Venezuela sigue inmersa en una profunda crisis de derechos humanos, y el camino para superarla es el respeto a la Constitución, que permanece en suspenso incluso tras la caída de Nicolás Maduro, así lo sostuvo este jueves Provea, la organización no gubernamental más antigua y activa en la defensa de los derechos humanos en el país.

En la presentación de su informe anual, titulado “El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia”, la ONG advirtió que el actual gobierno interino avalado por Washington, encabezado por la otrora vicepresidenta Delcy Rodríguez desde la captura de Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses, no ha logrado restaurar el orden constitucional ni democrático. Pese a la apertura económica y el interés de inversores extranjeros, las estructuras represivas del chavismo persisten, resalta el documento.

Oscar Murillo, coordinador general de Provea, alertó en Caracas ante un auditorio de la Universidad Central de Venezuela sobre el riesgo de una “tecnocracia autoritaria” si no se restablece plenamente el Estado de derecho. “Ningún proceso de liberación económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia puede ser cónsono con principios básicos de derechos humanos. Esto puede derivar en un camino hacia la tecnocracia autoritaria”, declaró Murillo.

Ante un auditorio colmado de activistas de derechos humanos, gremios, periodistas, profesores universitarios y representantes del cuerpo diplomático, Murillo aseveró que “estamos seguros de que es lo que pide y clama el pueblo venezolano”.

El informe, que documenta la situación de 14 derechos fundamentales durante 2025, registra más de 94.000 denuncias por violaciones al derecho a la salud: hospitales sin insumos ni medicamentos, pacientes en espera y un sistema sanitario en abandono total. Asimismo, detalla 596 violaciones a la libertad personal, con énfasis en la represión contra defensores, periodistas y sindicalistas. Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas siguen sin garantías de verdad, justicia ni reparación.

Provea reconoció públicamente al Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) y a organizaciones como Madres en Defensa de la Verdad por su lucha contra la detención arbitraria. Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y expreso político, director de FundaREDES, participó en el evento y enfatizó: “Pretenden callar la verdad y negar la realidad. Provea es ese faro que siempre ha estado cuando la noche se pone más oscura”.

La organización, con 37 años de trayectoria, exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y cuestionó la aplicación “discrecional y arbitraria” de la Ley de Amnistía aprobada en febrero. “Retomar el camino de la Constitución para garantizar los DDHH” es la única vía, insistió Murillo, quien llamó a la sociedad civil, sindicatos y partidos a articular esfuerzos por una reforma judicial transparente y la reinstitucionalización del Poder Electoral.

Desde la caída de Maduro, Venezuela vive un proceso político incierto. Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, junto a figuras como Diosdado Cabello, mantienen el control de las instituciones clave, mientras que la administración de Donald Trump prioriza la estabilización económica.

Sin embargo, analistas y figuras políticas desde la líder opositora María Corina Machado, hasta el ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, advierten que, sin elecciones libres y subordinación de los poderes al texto constitucional de 1999, Venezuela no superará la crisis.

Provea, que ha documentado la situación de derechos humanos en Venezuela desde 1988, subrayó que la normalización actual es “superficial” y que la subordinación del aparato judicial y represivo al Ejecutivo persiste. “No estamos hablando de una simulación de transformación judicial, sino de una reforma transparente y sincera, y eso no lo estamos viendo sobre la mesa”, remarcó Murillo.

La presentación del informe coincide con un momento de expectativas altas, pero escasos resultados: salarios y pensiones estancados frente a la inflación, deterioro del poder adquisitivo y ausencia de políticas de protección social.

Para la ONG, sin memoria, justicia y reparación integral, no habrá recuperación democrática genuina, a pesar de que ya Maduro no esté en el poder.