Los rectores de las universidades públicas de Argentina celebraron este viernes un fallo de la Corte Suprema que dejó firme una medida cautelar que obliga al gobierno del presidente Javier Milei a cumplir con la ley de financiamiento universitario que garantiza recursos para el funcionamiento de esas casas de estudio y dispone actualizaciones salariales para su personal.

“Es un gran paso y una respuesta que la comunidad universitaria del país estaba esperando”, dijo a The Associated Press Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

El fallo de la víspera obliga al gobierno a cumplir con dos artículos de la ley de financiamiento universitario que establecen actualizaciones salariales retroactivas a 2023 y un aumento de los fondos destinados a becas.

La norma fue aprobada por el Congreso en 2024 y ratificada en 2025 luego de que Milei vetara el financiamiento a universidades. El gobierno suspendió su aplicación mediante un decreto al sostener que no especifica de dónde provendrían los recursos para financiar las medidas que contempla.

“La comunidad universitaria del país ha hecho a lo largo de este tiempo un enorme esfuerzo para sostener todo en condiciones muy precarias”, afirmó Bartolacci.

Según representantes universitarios, las transferencias del gobierno a las universidades nacionales registraron una caída de 45.6 por ciento entre 2023 y 2026.

“Fue un camino largo y difícil”, escribió en X Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. “Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país”.

La comunidad universitaria realizó varias movilizaciones masivas en Argentina, en distintos puntos del país, desde 2024 para reclamar mayor financiamiento y denunciar el deterioro del sistema por la reducción de fondos aplicada por el gobierno de Milei como parte de su política de ajuste destinada a preservar el superávit fiscal.

En la práctica, el fallo de la Corte dejó firmes algunos aspectos acordados por el gobierno y sectores universitarios en junio que incluyeron un aumento salarial de en torno del 24 por ciento y un incremento de fondos para el funcionamiento de las casas de estudio.

Los representantes de las universidades no quisieron, sin embargo, desistir de su reclamo judicial para lograr el cumplimiento total de la ley, que contempla un incremento salarial mayor y una actualización de las becas para estudiantes que están congeladas.

Milei no se ha pronunciado sobre el fallo de la Corte.