La Cámara de Diputados declaró constitucional una reforma que faculta al Congreso mexicano a expedir una ley general sobre feminicidio, tras recibir este martes el aval de 27 congresos locales.

El proyecto reforma el artículo 73 de la Constitución mexicana, con el fin de que el Congreso de la Unión pueda emitir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y las sanciones aplicables al delito de feminicidio.

Este paso en el marco legal mexicano se da en un contexto de violencia, donde el feminicidio es una de las principales problemáticas que enfrenta México, con un promedio de diez mujeres asesinadas cada día.

¿Cuántos feminicidios se han registrado en México en los últimos 7 años?

Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26 mil 600 asesinatos de mujeres en México, de los cuales solo 6 mil 781 fueron investigados como feminicidio, según cifras oficiales.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que, una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, se emitió el proyecto de declaratoria correspondiente.

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad (...) declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, señaló la declaratoria leída en el recinto legislativo de San Lázaro.

Entre los congresos locales que avalaron la reforma están el de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

La reforma deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ahora será enviada al Senado para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con esto se abre la puerta a la discusión de una ley que fije bases mínimas para definir el delito y sus sanciones, sin que cada uno de los 32 estados mantenga criterios aislados y distintos.

El Congreso mexicano deberá expedir esa legislación dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma.

Mientras ello ocurre, las disposiciones federales y estatales vigentes en materia de feminicidio continuarán aplicándose hasta que entre en vigor la nueva ley general.