Colectivos de la comunidad trans tomaron un salón al interior de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir un diálogo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, debio a falta de acuerdos y en protesta por la ausencia de políticas públicas que atiendan la violencia estructural que vive dicha población.

La toma dentro del inmueble ocurre en el mes del Orgullo LGBTIQA+ y cuando México reporta al menos 15 transfeminicidios en lo que va del año, según el colectivo Transcontingenta.

En 2025, el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbuam, se registraron 33 crímenes de odio contra mujeres trans.

“Estamos aquí también por parte de ‘Las abuelas trans’, no nos hacen ninguna justicia. Lo único que pedíamos era que nos dieran una fecha para dialogar con Rosa Icela y ni eso pudieron cumplir”, expresó una de las integrantes del plantón.

La toma inició a las 5:56 horas ante personal de la Segob tras una movilización sobre la avenida de Bucareli y una mesa en la que no se concretó una fecha con la funcionaria federal.

“Estamos dentro de la Secretaría de Gobernación y no nos vamos a mover de aquí porque no nos quieren dar una fecha de reunión”, expresó la activista Victoria Sámano.

Entre los colectivos que intengran la protesta se encuentra Abuelas trans y Lleca, un colectivo y refugio para personas trans en situación de calle que llevan años exigiendo una Ley Integral que ayude a combatir la discriminación y marginación hacia la comunidad.

Las manifestantes también recordaron que hace dos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendaicón 42/2024 en la que se instaba al Congreso de la Unión a modificar el artículo primero de la Constitución para que incluya la identidad de género como una categoría sospechosa de discriminación, un término legal para designar cualquier característica o rasgo personal (como el origen étnico, género o religión) que históricamente ha sido motivo de discriminación y exclusión, y garantizar su medidas de protección.

En dicho documento, la CNDH también hacía un llamado a reformar el Código Penal Federal a fin de considerar la identidad de género como un agravante del delito de feminicidio.

Estados del país se niegan a garantizar derechos a la comunidad trans

En 2026 la población trans todavía lucha por acceder al derecho básico de la identidad de género, pues únicamente 22 estados de la república han aprobado el trámite para cambiar el género documentos del registro civil, como el acta de nacimiento o el INE, sin necesidad de un amparo.

El caso más grave ocurrió en Querétaro, luego de que el gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, vetara la Ley de identidad trans que ya había sido aprobada por el congreso local después de nueve años de permanecer congelada.

“Estoy vetando la llamada Ley de Identidad de Género, conforme a mis facultades constitucionales. Esta ley, impulsada por la izquierda radical, permite que niñas, niños y adolescentes puedan cambiar de sexo en su acta de nacimiento según su autopercepción”, expresó el gobernador al anunciar la medida.

Sin embargo, la ley aprobada únicamente contemplaba a personas mayores de 18 años y, para el caso de las infancias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 declaró que es inconstitucional negar el cambio de identidad de género en documentos oficiales a menores de edad.

Victoria Sámano denunció en redes sociales que el gobierno de Kuri criminalizó a manifestantes de colectivos trans en protestaron el 13 de junio, durante la Marcha del Orgullo en el estado.

La activista trans María José González, por ejemplo, dijo que recibió amenazas de muerte por su participación en la protesta.

Debido al veto, las personas trans en Querétaro solo pueden hacer su cambio de género mediante un juicio de amparo, algo inaccesible para una población que concentra tasas altas de desempleo y falta de recursos.

La SCJN da ultimatum a Puebla para reconocer infancias trans

El 16 de junio, el máximo tribunal del país le dio una advertencia al Congreso de Puebla para cumplir una sentencia de 2022 y garantizar el acceso a la identidad a las infancias trans.

De no cumplir, el recinto legislativo podría pagar multas de hasta 14 mil pesos y tres diputados podrían enfrentar una posible separación del cargo.

En México, de acuerdo al INEGI, el 62 por ciento de las personas trans declararon haberse dado cuenta de su identidad de género en la primera infancia, antes de los siete años.

Activistas trans recuerdan constantemente que el cambio de identidad es únicamente de registros y que, contrario al discurso de políticos identificados con la derecha radical, no promueven ninguna transición médica.