Resulta interesante revisar el panorama fiscal que elabora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe 2025.

En el informe sobre el entorno fiscal de nuestras regiones, se han enfrentado diferentes desafíos para los responsables de formular políticas económicas, en un entorno de bajo dinamismo del crecimiento económico y un espacio fiscal reducido, como señala el prólogo del documento.

Lo anterior se vuelve más complicado porque es evidente que nuestras regiones necesitan impulsar cambios sociales y productivos para superar las trampas del desarrollo.

Estas trampas han provocado bajos crecimientos y una alta desigualdad, una movilidad social muy reducida y, como señala la propia CEPAL, una débil cohesión social.

Además, hay pocas fortalezas institucionales y gobernanzas poco efectivas.

Para quienes hemos estudiado hace muchos años la política fiscal, sabemos que es necesario el diseño en nuestros países, incluido México, por supuesto, de estrategias proactivas y eficaces, que incentiven políticas de desarrollo inclusivas y sostenibles.

Cuando se limita el espacio fiscal, cuando hay un elevado nivel de endeudamiento público que no solo se ha reducido, las posibilidades de la política fiscal para ayudar a superar lo anterior son débiles.

Es claro que la realidad social y el papel que juegan la deuda pública local y externa limitan las posibilidades para fortalecer las decisiones cruciales en materia de política económica y el manejo productivo del gasto público.

Esto se debe a que es evidente que el creciente peso del servicio de la deuda pública —esto es, el pago de los intereses— limita las posibilidades de hacer políticas de desarrollo más eficaces.

Como hemos visto quienes estudiamos economía, y lo acabo de reconocer recientemente revisando el libro de don Antonio Ortiz Mena, El desarrollo estabilizador: Reflexiones sobre una época, publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE), se necesitan recursos significativos para dinamizar la inversión pública.

Por lo tanto, el desarrollo económico es crucial, a través del cual se puede fortalecer el empleo productivo y permanente de la población.

En el informe se empieza a destacar cómo los ingresos públicos en América Latina se han mantenido relativamente estables, con diferencias obvias entre países.

Una cuestión relevante es reconocer que no solo en América Latina, el uso adecuado de la política fiscal es fundamental para acelerar que se den cambios estructurales.

Esto es necesario con el fin de avanzar en las políticas de desarrollo sostenible.

Además, se generan beneficios en temas como asignación de recursos y la promoción de la igualdad social.

En suma, el fin es lograr la igualdad social, fortaleciendo la inversión pública y las políticas de desarrollo, particularmente en México en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, entre otros.

Obviamente, el informe es amplio y vale la pena destacar algunos puntos: en primer lugar, los ingresos públicos se mantuvieron relativamente estables, pero con una amplia diversidad entre países; en América Latina son más relevantes los pagos por intereses y en el Caribe los de capital.

Por otra parte, aun cuando las cuentas públicas se mantuvieron estables durante 2024, en el resultado promedio de los gobiernos centrales, el espacio fiscal siguió siendo limitado y se “registraron déficits fiscales en algunos países”.

En el caso de la deuda pública, las diferencias son significativas; no es lo mismo Brasil, México y Argentina que el resto de los diferentes países de América Latina.

Tema que abordaremos más adelante.