El informe de finanzas y deuda públicas correspondiente al primer cuatrimestre de 2026 revela un deterioro de la situación financiera del sector público. Como es costumbre en los paquetes económicos anuales, cuyos supuestos suelen ser poco conservadores y, por lo tanto, escasamente creíbles, el programa contrasta drásticamente con la información observada hasta abril.
Mientras que para los ingresos del sector público en términos reales el plan proyectaba un incremento de 5.1 por ciento, la realidad arrojó una caída de 2.2 por ciento. El descenso abarcó tanto a los ingresos petroleros como a los no petroleros, aunque proporcionalmente fue más profundo en los primeros.
Tres factores contravinieron principalmente el escenario optimista de los ingresos. Primero, a pesar de que el precio del petróleo fue significativamente superior al presupuestado, la plataforma de producción y, en especial, la de exportación resultaron muy inferiores. Esto último derivó de la priorización de los usos internos por parte del gobierno, presumiblemente dentro de la elusiva búsqueda de la “soberanía energética”.
Segundo, la marcada desaceleración económica en 2025 y 2026 y, probablemente, una recaudación por “fiscalización” de grandes contribuyentes inferior a la planeada condujeron a notables reducciones del ISR, tanto con relación al programa como respecto a 2025.
Tercero, a pesar de que en enero de 2026 México incrementó los aranceles correspondientes a 1,463 fracciones arancelarias para países con los cuales no tiene un tratado comercial, los ingresos por importaciones apenas aumentaron respecto al año anterior y se ubicaron muy por debajo de los pronosticados, poniendo de manifiesto una clara sobreestimación de la base importadora efectivamente gravada.
A pesar del notorio revés en los ingresos, el gasto primario del sector público, es decir, aquel que excluye el costo financiero de la deuda, aumentó 2.1 por ciento. Por su magnitud y crecimiento destacaron tres renglones del gasto corriente: los servicios personales, las pensiones y jubilaciones, y los subsidios y transferencias.
Las pensiones y jubilaciones, que comprenden las pensiones contributivas de los institutos de seguridad social y las obligaciones de los regímenes cerrados del sector público, han mostrado un crecimiento constante durante el presente siglo. En el periodo de referencia de 2026, esta “segunda nómina” alcanzó un monto casi equivalente al de los servicios personales.
Asimismo, las pensiones para adultos mayores y otros programas de transferencias directas se han expandido extraordinariamente desde 2019. Estas erogaciones se encuentran dentro del rubro de subsidios y transferencias y solo se desglosan trimestralmente. Con base en la información disponible, no es descartable que, durante enero-abril de 2026, hayan equivalido a más del 80 por ciento del monto de las pensiones contributivas y jubilaciones.
Las pensiones contributivas y las destinadas a los adultos mayores muestran una rígida tendencia alcista debido a su carácter legal, al envejecimiento de la población y a la inclinación de los gobiernos de la 4T a ampliar su cobertura. Por ello, una vez más, la contención del gasto para acomodar parcialmente la caída de los ingresos recayó en los rubros “flexibles”.
Por su monto y contracción, sobresalieron dos de estos rubros: “otros gastos de operación”, que incluye conceptos como medicamentos, insumos médicos, refacciones y servicios de electricidad, agua y mantenimiento, entre otros; y la inversión física. Según la clasificación administrativa, educación, salud e infraestructura registraron disminuciones de gasto.
La combinación de la caída de los ingresos y el aumento de las erogaciones dio como resultado una disminución del balance primario a casi la mitad del registrado un año antes. Gracias a que el costo financiero de la deuda se redujo principalmente como resultado de la apreciación cambiaria, un evento totalmente impredecible y ajeno al manejo de las finanzas públicas, el balance primario logró cubrir casi la mitad de dicho costo. En consecuencia, durante enero-abril, el concepto amplio de la deuda pública neta, referido como SHRFSP, aumentó 2.3 por ciento en términos reales.
Una observación final resulta oportuna. Hace dos meses, en los Pre-Criterios 2027, la SHCP revisó al alza las proporciones históricas y prospectivas de la deuda neta a PIB, lo que implicó que la razón correspondiente a 2026, en lugar de mantenerse constante, aumentara 1.5 puntos porcentuales para ubicarse en 54.7 por ciento. Este incremento, aunado al hecho de que dicha razón corresponde a una deuda bruta cercana a 61.0 por ciento del PIB, presenta el riesgo de debilitar aún más los fundamentos que sostienen el grado de inversión.