Poco más de un centenar de jubilados y trabajadores del sector público de Venezuela se dirigieron este jueves a la sede de la embajada de Estados Unidos en la capital venezolana para pedir al gobierno de Donald Trump que ejerza su influencia para que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, atienda sus demandas de salarios y pensiones dignas e impulse una rápida transición en el país sudamericano.

Estos sectores reclaman que tienen más de cuatro años sin recibir aumentos en el salario mínimo mensual, considerado el más bajo de la región.

En una mañana lluviosa, los manifestantes también exigieron al gobierno estadounidense velar que los fondos del gobierno venezolano — retenidos por Washington debido a las sanciones — al ser liberados sean usado para “pensiones, para salario…. para la reparación de escuelas, hospitales, universidades y para la obra de infraestructura pública”, dijo a la prensa el dirigente sindical Carlos Salazar, quien encabezó la delegación que entregó el pliego de peticiones a un funcionario de la sede diplomática.

Portando carteles en los que se leía “Mr. Trump consuma ya la transición”, los manifestantes pidieron, además, la convocatoria a elecciones en Venezuela próximamente, argumentando que es necesario un cambio de gobierno para lograr la recuperación del país rico en petróleo.

Después de su operación militar para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, Estados Unidos ha estado trabajando para influir en los próximos pasos de Venezuela a través de sus vastos recursos petroleros.

La administración del presidente Trump sostiene que tienen el propósito de asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos y mineros para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano, así como revitalizar la economía venezolana atrayendo inversión extranjera a sus vastos recursos naturales.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que como parte de permitir que Venezuela venda petróleo, que sigue bajo sanciones, esos ingresos estarán dedicados en un principio a cubrir los costos de servicios gubernamentales básicos, como salarios, atención médica, y estarán sujetos a la supervisión de Washington.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, juramentada dos días después de la captura de Maduro, dijo en enero que el dinero procedente de las ventas de petróleo se destinaría hacia dos fondos soberanos: uno para apoyar los servicios de salud y otro para fortalecer la infraestructura pública, incluida la deteriorada red eléctrica.

Protestas de trabajadores en Venezuela

Las protestas han continuado pese a que Rodríguez ha pedido paciencia a los trabajadores, cuyos salarios durante cerca de tres lustros no les han permitido cubrir sus necesidades básicas.

Rodríguez prometió a los trabajadores un aumento salarial el 1 de mayo. No reveló el monto, pero explicó que se implementaría de manera tal que se evite un repunte inflacionario como el que siguió al último incremento del salario mínimo.

Numerosos trabajadores del sector público subsisten con aproximadamente 160 dólares al mes, casi en su totalidad bonos que no tienen incidencia en otros beneficios laborales. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente, un empleado promedio del sector privado ganaba el año pasado alrededor de 237 dólares mensuales.

El salario mínimo mensual de Venezuela de 130 bolívares (menos de 20 centavos de dólar al tipo de cambio oficial) no ha aumentado desde 2022, lo que lo sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de tres dólares al día establecido por el Banco Mundial y Naciones Unidas.

Muchos venezolanos tienen dos o más empleos para mejorar sus ingresos, mientras el precio de una canasta básica de alimentos supera los 500 dólares mensuales, según el Observatorio.