México busca la pacificación, pero muchos de sus policías carecen de las condiciones mínimas para construir siquiera una carrera profesional.

Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional se ha reducido cerca de 40 por ciento. Sin embargo, estos resultados conviven con una realidad menos alentadora.

Hoy, México todavía es más violento que hace diez años. La violencia letal —que incluye homicidios, feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida— aumentó 68.2 por ciento entre 2015 y 2025.

Esto sugiere que la estrategia actual de contener a los generadores de violencia podría estar produciendo efectos positivos de corto plazo. Sin embargo, el país aún está lejos de entrar en un proceso sostenido de pacificación.

Las reducciones momentáneas en la cifra de homicidios pueden disminuir presiones políticas inmediatas, pero los resultados sostenidos son socialmente más relevantes. Para ello, se requiere un ecosistema de seguridad sólido.

El punto de partida sería contar con policías municipales capaces de prevenir, responder y coordinarse con las fuerzas federales y estatales.

Aquí aparece un obstáculo: las policías municipales trabajan en condiciones de precariedad. Aunque esta limitante está ampliamente reconocida por autoridades, empresarios, académicos y organizaciones civiles, poco o nada ha cambiado. Las policías municipales siguen siendo víctimas de un déficit institucional acumulado por décadas.

El Estado mexicano nunca construyó mecanismos robustos para retribuir, profesionalizar y sostener a las policías locales. Como resultado, tampoco desarrolló políticas adecuadas para asignar y operar recursos de forma eficiente que permitan cerrar estas brechas.

No es un problema marginal. El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, publicado recientemente por INEGI, exhibe la magnitud de las condiciones de precariedad y las debilidades estructurales en la seguridad local.

En México existen 164,224 policías municipales. De ellos, ocho de cada diez no cuentan siquiera con plaza de base. En Baja California Sur y Tlaxcala, ningún policía municipal tiene una plaza de este tipo.

En materia salarial, al menos la mitad de los policías municipales perciben ingresos inferiores a los 16 mil pesos que sugiere el Gobierno federal. En Campeche, San Luis Potosí y Sonora, es aún mayor la proporción de agentes que no alcanzan ese sueldo.

Las prestaciones laborales muestran un panorama igualmente preocupante. Nueve de cada diez policías municipales no tienen seguro de gastos médicos mayores o acceso a crédito para vivienda.

En Tlaxcala y Colima ningún policía municipal puede siquiera pedir un préstamo para comprar casa: no se ofrece la prestación o no se considera en la legislación.

Las implicaciones van mucho más allá del bienestar individual. La precariedad incrementa la rotación, dificulta que los agentes se profesionalicen y puede aumentar los riesgos de corrupción.

Cualquier esfuerzo de capacitación, certificación o equipamiento pierde eficacia cuando las instituciones no ofrecen los incentivos mínimos para construir carreras policiales duraderas y fortalecer vínculos de largo plazo con la ciudadanía.

No obstante, estamos frente a una oportunidad para que este panorama cambie. En 2027 se renovarán gobiernos estatales y municipales en numerosos territorios del país, incluyendo varios de los estados mencionados en esta columna.

Si los gobiernos locales quieren detonar procesos sostenidos de reducción de la violencia en sus territorios y atender la exigencia de seguridad de su población, no hay mejor camino que incorporar compromisos concretos de fortalecimiento policial local.

No basta con desplegar fuerzas o contener temporalmente a los generadores de violencia; también se deben construir instituciones capaces de sostener esos resultados en el tiempo.

Ya hay diagnósticos, herramientas y propuestas disponibles. México Evalúa, por ejemplo, desarrolló basada en un Estándar de Condiciones Laborales que identifica condiciones mínimas, costos, mecanismos de financiamiento y rutas de implementación. ¿Habrá voluntad?