Funcionarios de Morena colaborarían “de manera discreta” con autoridades de Estados Unidos luego de la acusación contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa, según The New York Times.
En la lista de presuntos informantes figuran gobernadores y legisladores de Morena, aunque el medio no revela ningún nombre. Según la publicación, ellos aportarían información sobre otros políticos.
El diario estadounidense sustenta la información en declaraciones de “ocho personas que participaron en conversaciones”, quienes aceptaron revelar lo que saben sobre los acercamientos entre autoridades de Estados Unidos y morenistas bajo condición de anonimato.
“Al menos una decena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y miembros del Congreso, muchos de ellos del partido en el poder— se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos”, se lee en el texto del NYT.
Tanto el gobierno mexicano como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) rechazaron hacer comentarios sobre la información difundida.
Según el reporte, el incentivo detrás de la supuesta colaboración entre funcionarios morenistas y autoridades estadounidenses consiste en anticiparse a investigaciones que “temen puedan centrarse en ellos”.
El diario añade que esa situación podría derivar en una “cascada” de testigos y acusaciones que “amenazaría con debilitar al partido”, ante posibles declaraciones sobre la forma en que los cárteles mexicanos sobornan a funcionarios para facilitar sus actividades ilícitas.
NYT retoma supuesta investigación contra gobernadores de Morena
El diario estadounidense sostiene que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son investigados en Estados Unidos por presunta corrupción, versión que ambos funcionarios rechazaron.
También menciona el caso de Marina del Pilar, quien recientemente reconoció gestiones para intentar recuperar su visa mediante un exfiscal estadounidense, aunque negó que existieran “acuerdos en lo oscurito” con autoridades de ese país.
En los últimos meses, la discusión en el Congreso se concentró en un intercambio de acusaciones entre legisladores de Morena y de la oposición por una supuesta colaboración con autoridades estadounidenses.
Morenistas calificaron de vende patrias a aquellos perfiles que visitan Washington o son entrevistados por canales estadounidenses, donde aseguran que existe un vínculo entre el gobierno federal y el crimen organizado.
Además, en abril se conoció la participación de elementos de la CIA en operativos contra el crimen organizado en Chihuahua sin autorización de las autoridades federales. Ello provocó que el Partido Acción Nacional (PAN) defendiera a María Eugenia Campos, gobernadora de la entidad.