Qué les cuento, que el hoy embajador de México en Washington llegó a su nueva encomienda cómodamente en asiento business class de Aeroméxico, sin cumplir con la austeridad republicana que pregona todos los días su jefa, la presidenta Sheinbaum, y dejando a sus extrabajadores en serios problemas.

Resulta que, siendo el exmandamás en la banca de desarrollo, le volvió a adjudicar el servicio médico de los trabajadores sindicalizados y jubilados a Atlantis Operadora de Servicios de Salud, sin importarle que –inhalar y exhalar– a esta misma empresa le había sido rescindido el contrato por el mismo servicio en 2023, por incumplimientos y quejas del personal que lo recibía. Así, como lo están leyendo.

Leído lo anterior, no se entiende por qué Lazzeri le volvió a asignar a Atlantis Operadora de Servicios de Salud este contrato. Bueno, solo se entendería que ello es en armonía con la política actual de la ‘4T’; es decir, con el segundo piso de la corrupción.

Dato relevante, y no menor, es que esta empresa, en 2023, ofertó un precio mayor por el mismo servicio que le fue adjudicado y contratado en este 2026. ¿Cómo es esto posible?, ¿es un precio solvente o existen otros mecanismos de evasión fiscal que les permitan operar este tipo de contratos, Raquel Buenrostro y autoridades del SAT?

Pero esta no es la primera vez. Atlantis Operadora de Servicios de Salud ha estado inmiscuida en contratos asignados bajo la opacidad de instituciones, otorgándoles contratos millonarios y en los cuales se han generado innumerables quejas por servicios no prestados o deficientes. Diferente nombre, mismos dueños. Sí, Challenge Consulting, Servicios Vitales Tecnológicos AR, antes Corporativo Médico Community Doctors, y Distribuidora Médica Daport forman parte de este grupo. Es decir, son lo mismo: utilizando prestanombres para evadir responsabilidades.

Con decirles que, para mostrar experiencia en el ramo, Atlantis Operadora de Servicios de Salud y sus prestanombres han utilizado como bastión al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con múltiples contratos. Sí, el Indep ha sido el soporte para que estas empresas mantengan sus operaciones corruptas; basta con ver la cantidad de quejas sobre las deficiencias e incumplimientos que han sido ventiladas por propios y extraños.

Lo que genera las siguientes preguntas:

· ¿Quién apoya a estas empresas?

· ¿Por qué se pone en riesgo la salud del personal de estas instituciones?

· ¿Por qué siguen operando estas empresas, a las que les han rescindido contratos y han sido inhabilitadas?

· ¿Qué compromisos generan para que les entreguen estos contratos?

Raro, por decir lo menos, es que Distribuidora Médica Daport solo haya sido inhabilitada en una ocasión, con los incumplimientos que maneja.

Así pues, hay un sinfín de dudas sobre por qué el SAT no las ha investigado. Al conocer públicamente los nombres de los accionistas y representantes legales de las mismas, se descubriría que se trata de prestanombres que, con sus acciones, la denominación con la que han sido nombradas les queda a la medida: “El cártel de salud de la ‘4T’”.

No somos Dinamarca

Aunque Zoé Robledo repita cínicamente que el IMSS vive sus mejores momentos, la realidad es terca. Vean estas imágenes del Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en San Luis Potosí, que ilustran las paupérrimas condiciones de los hospitales públicos de México, lo cual, dicho sea de paso, denigra la dignidad de los mexicanos.

La burla perversa de AMLO, asegurando que con la ‘4T’ teníamos mejores servicios médicos que en Dinamarca, fue y sigue siendo un agravio en grado superlativo, sobre todo para los que menos tienen y a quienes dicen defender.

En todos lados se cuecen habas

Que alguien nos explique cómo es posible que el encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales en el IMSS Coahuila, Saúl Ayala Argüello, en su declaración patrimonial de 2026, haya reportado que percibió 12 millones de pesos por ejercer su función. ¡Quihúboles!

La denuncia ya fue puesta en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que se le investigue por posibles delitos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos o enriquecimiento oculto, comisionado en el IMSS Coahuila y presunto lavador de dinero de sus jefes; pero, cosa rarísima en la ‘4T’, no pasa nada.