¡Qué mal hábito! Ese de permanecer en continua confrontación con diferentes sectores para hacer política, para controlar la narrativa, para dominar la escena pública, para golpear —todavía más— a la oposición.

Lo aprendió de su mentor, padrino y antecesor: Andrés Manuel.

Hay que estar peleando, con alguien, con algo, con institución u organismo, contra el eterno imperialismo yanqui, contra quienes no reconocen a las izquierdas latinoamericanas.

Es una compulsión de ejercicio y de estructura política, pero también de comunicación.

Claudia Sheinbaum se lanza a la defensa del señalado gobernador con licencia Rubén Rocha en la argumentación pueril de unas pruebas aún no presentadas.

¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficio político le trae tomar el lado de lo indefendible?

No es un tema de causas, tampoco un tema de principio partidista —“nosotros nos cubrimos unos a otros, aunque aparezcan hampones, narcos, criminales o corruptos”— parece más bien el muy rentable, ciertamente desgastado, tema de la soberanía.

“Ningún gobierno extranjero nos va a venir a decir cómo gobernar”, muy válido, lícito y hasta sustentado en derecho internacional.

Pero aquí hay muchas variantes. El gobierno de Estados Unidos —vecino y socio comercial, migratorio y también en materia de seguridad— exige la entrega de unos presuntos culpables señalados por narcotráfico y tráfico de armas, y el gobierno mexicano lanza una cruzada para atacar a la oposición, a los medios y por supuesto, a Trump.

¿Le conviene a México la defensa a ultranza de la presidenta en torno a un caso extremadamente sensible, ostentosamente cuestionable por dineros, financiamiento, muertos de por medio y muchas evidencias más en torno a la narcopolítica en Sinaloa?

La presidenta de México una vez más equivoca el tono, el discurso y sobre todo, la puntería. Los enemigos no son ni los medios, ni la oposición, ni los “injerencistas” de Washington.

Los enemigos, presidenta, son los criminales. Esos a quienes el gobierno de López Obrador les otorgó carta blanca, movilidad absoluta, repliegue no combativo de las Fuerzas Armadas, libertad plena para actuar, operar, extorsionar y ampliar sus negocios a los combustibles, al gas, al tráfico de personas, y por supuesto, las muchas derivaciones de drogas naturales y sintéticas.

Donald Trump ha utilizado el combate al fentanilo como un discurso de campaña y de gobierno muy potente frente a sus seguidores, cierto.

Ha ejercido presión descomunal contra los temas migratorios y el control del tráfico de personas sin documentos, cierto.

Ha cruzado argumentos de seguridad y de migración con temas comerciales, prioritarios para México, pero también para Estados Unidos, cierto.

Ha amenazado una y otra vez, tan solo el día de ayer, con intervenir en operativos militares para detener, cazar, neutralizar a los narcotraficantes, cierto.

Todo eso es una verdad catedralicia.

Pero lo es también que los gobiernos mexicanos en los estados críticos, y también a nivel federal, han sido omisos, permisivos y poco eficientes hasta las recientes acciones del actual secretario de Seguridad.

La presidenta ha lanzado un rosario de acusaciones en contra de quienes piden investigaciones, acción coordinada con las autoridades americanas, y la realización de una limpieza a fondo del sistema político mexicano.

La presidenta lo interpreta como una afrenta personal: “nadie nos va a decir cómo gobernar”.

Su papel constitucional no consiste en defender a políticos o cófrades partidistas: su función constitucional radica en la representación del pueblo de México y la defensa de los intereses de los ciudadanos.

Está en los intereses de los mexicanos acabar con los narcotraficantes, detenerlos, enjuiciarlos, procesarlos de forma definitiva. Devolver márgenes y espacios de seguridad para la convivencia ciudadana, para el florecimiento de la economía, el comercio, el empleo.

No está en los intereses ciudadanos defender a políticos corruptos que se beneficiaron de acuerdos con narcotraficantes a cambio de campañas, dineros y la “pax narca”.

Continuar con la cantaleta de la guerra de Calderón, el aumento de la criminalidad en sexenios anteriores, los delitos desbordados como efecto de estrategias equivocadas, etcétera, no sirve a nadie, no abona en beneficio de nadie, mucho menos del país.

Vivir de la confrontación como eje discursivo, produce una polarización extrema que daña profundamente a México.

El reclamo a los empresarios por la no inversión, debiera plantearse como pregunta inversa: ¿cómo revertir la desconfianza que impide la inversión seria y comprometida de los empresarios mexicanos?

Ese sería el principio de una discusión productiva, en vez de la continua, desgastante y errática confrontación.