Venezuela después de Ucrania y Siria tiene la peor crisis de migrantes y refugiados de todo el mundo. La inflación venezolana fue la más alta de todo el planeta y aún está entre las más elevadas. El tamaño de la actividad económica de Venezuela, medida por el Producto Interno Bruto (PIB), se redujo a la dimensión que teníamos en 1940.

Pero nada de esto está en la agenda de la Asamblea Nacional, que, bajo el control del chavismo, prosigue en su agenda de hegemonía y control.

Los diputados electos en 2020, obviamente, no están enfocados en afrontar o debatir los problemas neurálgicos. Nada de los problemas de fondo de Venezuela son parte esencial de su agenda legislativa. Recientemente leí que se avanza, por ejemplo, en aprobar una reforma de la ley de los días feriados nacionales con el fin explícito de incluir al 4 de febrero dentro de las efemérides patrias.

Y así vamos, el proyecto de hegemonía y control avanza y va cubriendo diversas aristas de la vida nacional.

Por estas razones, y otras tantas, no me extrañó cuando de la nada se puso en el tapete público la intención de los diputados del chavismo en aprobar una reforma de la ley del ejercicio del periodismo en Venezuela.

Una búsqueda por afianzar la hegemonía

El periodismo independiente, las ONG, las universidades y antes la Iglesia católica, han sido una suerte de tótems a derribar por quienes controlan el poder. Desde el largo ejercicio del poder del chavismo, se entiende tal posición como hegemónica sin contrapesos y sin voces que le critiquen o cuestionen.

Venezuela, hay que decirlo, es una excepción jurídica en América Latina. Desde hace largos años tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la existencia de leyes de colegiación obligatoria para periodistas está reñida con la libertad de expresión. Si bien, en materia conceptual estamos de acuerdo con tal postura de entidades expertas, cuando el tema se aterriza en Venezuela tiene otra lectura.

El tema de quién propone la reforma de ley pasa a ser un asunto central a tomar en cuenta.

En sus más de dos décadas ejerciendo el poder en Venezuela, el chavismo ha tenido una óptica restrictiva y una aplicación punitiva de las leyes, decretos o instrumentos legales cuando se habla de periodismo, medios y libertades de expresión e información.

A la fecha, lamentablemente, desde el poder no se ha dictado una norma que genuinamente promueva el pluralismo o las libertades informativas. El chavismo de forma utilitaria apela a las palabras “pueblo” o “popular”, pero en la realidad es el poder quien controla las comunicaciones fortaleciendo una voz hegemónica, usualmente la del presidente. No hay ninguna democratización, no es eso lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas.

En este caso en particular, me temo, más allá de tener otra herramienta que permita acorralar o cercar al periodismo independiente, el chavismo podría estar apuntando a la desarticulación definitiva del gremio profesional nucleado en el Colegio Nacional de Periodistas y sus seccionales a lo largo y ancho del país.

Romper con la crítica

Aunque no todas las seccionales del CNP son críticas del poder, hay algunas que tienen un claro y vital rol público, otras tantas llevan documentación de las violaciones, por aquí y allá se generan talleres y discusiones. Todo eso transcurre, hasta ahora, sin que el chavismo pueda controlar o impedir tales actividades.

Romper con estas estructuras que en muy diversos casos reúnen a voces críticas o independientes, podría ser a fin de cuentas el objetivo de la reforma, tal como se viene asomando en las declaraciones de los exegetas del poder, otrora periodistas.

Además, tal iniciativa de la Asamblea Nacional tiene lugar cuando precisamente en diversos estados se han activado procesos para elegir, después de largos años de trabas del Consejo Nacional Electoral y del propio Tribunal Supremo de Justicia, unas nuevas directivas para las distintas instancias del CNP.

Si nos guiamos por la experiencia histórica, y tenemos ya dos décadas de recorrido, cuando desde el poder se quiere reformar o aprobar una ley en el fondo se está planeando como cooptar o controlar a un sector o actividad. No creo que el periodismo vaya a ser la excepción.