Un grupo significativo de legisladores y legisladoras de Morena ha presentado una iniciativa de reforma constitucional —este solo hecho es significativo— en materia judicial.

Desconozco los apoyos que tenga en sus bancadas parlamentarias y la opinión del gobierno sobre la misma, pero, dado que el texto ya puede consultarse en la Gaceta Parlamentaria, me parece importante analizarlo.

La iniciativa parte de un diagnóstico atendible: el primer ejercicio de elección popular de personas juzgadoras en 2025 evidenció fallas importantes en su diseño e implementación.

Sin embargo, la solución que se propone abre una discusión más profunda sobre la viabilidad del modelo en su conjunto.

De hecho, con su mera presentación lanza un mensaje de preocupación crítica sobre la reforma más desafortunada a la Constitución mexicana desde 1917.

El texto reconoce problemas evidentes. Por un lado, la insuficiencia de los requisitos actuales para evaluar la idoneidad de quienes aspiran a cargos judiciales.

Por otro, la saturación operativa de los procesos de selección y los riesgos derivados de hacer coincidir elecciones judiciales con contiendas políticas.

A ello se suman deficiencias en la cobertura de vacantes y la necesidad de mejorar los mecanismos de evaluación del desempeño.

Frente a ello, la iniciativa plantea una serie de propuestas de ajustes que, en principio, buscan tecnificar el modelo.

Destacan la introducción de una certificación obligatoria de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, la eliminación de requisitos formales absurdos como promedios académicos y cartas de recomendación, y la sustitución de los comités de evaluación de los tres poderes por un Comité Único.

Asimismo, propone separar las elecciones judiciales de las políticas —posponiendo la siguiente jornada a 2028— y fortalecer la gestión interna del Poder Judicial.

No obstante, el punto crítico permanece intacto: la elección popular de jueces. La iniciativa no cuestiona ni propone abandonar el principal error de la reforma de 2024, sino que busca hacerla operativamente viable.

En ese sentido, más que una corrección estructural, parece un esfuerzo de estabilización que implícitamente parte del reconocimiento de que las cosas no salieron ni saldrán bien.

Esto plantea una tensión difícil de ignorar. Por un lado, se pretende introducir filtros técnicos más rigurosos —certificaciones, exámenes estandarizados, evaluación objetiva—, pero, por otro, se mantiene un mecanismo de selección que, por definición, responde a lógicas políticas y de competencia electoral.

El resultado, aun con las correcciones propuestas, seguiría siendo un amasijo en el que la técnica y la demagogia popular seguirían siendo incompatibles.

Entiendo que los legisladores del partido gobernante no puedan oponerse a la bandera simbólica más absurda de la reforma de hace dos años, pero sin hacerlo no llegarán muy lejos en su pretensión de encontrar la salida del berenjenal en el que nos metieron.

La decisión de separar las elecciones judiciales de las políticas es, probablemente, uno de los aciertos más claros.

Reduce riesgos de politización directa y permite una deliberación más focalizada. Sin embargo, no elimina el problema de fondo: el traslado de la legitimidad judicial desde el mérito profesional hacia la competencia electoral.

También es relevante la centralización del proceso de evaluación en un Comité Único.

Si bien puede mejorar la homogeneidad de los criterios, concentra poder en una instancia cuya integración y funcionamiento serán determinantes para la credibilidad del sistema.

En contextos de alta polarización, este tipo de diseños exige garantías institucionales particularmente robustas.

En suma, la iniciativa reconoce correctamente los síntomas, pero deja abierta la discusión sobre la enfermedad.

El desafío no es únicamente perfeccionar los instrumentos técnicos del modelo, sino preguntarse si el modelo mismo es compatible con los principios que pretende resguardar: independencia judicial, imparcialidad y profesionalización.

La reforma de 2024 abrió una ruta inédita en el constitucionalismo mexicano.

Esta iniciativa intenta hacerla transitable.

La pregunta es si basta con corregir el camino o si, más bien, es necesario reconsiderar el destino.