Sabemos que, rumbo a la elección de 2024, López Obrador utilizó recursos públicos para dar la impresión de que la economía funcionaba a través de la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, además de ampliar los programas de reparto de efectivo. Estimo que, incluyendo el costo financiero, se utilizaron con ese fin cuatro billones de pesos, un incremento en la deuda pública de 25%.

Sabemos ahora, además, que su movimiento recibió el apoyo directo e indirecto de grupos del crimen organizado, tanto en 2021 como en 2024. Sabemos que los resultados de la elección no le dieron mayoría calificada a ese movimiento, que la obtuvo mediante un golpe de Estado gestado a través del INE y el TEPJF. En el caso del Senado, utilizaron además chantaje y corrupción para obtenerla.

No podemos saber cuál hubiera sido el resultado de la elección de 2024 sin el uso de los recursos públicos ni el apoyo de los criminales, pero es razonable pensar que ni siquiera habrían obtenido la mayoría simple.

Con base en lo anterior, debemos pensar que las decisiones tomadas por un Congreso ilegítimo no pueden ser válidas, y podría considerarse la aplicación del artículo 136 constitucional, aunque la ruptura de la legalidad no tenga su origen en una rebelión. Esto anularía, entre otras cosas, la destrucción del Poder Judicial.

Es una discusión importante porque todo indica que el cambio de interpretación en Estados Unidos acerca de los grupos del crimen organizado en México, ahora entendidos como amenaza a su seguridad nacional, responde precisamente al cambio cualitativo ocurrido a partir de 2021. Si bien llevamos décadas con este tipo de grupos, genéricamente llamados narcotraficantes, su transformación en gobiernos paralelos (especialmente a partir de 2015) y su asociación con la cúpula del poder político (a partir de 2018) es lo que da sustento a la idea de un “narco-Estado”. La destrucción del marco jurídico a partir de 2024 parece haber confirmado el tránsito de México a un sistema autoritario imbricado con el crimen organizado. “Gobernado por los cárteles”, dice Trump.

La amplísima lista de gobernadores, legisladores y funcionarios sobre la que se especula en medios, en todos los casos con abundante información pública, pone en duda la posibilidad de que el gobierno actual (en todos los niveles) pueda funcionar.

Este momento obliga a buscar soluciones “fuera de la caja”. La creación de un gobierno de unidad nacional, por ejemplo, aislando esa amplia lista y revirtiendo las acciones de la actual Legislatura, resolvería buena parte del problema. La señora Sheinbaum tiene la posición legal para hacerlo, pero tendría que enfrentar a su antecesor y a buena parte de su movimiento. Sin embargo, seguir como hasta ahora le asegura un deterioro político y económico muy acelerado, con un final no muy diferente, pero con un camino más costoso.

Después de ocho años sin gobierno, hemos agotado las reservas que teníamos: financieras, económicas, de gestión pública, e incluso de ánimo. Porque estos ocho años han sido nada más de acumulación de poder para el movimiento y sus socios, de saqueo, pero no de gobierno. No hay intermediación entre grupos, no hay solución a conflictos, no hay nada más que reparto de efectivo, propaganda, y promesas que, ocho años después, ya suenan totalmente vacías.

Si bien la presión que viene del norte es institucional, y no sólo es ocurrencia de Trump, no se debe menospreciar la urgencia política que tiene él rumbo a noviembre, para sus elecciones intermedias. Esto significa que la ventana de oportunidad para una solución es muy pequeña.

Situaciones inéditas exigen decisiones inéditas. Imagino lo difícil que debe ser aceptar el inmenso fracaso del movimiento, pero no veo otra salida. Es sólo una sugerencia.