La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este jueves un paquete de reformas que buscan dinamizar y descentralizar la economía nacional, bajo una fuerte ofensiva de medidas coercitivas unilaterales y bloqueo petrolero de EE.UU. que ha agravado a niveles extremos la crisis económica y humanitaria en la isla.
Las medidas abarcan un amplio abanico de áreas, desde el modelo de desarrollo turístico, transformaciones en las formas de propiedad en el ámbito económico y el sistema de subsidios y protección social, hasta una ampliación del marco para la inversión extranjera, reforma salarial y autonomía local.
Al anunciar la creación de un grupo de trabajo para gestionar el efecto que tendrán las medidas «de impacto estratégico» en el ordenamiento jurídico cubano, el primer ministro, Manuel Marrero, sostuvo este jueves que «no son rígidas» y no se conciben como una renuncia a la construcción del socialismo, sino que son «condición indispensable para su preservación».
«Cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno Revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que sea necesario para salir de ella», dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en la sesión parlamentaria extraordinaria que analizó el paquete de medidas.
Díaz-Canel afirmó que «Cuba, nuestra amada Cuba, vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla». Subrayó que «el concepto de Revolución que el Comandante en Jefe nos legó, en sus propias palabras, sigue increpándonos 26 años después» y agregó: «Es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado».
El jefe de Estado señaló que «con plena conciencia del momento que vivimos y con el respeto que merece cada cubana y cada cubano que está dando su extra en estos tiempos complejos, no podemos pensar y actuar como en tiempos normales, porque no son tiempos normales».
«Tampoco podemos creer —añadió— que haciendo lo mismo y de la misma manera, podremos superar este difícil momento».
Denunció que «la dura realidad que nos impone este castigo colectivo en la economía, la sociedad y la familia cubanas, se deriva de una persecución financiera real, diaria, que obstaculiza y encarece al máximo cada gota de combustible, cada medicamento, cada producto alimenticio, cada pieza y cada tecnología que el país necesita».
Cuba —recordó el mandatario— «resiste heroica y creativamente un castigo bárbaro, inmerecido, insoportable, al que ahora se añade la amenaza de agresión militar y siempre la mentira, todo dentro de un conjunto que opera como arma estratégica contra la resistencia colectiva».
En ese contexto se insertan las medidas aprobadas este jueves, destinadas a «romper el cerco de quienes se empeñan en asfixiarnos y lo confiesan sin ningún escrúpulo, al mismo tiempo que nos culpan cínicamente de la crisis que ese propio cerco provoca», dijo Díaz-Canel.
En lo que va de 2026, el bloqueo petrolero ha hecho que solo un barco de petróleo entrara a Cuba (el ruso Anatoly Kolodkin, en marzo). A la par, las nuevas olas de medidas coercitivas unilaterales, emitidas en mayo y que entraron en vigor en junio, establecen fuertes castigos para empresas extranjeras con negocios en la isla.
La posibilidad de sufrir sanciones (desde congelación de activos hasta restricciones de uso de dólares) y el deterioro de la economía cubana producto de las propias sanciones, han hecho que en las últimas semanas cerraran parcial o totalmente sus operaciones en la isla compañías como las canadienses Sherritt y Blue Diamond, las españolas Meliá e Iberostar y varias aerolíneas internacionales.
El paquete de medidas aprobado este jueves en sesión extraordinaria del Parlamento incluye algunas dirigidas a redefinir el modelo de desarrollo turístico y modernizar el sistema de transporte, con una mayor apertura a formas de gestión no estatales, inversión extranjera y esquemas de negocio.
Además de arrendamientos, usufructo sin carácter oneroso y la venta de inmuebles —evaluada caso a caso— tanto para cubanos residentes en el país como en el exterior.
El paquete contempla la entrada de «nuevos actores» en el sector turístico bajo «nuevas modalidades», el fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.
Abre espacio a todas las modalidades de negocio en destinos estratégicos como los cayos, La Habana Vieja, Trinidad y otros territorios de alto potencial turístico, autoriza el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas que lo requieran y habilita empresas mixtas y esquemas de arrendamiento para marinas.
Además, comprende la creación de un banco cooperativo en línea orientado a la promoción de activos virtuales; la autorización de renta de autos por empresas mixtas, la inversión extranjera y otras formas de gestión no estatal; la constitución de agencias de viajes de empresas mixtas, actores privados y formas de gestión no estatal, y la incorporación de guías de turismo y gestores de destinos locales.
Introduce, además, el cobro de un impuesto especial a las actividades turísticas para la protección del medio ambiente y otros fines asociados a la sostenibilidad del sector, y prevé la expansión internacional de franquicias cubanas como parte de la estrategia de posicionamiento del país en el mercado turístico global.
El paquete de medidas prevé la creación de procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, así como la posibilidad de convertir empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones.
Según lo dicho por las autoridades en la sesión parlamentaria, el Estado definiría su participación accionaria en cada sector de la economía y mantendría una posición mayoritaria en aquellos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Las reformas también incluyen cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, descentralizar la toma de decisiones y dotar de mayor autonomía a empresas estatales y municipios.
Se proyecta autorizar mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluida la posible creación de una banca privada bajo la supervisión del Banco Central y sujeta a las mismas regulaciones del sistema bancario estatal.
En los últimos años, Cuba ha dado fuerte impulso al uso, importación y regularización de vehículos eléctricos para ampliar la movilidad sostenible
Entre las medidas aprobadas este jueves hay varias orientadas a estimular la importación de vehículos eléctricos y autorizar la importación directa con carácter comercial de motos eléctricas, triciclos y otros medios de transporte similares, siempre que incluyan sus respectivas estaciones de carga.
Aun cuando se ratifica la prevalencia de la propiedad social estatal sobre los medios de producción fundamentales, el nuevo paquete de medidas avanza en el fortalecimiento de la gestión del sector privado, que ha tenido un visible desarrollo en la última década.
En ese ámbito, se contempla la compra de acciones de empresas estatales por personas jurídicas y naturales, tanto nacionales como extranjeras, así como autorizar la venta de activos estatales a estos mismos actores económicos.
Se incluye la puesta en marcha de un programa de inversiones que facilite la participación de empresas cubanas, incluidas las vinculadas a residentes en el país y en el exterior.
En planificación, se propone perfeccionar los procesos de diseño a corto, mediano y largo plazos, con énfasis en los equilibrios macroeconómicos, e incorporar las actividades de las formas de gestión no estatal en los programas de desarrollo hasta 2030, tanto a nivel nacional como local.
Se plantea la transición hacia un modelo de planificación financiera, en el que el Estado deje de realizar la distribución física de recursos y facilite mayor espacio a los mecanismos de mercado.
Se prevé mantener los balances fundamentales de la economía —incluidos energía, alimentos y divisas— como elementos esenciales de diagnóstico, y ampliar los límites de aprobación de inversiones mediante una mayor descentralización y el aprovechamiento de las capacidades propias.
En el área social, el paquete ratifica que todos los actores económicos, como parte de su responsabilidad social, contribuyan al sostenimiento de políticas sociales mediante convenios con el sistema bancario.
Entre estas acciones se mencionan el apoyo al pago de pensiones, el respaldo a comedores comunitarios, la atención a hogares de niños sin amparo parental y a hogares de ancianos; la implementación de descuentos o cupos para personas en situación de vulnerabilidad; participación en el apoyo al transporte social y sanitario, a instituciones de salud pública y educación, así como a la higiene comunal y la distribución de módulos básicos mensuales para personas vulnerables.
También se incluyen acciones como la generación de empleos para grupos en situación de vulnerabilidad, la creación de fondos de emergencia ante fenómenos naturales y el fortalecimiento de servicios funerarios para familias sin recursos.
En el ámbito de los subsidios, se propone transformar el actual esquema hacia un modelo centrado en las personas y no en los productos, eliminando subsidios generalizados a bienes y redirigiéndolos directamente hacia los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
El paquete prevé la creación de un Fondo de Protección Social destinado a fortalecer la atención a personas en condición de vulnerabilidad y garantizar una mayor efectividad en la cobertura de las políticas sociales.
Contempla, igualmente, una reforma integral de los salarios en el sector estatal, que beneficiaría al 51% de los trabajadores, con un incremento del salario mínimo y la actualización de todos los grupos y escalas salariales.
Junto con el estímulo a la inversión extranjera en empresas privadas y la ampliación de los contratos de asociación económica, el paquete aborda la materia de derechos sobre bienes y activos: se plantea extender el derecho de superficie hasta 99 años y el derecho de usufructo hasta 50 años, lo que otorgaría mayor estabilidad a los proyectos de inversión a largo plazo.
Entre otros puntos, se propone flexibilizar la operativa financiera de los inversionistas extranjeros, permitiendo la apertura de cuentas en el exterior sin autorización previa, con la única obligación de notificación, así como el acceso directo al mercado cambiario para operar con sus divisas.
Se suman la autorización para que los negocios inmobiliarios desarrollen actividades de compraventa, junto con la eliminación del uso obligatorio de entidades empleadoras, lo que abre paso a esquemas de contratación directa por las empresas.
El paquete regulatorio prevé la reducción de trámites, plazos y niveles de aprobación de la inversión extranjera directa, incorporando el principio de «silencio administrativo positivo» y una mayor descentralización del proceso de autorización.
Se propone permitir la inversión extranjera en zonas específicas como La Habana Vieja, así como la aplicación del principio de nomenclatura negativa en materia de importaciones, delimitando únicamente las actividades restringidas.
Las propuestas contienen también la autorización para que empresas privadas y cooperativas puedan importar y exportar directamente, así como la posibilidad de comercialización de marcas y patentes.
Se plantea, además, ampliar el alcance de la dolarización parcial en determinadas operaciones económicas y modificar los esquemas cerrados de autofinanciamiento, con el objetivo de dotar de mayor flexibilidad el funcionamiento de los proyectos con capital extranjero.
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