México se encuentra en una situación profundamente delicada. La solicitud de detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázares y de otros servidores o exservidores públicos no es un problema de partido.

Estamos frente a una problemática de Estado y, en estas, no se protegen amigos, no se oculta información y no se confunde “soberanía” con impunidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe entender que el dilema no es si coopera o no con Estados Unidos. El dilema está en decidir si México actuará conforme a derecho o si permitirá que la política de un partido impida el cumplimiento de una obligación jurídica internacional. La respuesta no es pedir “pruebas” como si en este momento se fuera a juzgar a los sujetos señalados.

El proceso de extradición no es un proceso penal, sino un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Hay que ser claros: en una detención provisional con fines de extradición no se exige acreditar culpabilidad; no se requiere probar más allá de toda duda razonable.

Lo que sí es exigible es que la solicitud diplomática cumpla con el tratado de extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Si los requisitos están satisfechos, no hay pretexto para dar “carpetazo” al asunto.

En ese sentido, el argumento de “falta de pruebas” solo resulta válido si se refiere a lo relativo a la urgencia; pero si se utiliza para insinuar que México debe determinar previamente si el sujeto señalado es culpable, no es más que una justificación sin fundamento.

El argumento se vuelve una coartada institucional, pues en una investigación por delitos contra la salud (narcotráfico), tráfico de armas y hechos de corrupción por protección política, no caben los pretextos.

Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe ser congruente. Si el Estado mexicano ha colaborado antes en decenas de extradiciones y entregas de personas a los Estados Unidos, no puede ahora escudarse detrás de un garantismo selectivo cuando los señalados pertenecen al grupo en el poder.

El debido proceso es necesario; la adecuada defensa debe respetarse; la dignidad humana es intocable; pero ninguna de esas garantías se traduce en blindaje político. Los derechos humanos existen para proteger a las personas, no a las redes de poder.

En efecto, México tiene derecho a exigir que Estados Unidos cumpla con las formalidades del referido Tratado de Extradición, pero no tiene derecho de crear obstáculos para cuidar las espaldas de la burocracia. Si la solicitud es incompleta, por supuesto, debe requerirse su complementación; si se complementa y colma cabalmente los requisitos, debe tramitarse.

Si existe una Arrest Warrant, urgencia acreditada y los delitos son materia de extradición, la única posible respuesta es permitir que el procedimiento avance.

Porque esto no es solo una disyuntiva de derecho. Estados Unidos ya clasificó a diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esa decisión no modifica el derecho mexicano, pero sí compromete la estabilidad del país.

Abre consecuencias financieras, migratorias, del orden penal, diplomáticas e, incluso, militares, por existir cobertura o protección a esas organizaciones o a las personas relacionadas con ellas.

Si el gobierno de México manda el mensaje de que ciertos funcionarios son intocables, alimenta la narrativa de que en México existe un partido político o grupo parlamentario cooptado por la delincuencia organizada.

Lo he dicho muchas veces: si invitas a un “gringo” a tu casa, no dejes que pase del recibidor o, al rato, lo tendrás acostado en tu cama.

Fue este mismo gobierno quien abrió la puerta durante años al pedir cooperación, al celebrar capturas, así como al utilizar la inteligencia y fuerza estadounidenses cuando así convenía políticamente. ¿Ahora, cómo pretenden que el vecino del norte se quede callado? Más bien, ahora, hay que aguantar los reparos.

Que quede algo bien claro: la soberanía no se defiende protegiendo a un puñado de gobernadores, senadores y demás funcionarios de un partido; la soberanía se defiende demostrando que en México existe la voluntad política de detener, procesar y entregar o juzgar a quien corresponda, sin importar la militancia, el cargo o el apellido.

Si los “narcopolíticos” son requeridos conforme al Tratado de Extradición, debe quitarse el escudo de la “Cuarta Transformación” y aplicarse la ley.

Señora presidenta, ahora me dirijo a usted: este no es momento para proteger estructuras políticas; este es momento de proteger a México. Extraditar no es claudicar. Negarse, retrasar u ocultar tendrá un solo efecto: darle a Washington el pretexto perfecto para considerar que México no puede o no quiere enfrentar a la delincuencia organizada y, por ende, concluir que están facultados para actuar en consecuencia.

Aún está usted a tiempo de tomar la decisión correcta y evitar que el “gringo” mande en su casa.