La embajada de Estados Unidos en México informó este martes que la oficina de Operaciones de Deportación y Control de Inmigración de aquel país (ICE ERO) en Los Ángeles, California, deportó a territorio mexicano a Uriel Ríos-Muñoz, de 31 años, a quien identificó como una persona con condena previa por transportar personas indocumentadas con fines de lucro.
A través de redes sociales, las autoridades estadounidenses afirmaron que Ríos-Muñoz decía ser afiliado del Cártel de Sinaloa y que había cruzado de manera irregular la frontera en múltiples ocasiones desde 2011.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no divulgaron en esas publicaciones detalles adicionales sobre el lugar exacto de entrega, el procedimiento seguido en México ni documentos judiciales del caso.
En tanto, las autoridades mexicanas tampoco emitieron una postura pública sobre este expediente en particular.
El caso ocurre en un momento de endurecimiento de la política migratoria y de seguridad de Estados Unidos, mientras ICE señaló que ERO coordina detenciones y operaciones de remoción de extranjeros sujetos a deportación, incluidas acciones con socios internacionales.
Además, el Gobierno de Estados Unidos anunció esta semana restricciones de visa para 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, como parte de su presión contra redes del narcotráfico en la región.
Polémica por incursión de agentes de EU en México
La difusión del caso también se da en medio de un contexto sensible en la relación bilateral en materia de seguridad, después de recientes cuestionamientos en México por la participación de agentes estadounidenses en acciones contra el crimen organizado que ya son investigadas por el Gobierno de México y por el cual la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que podría emitir un extrañamiento, ya que están prohibidas las operaciones conjuntas en territorio mexicano.
El caso estalló después de que la Embajada estadounidense confirmara la muerte de dos funcionarios de EU y dos investigadores chihuahuenses en un accidente en la sierra, luego de acciones contra laboratorios clandestinos en Morelos, en el mismo norteño estado de Chihuahua.
En un principio, el fiscal estatal declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del narcolaboratorio y que realizaban labores de adiestramiento.
La polémica creció cuando The Washington Post reportó que los dos funcionarios estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico, en un contexto de mayor presión de Washington sobre México en materia de seguridad y de sensibilidad política por la soberanía nacional.