Después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras 9 personas de vínculos con el Cártel de Sinaloa, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la solicitud de detener al mandatario estatal.
Tras recibir las solicitudes de detenciones provisional con fines de extradición, la SRE turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
Así lo informa un comunicado de la SRE emitido este miércoles 29 de abril.
“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, señaló la SRE en un comunicado.
Agregó que el martes 28 de abril a las 6:00 de la tarde la Cancillería recibió las solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Señaló que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.
¿De qué se acusa a Rubén Rocha en EU?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado de delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, indica un comunicado.
En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado mexicano en mención.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.
En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y recibir a cambio “millones de dólares” de los beneficios del Cártel.
Con información de EFE