El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, realizará la próxima semana una visita a México para evaluar con las autoridades locales, organizaciones humanitarias y activistas el aumento de los desaparecidos, que ya superaron los 133,000 casos, y la profundización de la crisis forense.

La visita de Türk se dará en medio de las tensiones que surgieron entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) tras el reporte que presentó a inicios de mes en el que solicitó, en una decisión sin precedentes, que se lleve el caso México a la Asamblea General para que sopese medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.

Sheinbaum anunció el jueves en su conferencia matutina que se reunirá la próxima semana con el alto comisionado quien también sostendrá encuentros con funcionarios de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación.

Desde el 2000 a la fecha al menos tres altos comisionados de derechos humanos de la ONU han visitado México, entre ellos Louise Arbour en 2007 y Zeid Ra’ad Al Hussein en 2015.

La mandataria detalló que durante la visita las autoridades le informarán a Türk sobre lo que se ha realizado para apoyar a las víctimas y atender el delito de desaparición, y agregó que también se recibirán sus opiniones.

La oficina del alto comisionado de los derechos humanos y el CED forman parte del sistema de la ONU, pero responden a mandos distintos y tienen plena independencia, por lo que no se prevé que la visita de Türk pueda influir en la postura del comité sobre la situación de México.

Hallazgos recientes de restos en México

El arribo del alto comisionado se dará en un momento álgido pues coincidirá con los recientes hallazgos de cientos de restos óseos que encontraron a las afueras de la capital grupos de personas que buscan por su cuenta a sus familiares desaparecidos. Según la fiscalía local los restos corresponderían a al menos tres personas.

El colectivo local Guerreros Buscadores de Jalisco también informó esta semana la localización de “molares, placas y diversos indicios óseos” en una fosa séptica del Rancho Izaguirre, ubicado a las afueras de Guadalajara, que fue intervenido el año pasado por la Fiscalía General de la República tras la denuncia que hizo el mismo grupo sobre la presencia de numerosos restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir en el lugar.

Los activistas han cuestionado los pocos avances que ha habido en las investigaciones del Rancho Izaguirre que era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de entrenamiento.

¿Por qué Sheinbaum criticó el informe de la CED?

Sheinbaum criticó duramente el informe de la CED alegando que se ignoró las acciones que ha realizado su gobierno para enfrentar la crisis, y sostuvo que el análisis se basó en casos ocurridos en cuatro estados mexicanos entre 2009-2017 y que los resultados “los extrapolan hasta 2025”.

También rechazó la afirmación de la CED de que en México podrían estar ocurriendo desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”, y dijo que para que se dé ese tipo penal se requieren “ataques sistemáticos contra la población civil” por parte del Estado.

En su informe la CED también expresó preocupación por la crisis forense sin precedentes que enfrenta México con más de 70,000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes.

El problema de desaparecidos en México se remonta al último tercio del siglo XX, pero a partir de 2006, cuando se inició la guerra frontal contra el crimen organizado, las cifras se dispararon, sin que se hayan logrado contener hasta la fecha.

En un intento por hacer frente a esta crisis, el año pasado Sheinbaum anunció una serie de reformas para agilizar las búsquedas, y a finales de marzo presentó una revisión del registro nacional de personas desaparecidas.

Organizaciones humanitarias locales criticaron dicha revisión, asegurando que las debilidades en los registros revelan la enorme impunidad que existe en el país sobre esos casos, y consideraron que las nuevas clasificaciones no tienen fundamento legal.