La reestructuración de la deuda venezolana entra en una fase más estructurada con la incorporación de nuevos asesores internacionales. El gobierno de Venezuela contrató al bufete Hogan Lovells US LLP para apoyar el proceso de renegociación de su deuda externa, según un documento presentado ante la unidad de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El anuncio se conoce menos de un mes después de que la administración interina informara el inicio formal del proceso para reorganizar compromisos estimados en 170.000 millones de dólares, en default desde 2017. La contratación del bufete no sustituye a otros asesores ya designados, sino que amplía el esquema técnico y legal con el que Caracas busca encarar la negociación con acreedores internacionales.
Hogan Lovells, con sedes en Washington y Londres, indicó que fue contratado tanto para la reestructuración de la deuda como para brindar apoyo en materia de relaciones gubernamentales en Estados Unidos. La firma señaló que cuenta con experiencia previa en el país y en procesos de reestructuración soberana.
Según fuentes cercanas al proceso, el exsenador estadounidense Norm Coleman representará a Venezuela dentro de la firma. Coleman integró el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de unirse a Hogan Lovells en 2011 y ha trabajado en temas de política internacional y asesoría gubernamental.
El bufete ya había trabajado para Venezuela en 2014, cuando fue contratado por la embajada en Washington para labores de lobby. Funcionarios venezolanos y representantes de la firma no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la nueva contratación.
La designación de Hogan Lovells se produce en paralelo a la incorporación de Centerview Partners como asesor financiero del proceso de reestructuración, completando el núcleo técnico del equipo que liderará las negociaciones.
Centerview tendrá a su cargo el diseño de la estrategia financiera, la coordinación con acreedores y la elaboración de los análisis que servirán de base para un eventual acuerdo. Su rol será clave en la definición de escenarios de pago y sostenibilidad de la deuda, en un proceso que incluye no solo bonos soberanos, sino también obligaciones de Pdvsa, préstamos y fallos arbitrales acumulados.
El gobierno venezolano ha anunciado que en las próximas semanas publicará un marco económico y un análisis de sostenibilidad de la deuda, documentos considerados fundamentales para abrir negociaciones formales con los acreedores.
El giro en la estrategia legal y financiera ocurre en un contexto de mayor cooperación entre Caracas y Washington tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero, un factor que ha impulsado el apetito por los bonos venezolanos.
Los títulos de deuda han subido más de 80 % en lo que va de año. Los bonos con vencimiento en 2027 se cotizan alrededor de 52 centavos por dólar, lo que sugiere expectativas de recuperación de cerca del 30 % del valor nominal, incluyendo intereses acumulados no pagados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó previamente el nombramiento de asesores legales y financieros, lo que abrió la puerta a la conformación del equipo actual.
La reestructuración venezolana es considerada una de las más grandes desde la crisis de deuda griega. El proceso implica desarticular una red compleja de bonos, préstamos, reclamos comerciales y laudos arbitrales impagos, con acreedores distribuidos a nivel global.
Analistas de JPMorgan Chase han advertido que la conciliación del total de obligaciones será especialmente compleja debido a la existencia de reclamos no garantizados, montos no transparentes y disputas legales acumuladas durante años de impago.
En este escenario, la articulación entre Hogan Lovells y Centerview marca el inicio de la fase operativa de una negociación que será determinante para el futuro financiero de Venezuela y su eventual reinserción en los mercados internacionales.
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