En los Mundiales de 1970 y 1986 —en los que fuimos anfitriones únicos—, los retos que tuvimos como organizadores fueron muchos y siempre trabajamos contrarreloj para solucionarlos, pero los resultados hicieron que valiera la pena: visitantes contentos por haber disfrutado las grandiosas cosas que tenemos para ofrecer, infraestructura que podíamos volver a utilizar y una derrama económica que llegó a los bolsillos de los mexicanos.
Esa es la historia que a la FIFA le gusta contar siempre. Lo cierto es que los Mundiales no son todo color de rosa: es más común que estén envueltos en controversias a que sean eventos libres de toda crítica. Varios gobiernos han aprovechado los Mundiales para impulsar narrativas oficiales y mejorar su imagen pública. Hablemos de los casos de América Latina. El Mundial de 1978 se disputó en una Argentina gobernada por la Junta Militar encabezada por el teniente general Jorge Videla. Cuando João Havelange, el entonces presidente de la FIFA, declaró que Argentina estaba “más apta que nunca para ser la sede del torneo”, las acusaciones en contra del régimen militar por la represión a los medios, las torturas a disidentes, las desapariciones forzadas y muchas otras violaciones a los derechos humanos perdieron fuerza y credibilidad tanto fuera como dentro del país. En vez de eso, la imagen que predominó fue la de un país en paz con una pasión tan grande por el deporte que invirtió una suma récord en el evento.
Hablando de gastos, otra conversación que siempre abren las copas mundiales es la de qué tan benéficas son para las economías de los países anfitriones. En Brasil, el Mundial del 2014 prometía impulsar la economía mediante el turismo y la creación de hasta un millón de empleos. La realidad fue muy diferente. La copa trajo 14 mil millones de dólares, pero el gobierno tuvo que gastar 11.3 en infraestructura para el evento; en cuanto a los empleos, menos personas encontraron trabajo en 2014 y 2015 que en 2013. Las consecuencias se vieron en una contracción económica de 7% en 2015 y 2016 y en estadios olvidados que ya no podían generar el dinero suficiente para pagar su mantenimiento. Nuestro pedacito de Mundial también tiene un costo. Como parte de las negociaciones entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la FIFA, de los tres países anfitriones, México es el único que le concedió una exención de impuestos a la federación de futbol y a las empresas que esta designe.
Con estos antecedentes y sin poder cobrar impuestos, pero con la obligación de invertir millones en infraestructura y logística, la conversación pasa de ser sobre qué tan grande será la derrama económica a cómo haremos para no salir perjudicados y cómo podremos sacarle el mayor provecho posible a las obras.
Sin embargo, tenemos la oportunidad de darle la vuelta al Mundial —y a la FIFA, aunque a veces parezca tener más peso que la propia ONU— y hacer que valga la pena. El gobierno de Clara Brugada, como parte de los preparativos para el evento, presentó la “Agenda de Derechos Humanos”, un plan de 119 acciones destinadas a evitar los problemas que se han presentado en otras ediciones del Mundial, como la trata de personas, la violencia contra las mujeres y otros grupos vulnerables y actos xenofóbicos. Las acciones van desde planes de movilidad para los estadios hasta una plataforma digital para reportar abusos o fallos en los servicios públicos. No sabemos con certeza qué conversaciones se abrirán en junio, pero tenemos la esperanza de que podamos tener algo bueno de qué hablar.
Por cierto, ¿dónde van a ver el Mundial? ¿Frente a una pantalla o consiguieron boletos carísimos de la FIFA?