El orden internacional se encuentra bajo presión precisamente cuando más se le necesita. Los Estados se están encerrando en sí mismos, impulsados por el resurgimiento del nacionalismo y el escepticismo populista hacia las instituciones multilaterales, pero el mundo en el que viven sigue estando estructuralmente globalizado de tal manera que esos giros hacia el interior tienen consecuencias profundas.

Cada año se registran mil quinientos millones de llegadas de turistas internacionales. Un patógeno endémico de un remoto valle de la Patagonia se encuentra, como mucho, a un vuelo de larga distancia de Madrid, Londres o Tokio. La primavera de 2026 lo demostró con dolorosa precisión.

Cuando una pareja holandesa que realizaba una expedición de observación de aves por Argentina, Chile y Uruguay embarcó en el crucero MV Hondius en Ushuaia el 1 de abril, llevaba consigo, sin saberlo, el virus de los Andes, la única cepa de hantavirus conocida que se transmite entre humanos. Tres personas fallecieron antes de que el barco atracara en Tenerife para llevar a cabo las evacuaciones médicas.

Lo que activó la respuesta internacional no fue la cortesía diplomática, sino el derecho. En su histórica sentencia de 1949 sobre el Canal de Corfú, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que los Estados están obligados por «consideraciones elementales de humanidad» en virtud del derecho internacional consuetudinario, independientemente de cualquier obligación específica derivada de un tratado, lo que significa que un buque que transporte personas en peligro de muerte genera obligaciones para todo Estado con capacidad de actuar, independientemente del pabellón que enarbole, la nacionalidad de quienes se encuentran a bordo o el costo político interno de la asistencia.

Esas obligaciones se ven reforzadas además por el derecho a la vida recogido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que impone deberes positivos a los Estados capaces de prevenir la pérdida previsible de vidas humanas.

Sin embargo, traducir esas obligaciones en una respuesta operativa requiere una infraestructura institucional. Ahí es donde la OMS se vuelve indispensable. Al operar principalmente a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), este regula y obliga legalmente a los 197 Estados partes a detectar, evaluar, notificar y responder a los riesgos para la salud pública y las emergencias de importancia internacional, incluidas las pandemias, creando una arquitectura de vigilancia que depende del intercambio recíproco de información.

Cuando los principales contribuyentes se retiran, se producen dos consecuencias. En primer lugar, de carácter financiero: la salida de Estados Unidos, históricamente el mayor donante individual, ha creado déficits de financiación que afectan de manera desproporcionada a la vigilancia precisamente en aquellos entornos donde surgen con mayor frecuencia los nuevos patógenos. En segundo lugar, se produce una erosión de la responsabilidad jurídica. Los mecanismos de cumplimiento del RSI solo funcionan dentro de una ecología política de compromiso compartido.

A medida que los principales Estados dan a entender que el marco es opcional, otros ven mermados sus incentivos para informar de forma transparente. El resultado no es meramente un riesgo moral; es una degradación estructural del sistema de alerta temprana sobre el que se sustenta todo el edificio.

Cuando el Hondius se encontró varado frente a Cabo Verde, la OMS y la UE solicitaron formalmente a España que gestionara la evacuación. Este brote de hantavirus, directamente, ilustra la aplicación de las capacidades básicas del RSI en los puntos de entrada, en particular en la gestión de una emergencia de salud pública internacional que implica viajes transfronterizos. El Ministerio de Sanidad español aprobó el atraque en Tenerife, invocando explícitamente el derecho internacional y los principios humanitarios.

El presidente regional de Canarias declaró inmediatamente que «no podía permitir» la entrada del barco, una postura políticamente comprensible pero jurídicamente insostenible. El deber de asistencia codificado en el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) es una norma del derecho internacional consuetudinario que no admite ninguna derogación unilateral por parte de una autoridad nacional o regional, precisamente porque la alternativa, es decir, un mundo en el que los Estados puedan sopesar el costo político del rescate frente a las vidas en juego, es algo que el ordenamiento jurídico internacional ha rechazado explícitamente.

La anulación por parte del gobierno central de la autoridad regional no fue, por lo tanto, meramente defendible desde el punto de vista político, sino que era una obligación legal. La operación que se llevó a cabo el 10 de mayo, en la que se controló a pasajeros de 19 nacionalidades y se les dispersó en aviones militares hacia sus respectivos países, funcionó gracias a la infraestructura de coordinación de la OMS. Diecisiete ciudadanos estadounidenses fueron evacuados a Nebraska, beneficiándose directamente de un sistema al que su propio gobierno estaba retirando la financiación al mismo tiempo.

El caso del Hondius pone de relieve un problema más amplio y en gran medida sin resolver: el derecho internacional regula el mar a través de un mosaico de instrumentos que siguen siendo insuficientes para las crisis a las que se enfrenta habitualmente. El artículo 98 de la CNUDM y el capítulo V del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) imponen a todo capitán de buque, y a los Estados ribereños con la capacidad pertinente, la obligación de prestar asistencia a las personas en peligro en el mar, independientemente de su nacionalidad o situación jurídica.

Sin embargo, ese mismo marco falla de manera evidente en otros contextos.

Los migrantes que cruzan el Mediterráneo tienen, por ley, exactamente el mismo derecho al rescate que los pasajeros del Hondius, pero se han retirado los medios de rescate, se han detenido buques de ONG por cumplir con su deber legal y continúan las devoluciones informales a Libia, en abierto desafío al principio de no devolución. La ley es idéntica; su aplicación, no. Lo que difiere no es el texto legal, sino la voluntad política de hacerlo cumplir y la visibilidad de quienes se encuentran en peligro.

A otra población le va aún peor. Miles de marinos mercantes, tripulantes de Filipinas, India y Egipto, permanecen varados a bordo de buques en el Golfo Pérsico, sin poder rotar ni ser repatriados como consecuencia del conflicto regional. El Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 impone obligaciones claras a los Estados de pabellón y de puerto en materia de bienestar y repatriación, pero fue diseñado para el fracaso comercial, no para la parálisis geopolítica. Para estos trabajadores, ningún instrumento ofrece una protección adecuada precisamente en las circunstancias en las que más la necesitan.

El episodio del Hondius, junto con la difícil situación de los migrantes del Mediterráneo y de los marinos varados en el Golfo, revela una única verdad subyacente: la arquitectura jurídica internacional es lo suficientemente sofisticada como para articular obligaciones arraigadas en el principio de humanidad, pero lo suficientemente frágil como para derrumbarse cuando se retira la voluntad política. La OMS necesita una reforma, pero la reforma no es sinónimo de retirada. El mar siempre ha sido el espacio donde la brecha entre la aspiración jurídica y la realidad política es más evidente. Cerrar esa brecha no requiere menos multilateralismo, sino el valor de exigir más de él.