisten focos de conflicto en distintos estados, particularmente en Guerrero, donde la violencia y el desplazamiento de comunidades siguen siendo una realidad cotidiana.

La percepción es que el gobierno federal enfrenta múltiples frentes y que varios de sus funcionarios están rebasados por la magnitud de los desafíos.

La presidenta Claudia Sheinbaum necesita un equipo capaz de prevenir crisis, no solo de reaccionar cuando estas estallan. El Mundial será una prueba internacional de gobernabilidad. Cualquier falla en seguridad, movilidad o control político será amplificada por medios de comunicación de todo el planeta.

El mensaje debe ser claro: las demandas sociales deben atenderse, pero sin comprometer un evento que beneficia al conjunto del país. Los conflictos deben resolverse en mesas de negociación, no mediante bloqueos que afecten a millones de personas y dañen la imagen nacional.

México tiene la oportunidad de mostrar su grandeza cultural, su progreso y su capacidad organizativa. Pero también enfrenta el riesgo de proyectar improvisación, saturación y confrontación social.

El Mundial debe ser una celebración del talento y la hospitalidad mexicana, no el escaparate de la ingobernabilidad. Y no se nos olvide el tema de la inseguridad pública y la reacción furibunda de los narcoterroristas ante el combate feroz que los ha puesto en jaque en varias entidades del país.