La publicación del libro The Invisible Coup —traducido al español como El golpe invisible— ha reavivado una discusión incómoda para el gobierno mexicano y para quienes creen que la política exterior debe conducirse con responsabilidad y estricto apego al derecho internacional.

Su autor, Peter Schweizer, uno de los analistas conservadores más cercanos al entorno del presidente Donald Trump, sostiene que el gobierno de México utiliza su extensa red consular en Estados Unidos para influir en la vida política de ese país. Esto incluye organizar protestas y promover una agenda contraria a los intereses estadounidenses.

La acusación es tan delicada como explosiva.

Según Schweizer, la inmigración dejó de ser un problema meramente social y económico para transformarse en una herramienta política que usan las élites globales y los gobiernos extranjeros para alterar el equilibrio interno de Estados Unidos. En ese contexto, ubica a México como uno de los actores más activos.

De acuerdo con su tesis, los más de 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense operan como una sofisticada estructura de movilización y presión política. No se trataría solamente de oficinas encargadas de expedir pasaportes, matrículas consulares o brindar asesoría legal a los connacionales, sino de una maquinaria con capacidad para influir en debates electorales, incentivar manifestaciones y orientar políticamente a sectores de la comunidad migrante.

El gobierno mexicano ha rechazado tajantemente estas afirmaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha reiterado que la labor diplomática y consular se rige por los principios de no intervención, respeto a la soberanía y estricto apego al derecho internacional.

Sin embargo, los hechos alimentan las dudas.

Durante los últimos años, varios consulados intensificaron sus actividades de organización comunitaria y defensa de los derechos de los migrantes. Esa tarea es legítima y forma parte de sus atribuciones. Lo cuestionable es que, en algunos casos, la línea entre protección consular y activismo político se ha vuelto demasiado delgada.

En círculos diplomáticos y políticos se comenta desde hace tiempo que existe simpatía de sectores del oficialismo mexicano con candidatos del Partido Demócrata. La afinidad ideológica con agendas progresistas en materia migratoria, medioambiente y derechos civiles ha sido evidente.

Pero la realidad electoral estadounidense es mucho más compleja.

En las elecciones que llevaron nuevamente a Trump a la Casa Blanca, millones de latinos —incluidos cientos de miles de mexicanos y mexicoamericanos— votaron por el republicano. Lo hicieron por razones económicas, por preocupaciones de seguridad, por convicciones religiosas o por rechazo a ciertas posturas de la izquierda estadounidense.

Ese hecho demuestra que la comunidad mexicana en Estados Unidos no responde a consignas ni puede ser conducida desde una oficina consular.

Pretender lo contrario sería subestimar la madurez política de una comunidad diversa, plural y cada vez más influyente.

Lo verdaderamente preocupante es el deterioro de una tradición diplomática que durante décadas dio prestigio internacional a México.

La Doctrina Estrada, formulada por Genaro Estrada en 1930, estableció que México no debía intervenir en los asuntos internos de otras naciones ni calificar la legitimidad de sus gobiernos. Ese principio permitió que nuestro país se ganara respeto global y mantuviera una política exterior independiente y congruente.

Hoy esa doctrina parece subordinada a impulsos ideológicos y a intereses partidistas.

Y no solo de un lado del río Bravo se envían mensajes que tensan la soberanía nacional.

Desde Washington también se han multiplicado declaraciones y propuestas que buscan intervenir en asuntos internos de México, desde la posibilidad de combatir a los cárteles bajo la denominación de organizaciones terroristas hasta planteamientos de operaciones extraterritoriales para combatirlos.

Es decir, la tentación intervencionista se manifiesta en ambos sentidos.

Por ello, México debe actuar con prudencia y recuperar la sobriedad diplomática que históricamente le permitió defender su autonomía sin caer en provocaciones.

Los consulados mexicanos en Estados Unidos cumplen una función esencial para millones de connacionales. Su misión es proteger, asistir y representar a los mexicanos, no participar en disputas partidistas ni convertirse en instrumentos de militancia ideológica.

La relación bilateral enfrenta suficientes desafíos como para agregar sospechas de injerencia política.

México necesita una política exterior profesional, neutral y apegada a los principios que le dieron prestigio internacional.

Porque cuando la diplomacia se confunde con activismo, el costo no lo paga un partido. Lo paga toda la nación.

El tema de la injerencia del gobierno mexicano en asuntos internos de varios países es de alta preocupación, ya que el activismo ideológico ha contaminado a la diplomacia mexicana.