La soberanía siempre suena bien en el discurso público. Nadie se opone a ella. Precisamente por eso es uno de los conceptos más peligrosos cuando se utiliza para redactar leyes ambiguas. Las normas con mayor potencial de abuso rara vez se presentan como instrumentos de control político. Casi siempre llegan envueltas en los nobles ropajes de la defensa nacional, la justicia o la democracia.
El Congreso aprobó ya la reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral. A primera vista, el objetivo parece impecable. Ningún gobierno, organización o actor extranjero debería tener la capacidad de alterar la voluntad democrática de los mexicanos. Hasta ahí, prácticamente todos estaríamos de acuerdo, debemos de reconocer que la influencia extranjera ha existido siempre. Existe cuando un gobierno extranjero presiona diplomáticamente a otro país o cuando una campaña de desinformación busca manipular la opinión pública. Existe cuando intereses económicos intentan influir en decisiones políticas.
Pero también existe cuando una calificadora internacional modifica la perspectiva crediticia de un país. Existe cuando un organismo multilateral publica un informe crítico sobre las finanzas públicas o cuando una empresa global anuncia que cancelará una inversión. Todo ello influye en la conversación pública, en las expectativas económicas y eventualmente, en el comportamiento electoral de millones de personas.
La pregunta por lo tanto sería ¿Qué tipo de influencia extranjera es tan grave, tan directa y tan demostrable que justifica anular la voluntad expresada por millones de ciudadanos en las urnas?
En el siglo XXI, la línea entre influencia, opinión, presión e intervención es extraordinariamente difícil de definir. Cuando un presidente extranjero amenaza con imponer aranceles, influye. Cuando una calificadora modifica la perspectiva de la deuda soberana, influye. Cuando un organismo internacional publica un diagnóstico crítico, influye. Cuando un inversionista global anuncia que retirará capital de un país, influye. Cuando un mensaje viral emitido desde el extranjero altera percepciones o mueve mercados, también influye. ¿Dónde termina entonces la diplomacia legítima y dónde comienza la injerencia? ¿Dónde termina el análisis económico y dónde comienza la manipulación electoral? ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la intervención extranjera?
Las respuestas no son evidentes. Precisamente por eso una definición deficiente puede convertirse en un problema mayor que el que intenta resolver. Una democracia sana resuelve las elecciones principalmente en las urnas. Una democracia enferma comienza a resolverlas en los tribunales. Si la noción de injerencia extranjera queda formulada de manera ambigua, cualquier actor político que pierda una elección tendrá incentivos para buscar declaraciones, publicaciones o acontecimientos internacionales que le permitan cuestionar el resultado. Peor aún, una definición demasiado amplia podría generar incentivos para fabricar o inducir esas mismas intervenciones.
Imaginemos a un candidato que anticipa una derrota. Bastaría con que algún aliado, simpatizante o contacto extranjero emitiera declaraciones polémicas durante la campaña para que posteriormente pudiera argumentarse que el proceso quedó contaminado por una influencia externa. La paradoja sería extraordinaria.
La experiencia internacional demuestra que las acusaciones de interferencia extranjera suelen convertirse rápidamente en armas políticas. Por eso también resulta inevitable examinar la consistencia de quienes impulsan esta reforma. En 2023, Andrés Manuel López Obrador llamó públicamente a los mexicanos e hispanos residentes en Estados Unidos a no votar por el Partido Republicano. También intervino activamente en debates políticos relacionados con Bolivia y Perú. La explicación fue que simplemente estaba ejerciendo su derecho a opinar, precisamente ahí aparece la contradicción.
Cuando México opina sobre procesos políticos extranjeros suele hablarse de libertad de expresión, solidaridad internacional o compromiso democrático. Cuando un extranjero opina sobre México, puede llegar a considerarse una amenaza contra la soberanía nacional.
Sabemos que la influencia extranjera existe y que seguirá existiendo mientras México forme parte de una economía abierta y de un sistema internacional interconectado. Una democracia necesita mecanismos para defender su soberanía. Pero necesita todavía más mecanismos para evitar que la soberanía se convierta en una excusa para cuestionar cualquier resultado electoral que no le guste a alguien.