Una vez que ha concluido un episodio más del periplo recorrido por la 4T en su pretensión para hacer una reforma política —que no solo electoral— de gran calado, es momento de tomarles la palabra y provocar una deliberación incluyente y de fondo sobre el régimen político adecuado para el México de hoy. Deliberación, no imposición de “mayorías” o negociaciones pragmáticas.

El periplo lo inició formalmente López Obrador en el 2022 y tuvo su más reciente capítulo con el fracaso del Plan B de su sucesora, quien se lavó la cara a costa de un atropello más al federalismo, pasando sobre la soberanía de los “federados” con el pobre argumento de eliminar privilegios.

Sigo pensando que la 4T no va a quitar el dedo del renglón en su pretensión por revertir lo que se avanzó en el periodo de la “transición democrática” y darse reglas ad hoc para las elecciones del 2030.

Teniendo eso presente, es urgente no sólo poner sobre la mesa el cuestionamiento de los cambios estructurales que por la ruta de reformas y decisiones administrativas han modificado el andamiaje estatal y gubernamental, concentrando el poder para ejercerlo arbitrariamente, dejando indefensa a la ciudadanía —la ley de amparo y las facultades otorgadas a la UIF lo ilustran— y militarizando al país, por mencionar algunas cuestiones.

Pero no se trata de ir a la zaga; pongamos a la consideración pública al menos tres temas en materia política que merecen ser abiertos: presidencialismo o parlamentarismo; el sistema de partidos y la democracia y transparencia de los propios partidos.

¿Llegó el momento de ponerle un alto al presidencialismo? Al menos la pregunta debemos hacerla; es incómoda en una sociedad que durante siglos ha vivido bajo el imperio de la concentración política, del paternalismo, pero es pertinente y más a la luz de los excesos a los que nos ha llevado esa centralidad.

Pensemos por un momento en un presidente y una primera ministra emanados de gobiernos de coalición, es decir, alianzas de distintos partidos que se comprometen públicamente con un programa ejecutivo y legislativo común e integran un gabinete respaldado por el Senado.

Lo anterior podría llevar a mayor estabilidad cuando no hay mayorías claras, obligaría a acuerdos y consensos y a procurar una mayor representación de más sectores de la sociedad.

Claro, con razón se pueden aducir desventajas como maximización de conflictos internos, decisiones más lentas y riesgo de que se rompa la coalición si hay desacuerdos y esto “paralice” al gobierno.

Sin embargo, todo ello es mejor que el autoritarismo y la guerra entendida como la ausencia de la política, a pesar de Clausewitz.

Vayamos a lo segundo, algo que es un contrasentido en una democracia, un sistema de partidos cerrado. Los partidos políticos, investidos como legisladores, han incrementado las barreras a la entrada de la arena política. Antes, el registro de nuevos partidos se hacía cada tres años; ahora es cada seis.

Antes, la votación mínima requerida para conservar el registro de un partido era el 2 por ciento de la votación emitida; hoy es del 3 por ciento. Y así podríamos ver cómo se ha vuelto cada vez más rígido y más difícil el acceso de nuevas fuerzas políticas a la arena de la competencia político-electoral.

Si aspiramos a vivir en democracia, debemos abrir el sistema de partidos para dar entrada a la diversidad social y así enriquecer la deliberación pública y la representación.

Este es uno de los factores que explica el alejamiento de la ciudadanía de la política y el incremento del abstencionismo, sobre todo en las juventudes que no encuentran opciones y atractivo en un escenario estridente pero sin causas.

Lo anterior se puede atajar sustituyendo los actuales requisitos ex ante por registros condicionados para que una fuerza política pueda competir en una elección y que sea el voto de la ciudadanía el que determine su permanencia o no en la competencia electoral.

Otro tema de fondo, sin duda, es el que tiene que ver con la vida de los partidos. Estos, por lo general, son todo menos democráticos, aunque aspiran a llegar por la vía democrática a la representación y al ejercicio del poder público.

Es un contrasentido, entonces, que partidos con estructuras autoritarias, verticales, aspiren a construir una sociedad democrática. De manera tal que la democratización de la vida partidaria es algo que va más allá de cada organización; es de interés público.

Si se trata de una reforma de Estado, estos son temas que merecen una pronta reflexión y resolución nacional antes de que sea muy tarde y que el desencanto, el abstencionismo, la separación de la ciudadanía de la discusión pública y de las propias elecciones lleven a que se consoliden regímenes autoritarios, autócratas, con partidos que actúen como brazos ortodoxos que imponen sus dogmas.

POSDATA: El mundo en guerra, otro fracaso de la política, aunque, volviendo a Clausewitz, sea lo más “racional” de los conflictos bélicos; en este caso priva la sinrazón, la ambición y el odio.