Luego de la captura y extracción de Nicolás Maduro, el chavismo mantiene el control de 23 de 24 gobernadores, 285 de 335 alcaldes y 256 de 277 diputados en la Asamblea Nacional (AN). También controla la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las milicias y los colectivos armados. Asegurar el apoyo del parlamento, gobernaciones, alcaldías y fuerzas armadas es crucial para evitar una ola de violencia que convierta a Venezuela en un país ingobernable.
Al referirse al papel de María Corina Machado (MCM) en la transición política venezolana, Trump dijo: «Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto». MCM tiene proyección internacional, pero no tiene una base interna de poder institucional que la respalde. No controla el territorio, ni la AN, ni la FANB, y es rechazada por el sector de la oposición que participó en las elecciones parlamentarias y regionales, y fue etiquetado como alacranes y colaboracionistas por el aparato comunicacional de MCM.
Si algo quedó claro luego de la extracción de Maduro es que ni Trump ni Rubio tienen confianza en el liderazgo opositor venezolano para dirigir la transición. No encuentran a nadie con el apoyo y respeto suficientes para garantizar la gobernabilidad de Venezuela, ni la protección de los intereses de EEUU. Por eso Trump se seguirá entendiendo con quienes controlan el territorio, las instituciones y aparato militar y policial venezolanos.
Para controlar la transición política en Venezuela, Donald Trump y Marco Rubio implantaron un plan de tres etapas:
Antes de ordenar la captura de Maduro, Trump tenía claro que el control del territorio y las instituciones venezolanas lo tiene el oficialismo, no la oposición. Por eso, en lugar de desatar una cacería de brujas contra el chavismo que hubiese hundido al país en una ola de violencia y destrucción, se vio obligado a reconocer que la transición tiene que ser con el chavismo y no contra el chavismo.
Trump mostró su mano dura con la captura de Maduro y en el chavismo ya no tienen dudas de lo que es capaz de hacer si el juego se tranca. Reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina y le retiró las sanciones personales para que pueda negociar con el gobierno de EEUU, sin objeciones de la Justicia estadounidense que prohíbe acuerdos y transacciones con personas sancionadas.
Hasta ahora, las medidas de ajuste económico han sido a cuenta gotas, reactivas y desarticuladas que se contradicen y mediatizan entre sí. Para que la recuperación económica sea estable y sostenida se necesita un Programa de Reformas Económicas con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada. Con este fin, EEUU gestiona la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, quien será el que supervisará el diseño y ejecución del programa de ajuste económico.
La transición política estable y duradera es un asunto de viabilidad económica, no de legitimidad democrática. Habrá elecciones cuando se construya la viabilidad económica de la transición política. Trump -en vez de presionar elecciones que lo obligarían a negociar con un gobierno legítimo el levantamiento de las ordenes ejecutivas y de las sanciones-, prefiere mantener esta arquitectura de control sobre la industria petrolera venezolana y entenderse con un gobierno que se ha mostrado dispuesto a cooperar con los intereses energéticos y geopolíticos de EEUU. Por eso aparta a MCM de las etapas de estabilización y recuperación, y no presiona por la legitimación democrática.
Según la Constitución venezolana, la Ausencia Temporal del presidente de la República se declara por un período de 90 días, con una sola prórroga de 90 días más. Una vez que se venzan los 180 días se declarará la Ausencia Absoluta y en el curso de los siguientes 30 días debe fijarse la fecha para las elecciones presidenciales, con las que comenzaría la tercera etapa de legitimación democrática.
Pero la etapa de recuperación económica es muy compleja y puede durar dos años. A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político-electoral. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. La eliminación de subsidios indebidos como el de la gasolina; la privatización de empresas públicas; la fusión de ministerios, liquidación de entes públicos y ajuste de nóminas; y, la reducción del gasto público en general, suele ser el «trabajo sucio» que ningún nuevo gobierno quiere heredar.
Si se convocan las presidenciales antes de completar la etapa de recuperación, el nuevo gobierno recibirá una económica aún sin sanear, un país institucionalmente débil, y una sociedad descontenta, con colectivos aun armados. El nuevo mando político caminará por un campo minado y Venezuela será un país difícil de gobernar. El chavismo en la oposición, con el control de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, aún tendría suficiente fuerza para calentar la calle y abortar las reformas económicas que quedaron pendientes.
Por lo tanto, Trump no tiene apuro ni interés en convocar elecciones presidenciales antes de que se haya completado la etapa de recuperación. Prefiere que el gobierno interino termine el ajuste económico y así evitar que el nuevo gobierno herede una bomba de tiempo que le puede estallar en los primeros 100 días de su gestión, debido al malestar social que suelen generar las duras medidas de ajuste económico que tendría que aplicar.
Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de los servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias, tomó la decisión de sincerar las tarifas de los servicios públicos, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus espaldas recaía el mayor peso del ajuste. El creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.
En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público-se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital. En Chile, el aumento en las tarifas del Metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado a lo largo de varios años.
Quienes argumentan que sin cambio político no habrá cambio económico y presionan para convocar elecciones, no están prestando suficiente atención a los costos que generan las medidas de ajuste económico. En Venezuela, la viabilidad económica de la transición política, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países. Los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas y severas sanciones financieras, petroleras y comerciales no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre los sectores más vulnerables de la economía y la sociedad.
Si al cambio de gobierno le sigue un clima de protestas y conflictividad social que amenace con restaurar el viejo orden que ya se creía superado, EEUU puede prolongar el control y tutela sobre la producción e ingreso petroleros venezolanos, hasta que se completen las reformas económicas pendientes.
La OE 14373 y las licencias OFAC no son señales de levantamiento de sanciones, sino piezas claves de una sofisticada arquitectura de control sobre las actividades de exploración, extracción, exportación y refinación del petróleo y gas venezolanos. Operan como un filtro de rivales geopolíticos y comerciales para al alinear la industria petrolera venezolana con los intereses energéticos y geopolíticos de EEUU. Al imponer mecanismos de control, condiciones de uso y criterios de selección se dificulta la entrada de inversiones europeas y asiáticas que le pueden disputar a EEUU el control operativo y la tutela financiera sobre el país que cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Por lo tanto, no son órdenes ni permisos aislados, sino un engranaje de tutelaje administrativo que se puede prolongar después que se elija un nuevo gobierno, en la etapa de legitimación democrática. Incluso, bajo una Administración Demócrata, EEUU mantendría vigentes la Orden Ejecutiva 14373 y las licencias OFAC, tal como lo hizo la Administración Biden que siguió al primer mandato de Trump.
Recordemos lo que dijo Marco Rubio cuando fue interpelado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para determinar si la Administración Trump había sobrepasado los límites de la soberanía venezolana: “Quien crea que Venezuela recuperará su autonomía de forma inmediata, sin pasar por este filtro de administración estratégica, simplemente está leyendo mal el momento histórico”.
¿Quién puede asegurar, entonces, que la arquitectura de control sobre el ingreso petrolero, el comercio exterior y las inversiones en Venezuela se desmontará una vez que se hayan celebrado las elecciones presidenciales?
¿Quién puede asegurar que la tutela de EEUU sobre Venezuela no se va a mantener vigente luego de una eventual victoria de los demócratas?
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