Monseñor Baltazar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), comparó en octubre de 2003 el proyecto del líder cocalero boliviano Evo Morales con el de Hugo Chávez. Los equiparaba también con el fascismo, sosteniendo que ese libreto es igual al que imponían los sandinistas en Nicaragua y al que durante más de cinco décadas había vivido Cuba. Resaltaba Porras que Evo Morales acusaba a cardenales y religiosos. «Lo que está pasando aquí en Venezuela no es nada nuevo. Responde a un libreto escrito desde hace mucho tiempo por la mentalidad alemana con el nazismo, con los italianos por el fascismo y entre los españoles con el franquismo», declaró a la prensa.
El vicepresidente para la época, José Vicente Rangel, refutaba esas opiniones calificándolas como «inaceptables” y tildándolas de “acto de irresponsabilidad, un insulto a la inteligencia». En opinión de Rangel, era lamentable que tales juicios provinieran de quien «presume de una elevada condición humana y espiritual, y dice respetar la verdad».
En diciembre de 2003, Rangel criticaba duramente a monseñor Porras, señalándolo de ser un vocero de la oposición «más recalcitrante». Hacía referencia a los cuestionamientos que había hecho Porras sobre actos violentos de simpatizantes oficialistas. Estos habían destruido y rayado imágenes de la Virgen María en la Plaza Francia de Caracas.
Aseveraba el vicepresidente: «No se pudo aguantar el prelado, quien actúa siempre como jefe de facción religiosa y no como pastor del pueblo católico». Insistía en que este utilizaba el «argumento religioso» para manipular, y lo equiparanba con lo hecho por la jerarquía católica española durante la dictadura de Francisco Franco, «para estimular la cruzada franquista que provocó un baño de sangre».
Monseñor Porras deploró los daños causados por seguidores de Chávez, enfatizando en que eso atentaba «contra lo más profundo y noble que tiene el corazón de todo creyente».
La reforma de la Carta Magna que promovía en 2007 el extinto presidente Chávez, trajo consigo una nueva confrontación entre el Gobierno y la CEV, así como divisiones en el seno de la Iglesia católica venezolana. Una delegación de prelados, encabezada por monseñor Porras, tenía prevista una audiencia con el Papa Benedicto XVI, con la que se esperaba poner al pontífice al tanto de lo que calificaban como una incoativa política «moralmente inaceptable».
La CEV se mantuvo enfrentada a Chávez a lo largo de sus casi nueve años en el poder. En octubre de 2007, emitió un documento en rechazo al proyecto de reforma de la Constitución, que haría de Venezuela un Estado socialista. Los obispos consideraron que, de ser aprobada la reforma en el referéndum de diciembre, generaría concentración de poder en manos de Chávez, afectando a la libertad de cultos e imponiendo un sistema político excluyente.
La pugna generó roces públicos entre los integrantes de la CEV y sacerdotes que simpatizaban con el Gobierno y con el proyecto reformista. Entre ellos, el sacerdote Vidal Atencio. En un programa de televisión, Rangel afirmó que «un grupo de obispos no es la Iglesia». Dijo también que el documento emitido por la CEV era “más político que pastoral». Monseñor Porras rechazó estas acusaciones y dijo que algunos sacerdotes vinculados con el Gobierno trataban de provocar a la jerarquía eclesiástica para que les impusiera sanciones disciplinarias, que luego utilizarían como excusa para denunciar que eran perseguidos por sus opiniones.
Con ocasión del cierre del canal privado RCTV, en 2007, monseñor Porras afirmó que el modelo revolucionario venezolano es una mezcla de elementos marxistas, militaristas, populistas. Dijo que en muchos aspectos está próximo a gobiernos como el de Fidel Castro y a posturas adoptadas por Hitler y Mussolini en Europa. “El sectarismo de este gobierno cierra, cada día más, el espacio para aquellos que no estén totalmente alineados con él». Denunció que la salida del aire del canal televisivo representaba “una nueva reducción de los derechos ciudadanos en Venezuela”.
José Vicente Rangel informaba en diciembre de 2016, en el segmento “Los confidenciales” de su programa José Vicente Hoy, que jerarcas de la Iglesia católica alineados con la oposición política del país contravenían la línea del papa Francisco, quien había reiterado en diferentes oportunidades que el camino para dirimir las diferencias “es el diálogo”. Según Rangel, “la jerarquía de la Iglesia Católica venezolana mantiene una posición de clara hostilidad hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta posición se ha acentuado con relación al tema del diálogo y al funcionamiento de la Mesa de la Unidad democrática (MUD)”.
Entre los jerarcas venezolanos que, a juicio de Rangel, desatendían el mandato del papa Francisco señalaba a los cardenales Jorge Urosa Savino, Baltazar Porras, José Virtuoso y Diego Padrón.
Monseñor Porras, en entrevista publicada en el semanario La Razón (30-10-2016), sostuvo que, indudablemente, Venezuela se encaminaba hacia un sistema autoritario. Entre los signos que así lo indicaban señalaba las restricciones a la libertad de expresión e información. Describía la situación como atípica, manejaaa de una forma que no es la dictadura tradicional, pero que “restringe día a día” la capacidad del ciudadano de expresar ya no su disidencia, sino, incluso, una simple opinión divergente.
Porras denunciaba que sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) menoscababan las facultades de la Asamblea Nacional. En marzo de 2017, indicaba que el presidente Nicolás Maduro aplica un «sistema totalitario que nos lleva hacia ese despeñadero que es la dictadura, porque sencillamente no se quiere reconocer dónde está la soberanía, que reside en el pueblo que eligió a la Asamblea Nacional». Consideraba que la correspondiente sentencia del máximo tribunal era anticonstitucional, agregando que el TSJ pretendía hacer desaparecer la principal instancia legislativa, elegida democráticamente por el pueblo venezolano.
Nuevamente en el segmento “Los confidenciales” del programa “José Vicente Hoy” (abril 2017), señalaba Rangel que “cada día que pasa aumenta las diferencias de la jerarquía en la Iglesia católica venezolana con el papa Francisco. Mientras su santidad insiste en cuanto a oportunidad tiene en recomendar el diálogo (político) y condenar la violencia, los voceros de la Conferencia Episcopal se empeñan en rechazar el diálogo y en catalogar al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al Gobierno venezolano como una dictadura”, decía Rangel.
En agosto de 2017, insistía José Vicente Rangel: “La cúpula de la Iglesia católica venezolana parece cada día más alineada con la oposición. Prácticamente, es el partido más fuerte dentro de la MUD”.
Los voceros eclesiásticos asumen la representación de la oposición, en cuanto a cuestionamientos al Gobierno y facilitan sus instalaciones, como la Universidad Católica Andrés Bello, para auspiciar eventos de los sectores más radicales de la derecha.
Rangel señaló nuevamente a los cardenales Jorge Urosa Savino y Baltazar Porras de haber “influido para que la actitud conciliadora del papa Francisco baje de tono”. Añadió que “su poder” era tal dentro de la Secretaría del Vaticano que “logran mediante presiones indebidas, que obispos y sacerdotes críticos de la posición oficial de la Conferencia Episcopal venezolana se abstengan de declarar y sean objeto de traslados imprevistos”.
En una conversación con el periodista Hugo Prieto, publicada en el portal Prodavinci en abril de 2017, el cardenal Porras señalaba creer que “tenemos claro cuál es el sistema político imperante en Venezuela, el cual se ha señalado en los últimos documentos y lo dijo, ‘con pelos y señales’, monseñor Antonio López el 14 de enero en la homilía de la Divina Pastora”. Lo definió como un sistema que produce miseria, muerte, hambre y una pérdida de libertades. «No puede ser llamado un régimen democrático, no puede decirse que es por ignorancia. Hay un cliché ideológico muy marcado, que indudablemente tiene todas las características del sistema marxista y del sistema cubano, que es lo que se nos quiere imponer”.
«No podemos decir que la vida del venezolano haya mejorado cualitativamente en ningún orden gracias al legado del expresidente Chávez. Esto no quiere decir que no haya habido nada bueno. Pero hay que medir no solamente eso. Un país que percibió la mayor entrada de divisas en toda su historia y que hoy atraviesa por la situación actual, no puede ser definido como el ‘mar de la felicidad’. Todo nos lleva a que los elementos mínimos de lo que es una democracia no se perciban».
Es necesario contar con buena memoria histórica en América Latina. Tener presentes, en todo momento, el caso del castrismo en Cuba y el del sandinismo en Nicaragua. Antes de ser elegido papa, en una conversación que mantuvieron Porras y el cardenal Castillo Lara con el cardenal (Joseph) Ratzinger, este último hizo un análisis muy frío, pero muy cierto, de las similitudes que veía entre el nazismo, el fascismo, el franquismo y el régimen imperante en Venezuela.
“Indudablemente, a través de la historia, una de las formas de sometimiento de los pueblos es empobrecerlos para que se conviertan, sencillamente, en mendigos de lo que el gobierno pueda darles. Por eso, la creciente ola de violencia y represión que está viviendo el país responde a un libreto que está muy manido”, afirmaba entonces el cardenal Porras.
La CEV fijó su posición frente al nuevo mandato de Nicolás Maduro a partir de 2019. Consideró la pretensión de iniciar un nuevo período presidencial como ilegítima por su origen. Denunció que se abría una puerta al desconocimiento del Gobierno, porque este carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho. La Iglesia católica denunciaba que el país vivía «un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo».
El cardenal Porras declaró que no correspondía a la iglesia «reconocer o no reconocer», pero que sí estaba claro que no existían las condiciones para decir que en Venezuela imperaba «un régimen democrático». Destacaba el cardenal que tampoco les compete apoyar o no las protestas antigubernamentales que se efectuaran en el país, pero exigió respeto a la ciudadanía. «Y que no sea con la violencia, con la represión y con la cárcel como se les impida expresar sus necesidades y pedimentos».
El 11 de agosto pasado, la Conferencia Episcopal se pronunció con relación a las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre. La declaración ha resultado polémica. Plantea abandonar posturas anteriores con respecto al régimen del presidente Nicolás Maduro. Invoca la “gran vocación democrática” del pueblo venezolano. De allí que asume, en su normalidad ciudadana, la vía electoral como la manera pacífica y racional de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los ingentes problemas que le afectan. Descarta, así, cualquier salida fuera de la institucionalidad constitucional. Pero puntualiza que es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales. En ellas deben participar todos los partidos y movimientos políticos. Con un basamento ético que respete el voto ciudadano, tal como lo prevén la Constitución y la legislación electoral.
Se señala las irregularidades cometidas hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación del anunciado evento electoral. En tal sentido, juzga inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas que agobian al país.
Un grupo importante de líderes y partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias. En opinión de la CEV, esto no basta. Deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas. La sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. La decisión de abstenerse priva a los venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional.
La no concurrencia a las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención conducen a la inmovilización, al abandono de la acción política y a la renuncia a mostrar las propias fuerzas. Algo similar ocurrió en diciembre de 2005, sin ningún resultado positivo. A pesar de las irregularidades, la participación masiva luce necesaria y puede vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno.
En la mayoría de las ocasiones, durante más de 20 años de revolución bolivariana, la Conferencia Episcopal Venezolana denunció el progresivo camino al autoritarismo de los gobiernos de Chávez y Maduro. Los vinculó al modelo cubano, por la continua restricción de derechos y libertades democráticas. La polémica sostenida refleja el conflicto de relaciones entre Iglesia y oficialismo.
La gran duda es si el gobierno de Nicolás Maduro podría aceptar soluciones democráticas. Incluso, que los lleven a la pérdida del poder, como parece incentivar el mensaje de agosto sobre los próximos comicios parlamentarios. Estos son calificados por la CEV y, en específico, por el cardenal Porras, como autoritarios y propios de regímenes que, históricamente, han sido considerados antidemocráticos.
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