La reciente destitución de Alex Saab como ministro de Industria y Producción de Venezuela, lanzó una advertencia a una familia, la cual es señalada por participar en el programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sistema de distribución de alimentos creado en la era de Hugo Chávez que generó acusaciones de contratos inflados y enriquecimiento ilícito.

Saab es empresario colombiano y fue señalado por las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2019, por organizar una red de corrupción que permitió a Nicolás Maduro y su entorno beneficiarse de contratos de importación de alimentos con sobreprecios.

Entre las empresas vinculadas al esquema figura un grupo familiar, que habría participado en la venta de alimentos destinados al programa CLAP.

De acuerdo con Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, hay firmas relacionadas que suministraron productos a Venezuela en medio de un entramado de intermediarios offshore y contratos con sobreprecios, lo que motivó investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.

La familia investigada supuestamente tiene en México presencia en la industria alimentaria y por contratos públicos de distribución en cárceles, ha estado en la mira de varios países, apuntó la columna ‘Poner las barbas a remojar’.

¿Por qué esa familia es investigada por la FGR?

En México, desde los últimos meses de la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General, se abrió una investigación en la que se señaló la presunta complicidad de de altos funcionarios cercanos al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El vínculo entre esa familia y Saab no se traduce necesariamente en una relación comercial formal directa; sin embargo, ambos aparecen mencionados en investigaciones sobre las cadenas de negocios vinculadas a los contratos para los CLAP, por sospechas de financiamiento irregular, incluso bajo la categoría que Estados Unidos emplea para investigar posibles vínculos con actividades de financiamiento al terrorismo por su relación con el régimen venezolano.

Desde 2019, autoridades mexicanas habían iniciado investigaciones que incluyeron a cerca de 23 empresas por lavado de dinero, triangulaciones financieras y ventas de productos a precios inflados, asociadas con el envío de alimentos desde México a Venezuela.

Investigaciones también documentaron que algunos de estos alimentos eran de baja calidad nutricional y vendidos significativamente más caros que su valor real.

La familia ha negado reiteradamente tener vínculos con Saab o participar en negocios ilícitos relacionados con los CLAP, sosteniendo que sus operaciones comerciales obedecen a actividades legítimas dentro del sector alimentario.