Celebrar 15 años de fundada, da pie a la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, JDJ, a pedir un regalo: Que sea levantada la medida cautelar que pesa sobre sus competencias.
Así lo dio a conocer la presidenta de la instancia, jueza Merly Morales, este miércoles 17 de junio minutos después de haber encabezado la ofrenda floral ante la figura del Libertador Simón Bolívar, en la plaza que brilla con el nombre del héroe caraqueño.
Con manifiesto orgullo, la doctora Morales –rodeada de colegas a cargo de diversas responsabilidades en la JDJ, enfatiza que esta figura “es hija de la Constitución Nacional aprobada por el pueblo en 1999, donde el constituyente consideró que la disciplina y la ética judicial tenían que ser monitoreada, resguardada por una institución con los más altos estándares de ética y probidad que se encargue de aplicar la disciplina a los jueces que integran el sistema de justicia”. En efecto, así lo refleja el artículo 267 plasmado en la Carta Magna.
Al reforzar el concepto del organismo que conduce, precisa: “Esta es una estructura que se encarga no solamente de velar por los principios que están consagrados en la Constitución, sino que debe informar lo que debe ser la actuación de un juez de la República Bolivariana de Venezuela en aras de la transparencia, la idoneidad, la imparcialidad, la ética y sobre todo la honestidad. Todo ello debe ser cumplido a cabalidad”.
A las acción cautelar citada al inicio, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2013, la refiere como “tropiezos” que “…que han limitado el ejercicio de esta jurisdicción”.
Expresó que, más allá del aniversario número 15, es oportuno y pertinente “…que la sociedad venezolana sepa que cuenta con una instancia nacida de la Constitución que puede velar y debe velar por el saneamiento del sistema de justicia”.
El llamamiento, en consecuencia, está dirigido a la mencionada Sala Constitucional, espacio que de actuar como se le solicita, facilitaría “…que a todos los jueces de la República que actualmente ejercen la función en forma provisoria, les sea evaluado su desempeño y todo lo que es su actividad desde el punto de vista jurisdiccional”.
La aspiración, estima la declarante, también puede ser bandera de la ciudadanía en general y sobre todo por quienes de una u otra forma “…se vean afectados por un retardo procesal, por un retardo judicial que afecte el derecho a la defensa, el debido proceso, la trasparencia judicial…”, pues, “contamos con un equipo de funcionarios que tenemos 15 años preparándonos en la especialidad de la jurisdicción disciplinaria”.
-¿Existe la capacidad para dar respuesta a esa demanda?- indagamos.
-Existe la capacidad, la voluntad y la preparación- responde.
-¿Cuál fue el argumento esgrimido hace 13 años para el establecimiento de la medida?
– La nulidad de varios artículos del Código de Ética del Juez y la Jueza. Era del año 2010, pero es el caso que este mismo código de 2010 fue derogado, entrando en vigencia el nuevo Código el 28 de diciembre del 2015- precisó en la respuesta, hecha acompañar con la certeza de un razonamiento puntual: “Existiendo un nuevo Código de Ética, no hay justificación alguna para mantener la medida cautelar”.
Vista la inquietud sobre la permanencia de jueces y juezas provisorias, la duda reporteril saltó de inmediato: ¿Por qué no es conveniente?
La respuesta brotó, convincente: “Porque el juez provisional que no ha hecho carrera, no se encuentra comprometido con el tema justicia. En cualquier momento puede salir de la función jurisdiccional y caer en desviaciones como la corrupción, porque para nadie es un secreto que contamos con un sistema de justicia ampliamente cuestionado y es hora de que el país devuelva a los ciudadanos jueces probos y dignos conforme lo establece el texto constitucional”.
-¿Cuál es el logro de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial en estos 15 años?- se le consultó para finalizar.
-Haber mantenido en alto las banderas de la trasparencia, de la transformación de los jueces. Una de las principales demandas que hemos venido pidiendo es que se abran los concursos públicos para los jueces. Que dejemos de tener jueces provisionales, que tengamos jueces preparados no solo desde el punto de vista académico sino desde el punto de vista ético que deben ser los mejores hombres y mujeres que estén a cargo de administrar justicia.
Datazo: El artículo 267 inscrito en la Constitución, subraya, textualmente: “Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial. La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley. El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales”.
«Es importante que se hizo realidad lo establecido en la Constitución, con la creación de esta institución. Nunca existió en Venezuela algo similar para velar por la conducta judicial, sin depender del Tribunal Supremo de Justicia, para aplicar la justicia disciplinaria a cada uno de los administradores de justicia. Esto quiere decir que quien nombra los jueces, no es quien lo destituye. En Venezuela, gracias a la autonomía judicial, los jueces no tienen jefe. Cada uno de ellos tiene como jefe a la República, y por norte a la Constitución y obedece al mandato del pueblo establecido en esa Constitución. Por tanto, su conducta debe star apegada al mandato constitucional», declaró el juez Hernán Pacheco, presidente del Tribunal Disciplinario.
Explicó que el órgano del que forma parte, no escapa a la realidad macropolítica que envuelve a la nación. «En nuestro caso, las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos afectaron grandemente nuestro salario y la rotación de personal, en consecuencia, ha sido nuestra más grande dificultad. Ello ha implicado que eventualmente tenemos funcionarios que están aprendiendo todo el tiempo y que no terminan de cuajar entre nosotros. A veces, son absorbidos por otras instancias o se van al libre ejercicio del derecho y eso implica la pérdida de un personal que ha sido capacitado por mucho tiempo».
«Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Ingresé como auxiliar y a medida del desarrollo del aprendizaje, tuve el ascenso como asistente del doctor Pacheco. Antes de ingresar a la Jurisdicción, no la conocía pero luego vi la vertiente y la responsabilidad e importancia que tiene para nosotros como ciudadanos y ciudadanas el resguardo de nuestros derechos constitucionales y de las áreas que se presentan en cada uno de los tribunales», acotó la jueza Penélope Vargas, asistente del presidente del Tribunal Disciplinario, Hernán Pacheco.
Al ser inquirida sobre su aporte al conjunto del cual forma parte, señala que lo ubica dentro de la organización de procesos, aclarando que se aboca «a los que veo que en algún momento se quedan trabados», y a partir de allí «verificar los detalles para ver que otra acción o de que otra manera se puede trabajar para acelerar y hacer que cada actividad de los tribunales sean más ágiles». Que no se traben», complementó.
«A mi juicio, fue el sentir del pueblo que veía con mucha preocupación la necesidad de que existieran controles, lo que hizo posible que naciera dentro del espíritu de la nueva era que comenzaba con la nueva Constitución, la Jurisprudencia Disciplinaria Judicial: un elemento importante que vino a cumplir esa función de control a nivel de sistema judicial», relató el juez Carlos Medina, integrante del Tribunal Disciplinario.
Al efectuar un balance del camino andado por la organización a lo largo de su corta historia, especifica que el control por el cual fue creado «…no se ha logrado (…) porque fuimos objeto de una medida cautelar que prácticamente nos decapitó». Estima que «…el momento que vive el país es propicio para retornar a nuestras competencias para poder ejercer de manera más plena, con mayor amplitud, el espíritu del legislador cuando nació esa propuesta en la Constitución».
No obstante la situación, asegura que «…hemos mantenido la institución y la hemos desarrollado hasta donde hemos mantenido la competencia», agregando que ello ha dado resultados como la aplicación de medidas disciplinarias. «Se ha hecho el trabajo, a pesar de que estamos en un estado de dependencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Somos autónomos y deberíamos controlar nuestros propios recursos. A pesar de todo, hoy celebramos orgullosamente estos 15 años», manifestó.
«Hemos hecho todo un esfuerzo por salir adelante, porque nosotros estamos tipificados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos hecho todo un esfuerzo por posicionarnos como instancia judicial capaz de resolver todos los casos vinculados con los jueces y aquellos casos no probos. Sí hemos salido adelante. Hemos hecho muchos esfuerzos pero falta mucho por hacer porque las competencias nos las quitaron. No podemos desarrollar como quisiéramos», asentó, Ana María Matute, Directora de Planificación y Presupuesto (E), con 14 años de experiencia dentro del equipo.
Dejó claro que «si recuperamos esas competencias, pudiéramos ir contra quienes hacen cosas indebidas. La ciudadanía tendría la oportunidad de denunciar maltratos y atropellos en las instancias donde se desarrollan. Podemos ir a todos los casos del área. Sería un beneficio colectivo porque se recibirían denuncias de todos lo casos».
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