Hay narcopolíticos en Morena —como los ha habido desde hace décadas en el PRIAN—, aunque ahora fortalecidos por la política lopezobradorista de los abrazos; también los hay dentro de Estados Unidos, aunque su gobierno sólo les dedique un párrafo de su “Estrategia Nacional para el control de Drogas” publicada esta semana, la cual identifica a la frontera con México como el epicentro del narcotráfico en su territorio.

Dicho eso, dejo el tema como mero pretexto para cubrir la confrontación inevitable entre el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum con la ideología y políticas de Donald Trump, quien entiende el poder del Estado como negocio, sin adjetivos sociales.

Trump sigue una política brutal en la que los intereses de los grandes negocios, los suyos incluidos, y en particular los de las corporaciones que libran la batalla tecnológica con los avances de China, son los que harán grande a Estados Unidos otra vez.

Su gobierno considera que para que los negocios de las grandes corporaciones puedan competir con los desafíos tecnológicos de China, deben estar respaldados por un gobierno intransigente, fuerte, y por una sociedad estadounidense imbuida de la idea de que el apoyo a los intereses de esas corporaciones es una “razón de Estado” que las exime de cualquier regulación o limitaciones a su actividad.

Claro que la caída en la popularidad de Trump entre sus conciudadanos muestra, una vez más, que no hay poder autoritario frente al que la realidad no sea más terca.

En la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum importan las inversiones privadas y el éxito de sus negocios, pero en un marco de progreso socialmente incluyente, promovido por un Estado guiado por el bienestar social.

En lo esencial, la transformación propuesta por Morena consiste en cambiar la función regresiva en la distribución del ingreso que desempeñó el Estado durante los últimos 40 años; los programas sociales y aumentos al salario mínimo van en ese sentido, aunque la 4T ha desechado cualquier reforma fiscal progresiva que incidiera en la distribución de la riqueza.

El neoliberalismo tuvo éxito en sus fines nacionales e internacionales al liberalizar el desempeño empresarial de interferencias político-sociales y ambientales, lo que tuvo como consecuencia la concentración de riqueza y poder en las corporaciones que entraron a esas lides globales con ventajas tecnológicas.

Para facilitar la consecución de esos propósitos, en gran parte del mundo —en México sin falta—, se le restó poder de negociación a los sindicatos, se disminuyeron los salarios en términos reales y se precarizan las condiciones laborales, se mercantilizaron los servicios públicos de salud y educación y se encareció la vivienda, todo lo cual no podía tener otro efecto que el de acentuar las desigualdades y la pobreza.

El éxito neoliberal se debe primordialmente a que el poder económico subordinó al poder político para hacer que desde el Estado se ajustaran constituciones y leyes, procedimientos judiciales y políticas económicas de gobiernos a los intereses de las corporaciones.

En México lo mismo que en España o Alemania se rediseñaron funciones institucionales, se privatizaron recursos públicos, se reorientaron otros para abrir o facilitar la apertura de espacios a las inversiones empresariales.

Durante el gobierno de Salinas se privatizaron alrededor de mil 300 empresas públicas, como Aeroméxico y Telmex, Imevisión y TV Azteca (que era el sistema público de televisión creado en los años ochenta para competir con Televisa en el manejo de la información); empresas en siderurgia y minería como Altos Hornos de México; se concesionaron carreteras que luego tuvieron que ser rescatadas por el erario público, igual que lo sería el sistema financiero y bancario privatizado por Salinas y rescatado por Ernesto Zedillo, que permitió su extranjerización.

México es el único país del mundo en el que la administración del ahorro nacional recae en bancos extranjeros.

Ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad se privatizaron, pero se permitió su extremo deterioro operativo por falta de mantenimiento, lo que hizo aparecer la apertura de esos sectores a las inversiones privadas durante el gobierno de Peña Nieto como su salvación.

Hoy por hoy, el mayor desafío del gobierno de Sheinbaum para poder resistir a las presiones de Trump, es que las inversiones productivas de capital nacional, el empleo formal y el consumo del mercado interno aceleren su crecimiento; el incremento anual promedio del PIB de México entre 2000 al 2018 fue de 1.9 por ciento y el de 2018 a 2025 apenas avanzó 1.1 por ciento.

Sólo las inversiones extranjeras directas muestran algún dinamismo.

Superar esas cotas es condición del éxito de las necesarias transformaciones que contempla el proyecto de gobierno de Sheinbaum.

La alternativa es que la hegemonía económica global que promueve el gobierno de Donald Trump termine por arrebatarle cualquier decisión a oligarquías como la mexicana y que Morena sea desplazado en 2030 por un gobierno de derecha, como el de Milei en Argentina o Daniel Noboa que invadió la embajada mexicana en Quito.

Restringir todo margen de acción del gobierno de Sheinbaum y de la oligarquía mexicana es lo que sin duda tratará Trump de imponer en la revisión del T-MEC.

Ese es su verdadero interés, no acabar con el narcotráfico, que es un gran negocio; probablemente Washington quisiera someter a los cárteles a la autoridad pública, tal como funcionan en Estados Unidos.