De los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, millones de mexicanos, o sea el 45%, son mexicanos. Sobre ellos, el gobierno de Donald Trump ha construido la maquinaria de presión más sistemática que se haya visto en la historia migratoria moderna estadounidense. Hasta ahora, no se ha analizado públicamente el impacto catastrófico y de gobernabilidad que esta estrategia tendrá en México.
Desde el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, Donald Trump firmó más de 15 órdenes ejecutivas y memorandos con un objetivo central: construir la arquitectura legal más restrictiva en materia migratoria en la historia moderna de Estados Unidos.
Esta estratega no fue diseñada sólo para detener el flujo de nuevos migrantes, sino para hacer sistemáticamente insostenible la vida de quienes ya se encuentran dentro del país. En conjunto, esas órdenes declararon una emergencia nacional en la frontera sur y activaron poderes militares; intentaron eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una reinterpretación de la 14ª Enmienda; designaron a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras; cancelaron los programas DACA y TPS, eliminando protecciones para millones de personas; reinstauraron la política de “Permanecer en México”, cerrando el asilo como vía legal; autorizaron la construcción acelerada del muro fronterizo; ampliaron de forma drástica las categorías de personas deportables; permitieron a autoridades locales y estatales actuar como agentes migratorios; restringieron severamente visas de trabajo y turismo; presionaron al sistema bancario para identificar y excluir cuentas de posibles indocumentados; y desplegaron recursos del Departamento de Defensa para operaciones de detención masiva. Todo ello forma un sistema integrado cuyo propósito final no es sólo controlar una frontera, sino rediseñar por la fuerza la composición demográfica de Estados Unidos mediante el miedo, la exclusión financiera, la persecución legal y la deportación masiva.
Desafortunadamente para los indocumentados mexicanos, el actual gobierno de la Cuarta Transformación no tiene la capacidad, la fortaleza ni las “palancas” para negociar con Trump y su equipo la protección de los derechos de los connacionales en ese país. De hecho, las actividades políticas irresponsables de Morena en Estados Unidos abrieron investigaciones contra varios consulados mexicanos, precisamente los encargados de apoyar y brindar servicios a comunidades vulnerables.
La posición de la Cuarta Transformación y del gobierno mexicano parece ser que, eventualmente, la economía y las empresas estadounidenses resentirán el impacto de las deportaciones masivas y de la estrategia de miedo impuesta a este grupo de trabajadores fundamentales para Estados Unidos. Los trabajadores indocumentados contribuyen aproximadamente con 1.1 billones de dólares al PIB estadounidense cada año. Aportan cerca de 32,000 millones de dólares anuales al Seguro Social y Medicare, beneficios que en su inmensa mayoría nunca podrán reclamar. Su expulsión masiva ya genera escasez de mano de obra en agricultura, construcción y servicios, y contribuye a una inflación que golpea precisamente a los consumidores más vulnerables.
Hasta ahora, esta realidad no ha tenido costos políticos para Trump ni para el Partido Republicano.
Pero el impacto para México es catastrófico. Desde hace casi una década, los gobiernos mexicanos han presumido como logro las remesas enviadas por connacionales desde Estados Unidos. Ahora, las medidas sin precedentes de la Casa Blanca contra instituciones bancarias para revisar cuentas de posibles indocumentados han cortado el acceso al sistema financiero formal. De repente, muchos mexicanos dejaron de tener cuentas para cobrar salarios y enviar dinero a México. Excluidos del sistema, fueron empujados a la economía informal y a servicios de transferencia más costosos, lo que se traduce en menos dinero para sus familias.
Las remesas son el salvavidas económico más importante para México, por encima incluso del turismo y de la inversión extranjera directa. En 2023 alcanzaron un récord histórico de 63,000 millones de dólares. Pero en 2025 esa cifra cayó más de 26%: una pérdida de más de 16,000 millones de dólares en un solo año. Para México, la caída de las remesas podría representar entre 1.5% y 2% del PIB nacional: un golpe especialmente peligroso para los municipios más pobres del país.
Se entiende la preocupación de la presidenta Claudia Sheinbaum por una posible injerencia de la Casa Blanca en la política nacional o por las actividades de agencias estadounidenses. Pero el mayor riesgo para la gobernabilidad del país, a mediano y largo plazo, dependerá de la capacidad de anticipar la dramática caída de remesas y el regreso de mexicanos. Esta realidad parece no estar en el radar, ni ser prioridad para la Presidenta y el riesgo que representa esta realidad para la estabilidad del país.