Según declaraciones de la jefa de Gobierno de la CDMX, en la ciudad casi 2 millones de personas son inquilinos de vivienda. Entre 2019 y 2023 las rentas en algunas zonas de la ciudad subieron más del 30 por ciento.

Hoy los hogares más pobres destinan hasta la mitad de sus ingresos al arrendamiento. Solo en 2020, cerca de 500 mil personas fueron expulsadas de la ciudad.

Para atender esta problemática, Brugada presentó la semana pasada la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, con una reforma a la constitución local.

La iniciativa propone: una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible; para asegurar el acceso adecuado a las mismas, ordena limitar el aumento de las rentas al tope de la inflación; establece la creación de una institución que acompañe a arrendatarios y arrendadores en sus diferencias; y eleva a rango constitucional, el arraigo vecinal y comunitario junto al vínculo social, cultural, económico y territorial.

En papel, el diagnóstico es acertado y la propuesta de solución pinta correcta. Cierto es que las personas que rentan una vivienda estarían mucho más protegidas bajo este régimen.

Sin embargo, el problema es que mientras se presenta la reforma antigentrificación, el Mundial de 2026 vino a acelerar y amplificar un problema que la ley, a estas alturas, no va a poder remediar.

En la CDMX los desalojos de edificios completos, frecuentemente sin órdenes judiciales, se han vuelto cada vez más comunes. Desde 2023 se han abierto al menos 81 expedientes por posibles desalojos o desplazamientos forzados (CDHCM, Balance de Actividades 2025).

La razón detrás de esta medida tan violenta es económica. Resulta más redituable para los dueños desplazar a los residentes originales para reemplazarlos con inquilinos de corta estancia. Recordemos que, si bien la vivienda es un derecho social, también lo es un bien de inversión.

Para incorporar inmuebles a plataformas de hospedaje temporal, basta con recurrir a ciertos mecanismos legales como no renovar un contrato de arrendamiento, adelantar su vencimiento o ajustar sus plazos.

Gracias a estas maniobras jurídicas, la oferta de rentas de corta estancia ha crecido de forma notable. Solo en el primer semestre de 2025, en promedio, cada dos días se sumaron 3 viviendas completas a este mercado.

En una situación ordinaria, los riesgos y beneficios de las rentas de corto plazo son más o menos comparables a las de mediano o largo vencimiento.

Sin embargo, para la semana inaugural del Mundial 2026, las tarifas de renta temporal se han cotizado entre 85 y 350 mil pesos en algunas colonias, lo que hace obvio el interés de los dueños de inmuebles para migrar de un sistema a otro (SECTUR, 2026).

El dato interesante es que el límite a las plataformas, como Airbnb, que el Congreso de la CDMX aprobó en 2024, sigue sin aplicarse.

La Ley de Turismo capitalina establece un límite de 180 noches al año para renta a través de plataformas digitales, pero aproximadamente 28 por ciento de las propiedades exceden ese tope (Acento Noticias, 2026).

Con esta falla, la realidad permite que los habitantes permanentes de la CDMX se intercambien por visitantes temporales. El derecho a la vivienda no se garantiza con buenas iniciativas legislativas que conviven con omisiones deliberadas de política pública.

Entiendo el interés económico que válidamente buscan los propietarios de los inmuebles, sin embargo, es esencial que se cumplan los límites al hospedaje turístico, pues de lo contrario el beneficio lo tendrán en realidad los visitantes extranjeros.

La derrama económica que trae consigo ser una de las sedes del Mundial debe ser un activo para la CDMX y no un mecanismo que se financie con el desplazamiento.

La voluntad política en la aplicación de las leyes debe ser, siempre, nuestro punto de encuentro, antes que aplaudir la presentación de más iniciativas que solo abonen el discurso público.