El 4 de abril de 2016, Andrés Manuel López Obrador hizo una de esas declaraciones que jamás debió pensar que se le revertirían. En un mitin en Tlaxcala, en el momento donde estaba en lo más alto el escándalo de los Panama Papers, la investigación periodística global sobre el uso de paraísos fiscales de políticos, empresarios y celebridades donde aparecían varios mexicanos, afirmó que el SAT debía investigarlos porque, sin duda, se trataba de lavado de dinero. Cinco años después un búmeran llamado Pandora Papers le ha pegado en la cabeza.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que coordinó durante más de un año con el mayor sigilo una investigación con 150 medios en el mundo –incluidos tres mexicanos y uno latinoamericano–, dio a conocer este domingo casi 2 millones de documentos sobre operaciones de líderes, funcionarios y políticos en 91 países, que utilizaron paraísos fiscales para ocultar operaciones financieras. No todos de quienes aparecen en esa lista incurrieron en delitos, pero sí hay quienes actuaron al margen de las leyes de sus países, incluidos algunos prominentes mexicanos, muy cercanos al presidente López Obrador.
La persona sobre la cual se han centrado los ojos es Julio Scherer, hasta hace un mes consejero jurídico de la Presidencia, que utilizó un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes para controlar un departamento de un millón y medio de dólares en la avenida Collins, cerca de Miami Beach, al haberle transferido las acciones a ILD y su esposa, quienes permanecieron como directores de la sociedad creada, hasta 2017, cuando dejaron todo en manos del exfuncionario. Ese departamento, de acuerdo con la revista Proceso, donde los Scherer son los propietarios, no apareció en las declaraciones patrimoniales públicas del exconsejero.
Scherer explicó que esas operaciones las hizo cuando aún no era funcionario público, aunque en su respuesta a los medios que divulgaron la investigación, no mencionó el porqué no lo había incorporado en su declaración patrimonial. Tampoco aparece ningún detalle de cuánto pagó, si así lo hubiera hecho, por las 50 mil acciones que le dieron la propiedad del departamento, ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas del sur de Miami.
Esta revelación es una bomba de tiempo, porque la familia es propietaria de C K, que entre sus empresas tiene a LC, un monopolio de servicios de comida en las cárceles mexicanas, que está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República desde 2019. La familia era hasta finales de 2018, en vísperas de la toma de posesión de López Obrador, cliente del despacho de Scherer. La revista Contralínea, cercana a las áreas de seguridad del gobierno, publicó en septiembre que la investigación era por presuntos sobornos a funcionarios y amenazas a quienes quisieran quitarles el negocio del abasto y venta de alimentos. Personas que trataron con esa familia durante esta administración corroboraron que, en efecto, decían que estaban “muy bien conectados en Palacio Nacional”.
Las revelaciones sobre Scherer no son las únicas que tienen dinamita. En los Pandora Papers figura Julia Abdala, la pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, por más de 20 años. Abdala es una controvertida figura que se ha convertido en una especie de bróker para solucionar problemas, de acuerdo con personas a quienes les han ofrecido sus servicios para obtener contratos o desbloquear trámites con el gobierno. La señora Abdala emergió en los documentos como socia en Roybell International Inc., incorporada en Panamá en 2011. No es lo único. De acuerdo con la investigación, a finales de 2017, Abdala abrió una cuenta bancaria en el Lyford International Bank and Trust en las Bahamas. Ninguna de estas acciones fue reportada por Bartlett, quien se ha escudado en el argumento cobarde de que no es su esposa ni ha sido su concubina.
En los casos de Scherer y la pareja de Bartlett, hay elementos para investigar probables responsabilidades por haber ocultado información financiera relevante en sus declaraciones patrimoniales al iniciar el gobierno de López Obrador. Otras dos personas cercanas al Presidente, que también aparecen en los Pandora Papers, parecen ser más víctimas de estafas que de haber hecho algo más que tener cuentas en paraísos fiscales, lo que, en sí mismo, no es un delito.
Tal es el caso, aparentemente, del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, quien abrió una estructura BVI, por su acrónimo de Islas Vírgenes Británicas, en 1998, y se vinculó con el Stanford Trust Company, del financiero estadounidense Robert Stanford, quien lo estafó junto con otras 30 mil personas. Igual le sucedió con el senador de Morena Armando Guadiana, quien a través de un fideicomiso en Antigua y una BVI, se vinculó a Allen. Sin embargo, en lo que también podría tipificarse como delito, omitió declarar una fortuna de 28 millones de dólares escondida en los paraísos fiscales.
No es la primera vez que aparecen personas del gobierno o cercanas al presidente con cuentas en paraísos fiscales. En los Panama Papers surgió el nombre del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en una sociedad en Panamá creada por su hermano, ya fallecido, que declaró no haber tenido conocimiento de su incorporación ni que fuera miembro de ella. Recientemente, la familia de su hermano dijo que esa sociedad servía de prestanombres del fiscal, que tiene ahí 8 millones de dólares.
No deja de ser significativo que en Proceso, la revista de la familia Scherer, se recordó ayer que el 18 de agosto del año pasado, cuando en la comparecencia mañanera le preguntaron sobre la corrupción en anteriores gobiernos, López Obrador preguntó: “¿Cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada?”. De inmediato respondió: “Hay países que incluso viven de eso. Es inmoral”. Sus palabras de antes tendrán que ser respaldas por acciones de su gobierno en estos nuevos casos divulgados en los Pandora Papers, si mantiene una congruencia y coherencia con lo que afirmó en 2016 y lo que dijo el año pasado.
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