Los letreros son nuevos y relucen con un verde muy chillón. Anuncian un mensaje fuerte y claro: Distribuidor Ciudad Caribia a 2 kilómetros. Luego, una estructura, que aún huele a cemento fresco —quizás sea por el calor—, está anexada a la otrora maravilla de la ingeniería venezolana: la autopista Caracas – La Guaira. El desvío hacia el distribuidor es un poco accidentado —como todo en esta vía— y hay que estar pendiente de los vehículos que vienen a toda velocidad, como si la playa fuera a emigrar, para no quedar involucrado en un accidente de tránsito. Se debe serpentear por una carretera de unos tres kilómetros por al menos 15 minutos. Para los que tienen un estómago débil es una tortura, pero para las más de 2.500 familias que viven aquí, es rutina de todos los días.

Lo primero al notar, lo que salta a la vista en esta comunidad, es la penetración que ha tenido el Gobierno Nacional en cada uno de los aspectos de su vida. El liceo bolivariano, la escuela es un Simoncito, la peluquería socialista, la panadería para el buen vivir y los espacios de disfrute público plagados de mensajes institucionales. Sin mencionar que cada uno de los edificios tiene la firma del Hugo Chávez. Una especie de “bendición”, como comenta uno de sus habitantes. “Para que vivamos acorde al socialismo del siglo XXI”, remata.

Aquí la disidencia, en especial la política, se trata con mucha cautela. Lo que significa que las diferencias entre opositores y oficialistas se dirimen puertas adentro de los apartamentos. Mientras que los problemas comunales —falta de agua potable, aseo urbano, interferencias en el servicio de gas y apagones— son causas de apoyo común y todos los vecinos se unen para buscar soluciones.

“Aquí la mayoría es militante. Seguidores fieles del proceso revolucionario. Claro, también hay un grupito de escuálidos, pero esos no molestan mucho. Lo cierto es que todos tratamos de unirnos para solventar los problemas de la ciudad”, comenta uno de los trabajadores de la casa de justicia local. Cuando habla lo hace con propiedad, pero prefiere que su nombre no salga. Que no lo identifiquen como un “comentarista de oficio” porque los miembros de los consejos comunales lo ficharían y lo catalogarían como “traidor a la patria”.

En la medida que se habla con quienes mantienen a Ciudad Caribia. Se observa que el planteamiento de unirse por un bien común no es tan descabellado. Quizás sea un ejemplo único de convivencia en un país tan polarizado. Prueba de ello es que en febrero, los vecinos se unieron en una protesta contra Hidrocapital. Desde principios de año tenían problemas con el agua porque les llegaba cada quince días y dependían de camiones cisterna y botellones para no quedarse secos. La presión estaba en el hecho que las tuberías que surten a las terrazas A, B, C y D tenían que ser cambiadas para mejorar la distribución del líquido.

“El representante local de Hidrocapital nos dijo que las tuberías y materiales estaban en El Topo —sector entre Ciudad Caribia y Caracas— listas para ser puestas. Pero nunca se ejecutó la instalación a tiempo”, cuenta María Rosendo, miembro de uno de los consejos comunales de la ciudad y una de las participantes más activas de esta protesta. Luego de dos meses de estar detrás del funcionario, obtuvieron una respuesta: las obras se ejecutaría por partes hasta mediados de julio. Mientras tanto, los grifos de los apartamentos ubicados entre los pisos 1 y 3 lanzan un chorrito constante, mientras que los que están entre los pisos 4, 5 y 6 solo escupen una gotica.

Y a veces, más de lo que quieren admitir los moradores, el agua no llega. En tanto que los camiones cisterna cobran entre 15 y 20 mil bolívares para surtir a los tanques de cada edificio y los botellones rondan entre los 300 y 500 bolívares. Precios que aquí, muy pocos, pueden costear.

Algo de historia

Corre el 22 de julio de 2007. El presidente Hugo Chávez a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Venezuela anuncia la construcción de la Ciudad Camino de los Indios —que luego rebautizaría como Ciudad Caribia— en unos terrenos ubicados a un lado de la autopista Caracas-La Guaira. Desde el principio este proyecto era su sueño, su utopía. La primera ciudad socialista, “completamente autosustentable” y planeada como un ejemplo para sus sucesoras, como Ciudad Belén en Guarenas.

Casi diez años han pasado de aquel momento, cuando a unos 4 mil pies de altura se delineaba el futuro de este lugar.

Hoy en día los sueños quedaron renegados por la realidad. Y el primer golpe fue la continua reprogramación para la entrega de los primeros apartamentos. Al principio, se habló de 2009 como posible fecha de inauguración. Pero los años pasaron y no fue sino hasta el 27 de agosto de 2011 —cuando las primeras 602 viviendas se entregaron. En cadena nacional, el presidente Chávez anunciaba el comienzo de una nueva etapa en Ciudad Caribia. El inicio de la “cultura social” en un espacio de mil quinientas hectáreas. Diseñada para albergar al menos 20 mil apartamentos y darle hogar a 100 mil personas. Con escuelas, liceos, centros de salud, panadería, peluquería, iglesia y hasta una oficina del Ministerio Público desde donde se dictarían sentencias a delitos que no conllevaran más de ocho años de pena.

Desde entonces, solo se han entregado unas tres mil viviendas. La esperada zona industrial, en la parte norte, quedó en veremos y apenas un 20% del terreno original se trabajó para la construcción de hogares sustentables. La realidad sigue acechando con la irregularidad de los servicios públicos. Empezando con el transporte.

El desplome

Bus Caribia, un sistema de 15 autobuses destinado por el Sistemas Integral de Transporte Superficial SA (Sitssa), para salir desde la estación del Metro de Caracas Gato Negro, hasta varias paradas dentro de la ciudad, casi está en desuso porque solo funcionan cuatro unidades. “Algunas las puedes ver paradas en Catia porque no hay repuestos para repararlas. Y los rústicos, que originalmente eran los que prestaban el servicio, muchos los robaron o se dañaron”, declara uno de los conductores. Al principio eran 37 cooperativistas que prestaban el servicio, luego esto quedó reducido al sistema Sitssa. Según peticiones de los habitantes, se necesitarían al menos 100 unidades de transporte para prestar un servicio de calidad. A esto se agrega que después de las siete de la noche los vecinos tienen que pagar taxis, o carritos por puesto particulares para poder llegar a sus casas.

Eso se evidencia con las largas colas que se forman todos los días en Gato Negro para poder abordar una de las unidades que lleve hasta Ciudad Caribia. Como si de una cola para comprar pollo se tratara, la gente se aglomera y lucha por tener un puesto. “Es una continua tortura. Tienes que salir corriendo del trabajo para estar en la parada antes de que los carros dejen de trabajar. Supuestamente y dizque iban a poner más unidades de apoyo a principios de año, pero aún estamos esperando”, dice Susana González, residente del lugar.

Otro punto que corroe las ilusiones de las miles de personas que viven aquí es el estado de los edificios. Su estructura, prefabricada e instalada sobre bases de concreto, evidencia rajas, grietas y filtraciones en la mayoría de las paredes. Está a simple vista, no hace falta escarbar mucho. Pero al franquear un apartamento, en especial a los primeros entregados, se observan desniveles en el suelo, paredes desconchadas por la humedad —en especial en los pisos superiores—,  y tuberías tapadas con cemento durante el momento de la construcción. Muchos vecinos alegan que con el paso de los años “todo se deteriora” y que también “la gente tiene que aprender a cuidar sus cosas”. Y esto puede ser cierto, pero el 15 de agosto de 2014, el gobierno entregó 48 apartamentos —los últimos que se han dado en Ciudad Caribia— y anunció con mucha algarabía que se había llegado a 724 mil 997 casas —en aquel entonces— entregadas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Con lo que no contaban es que las personas beneficiadas, unos meses después, denunciaban que los apartamentos no estaban terminados. Había problemas con la instalación de las tuberías de aguas blancas, lo que generó filtraciones; las paredes no estaban bien frisadas y el cableado eléctrico incompleto.

¿Y el título de propiedad para cuándo?

Ninguno de los que viven en Ciudad Caribia son dueños de sus apartamentos. Como la mayoría de los beneficiados por Misión Vivienda, solo tienen el derecho a vivir ahí como un beneficio otorgado por el gobierno nacional.

Al comparar las opiniones de sus moradores, acerca de la ley que aprobó la Asamblea Nacional para conceder títulos de propiedad a los moradores de la Gran Misión Vivienda, los comentarios son contradictorios. La militancia en este lugar es desbordante. Sin embargo, a susurros muchos parecen estar de acuerdo, y otros tantos lo anhelan, con tener la oportunidad de decirse dueños de una propiedad. Pero, el sentir común, va acorde con el discurso oficial: “Esa ley es apátrida, y busca prohibirnos de un beneficio que el presidente Chávez soñó y logró por nosotros. Buscan mercantilizar nuestros sueños”, machaca la radio comunitaria.

Un “mercantilismo” que no es visible. Un “mercantilismo” que queda en segundo plano cuando y que muchas veces superan la ficción. Como las historias de violencia que a diario corren en este complejo desde sus inicios —todas las semanas la Policía Nacional y el Ministerio Público dictan charlas sobre prevención al delito—, o los estudios que realizó el Instituto Metropolitano de Urbanismo de la Alcaldía Mayor de Caracas donde se especifica que muchas de las áreas usadas para el desarrollo de Ciudad Caribia pertenecen a una zona forestal que bordea la capital, y por ende, nunca debieron ser habitadas. Agregando el hecho que la falla de Tacagua pasa debajo de esos terrenos y hay al menos dos cuencas hidrográficas que lo bordean.

Incidentes que no impiden que los que viven en Ciudad Caribia sigan soñando, al igual que los hacía Chávez, con su “ciudad socialista”.